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Inspectores denunciaron en la OIT que la falta de personal impide atender “un montón de casos”
La oficina del Ministerio de Trabajo tiene 90 funcionarios, una cifra que la asociación de inspectores considera insuficiente para cumplir con su tarea
Tomás Teijeiro, la directora de secretaría del MTSS Valentina Arlegui y el ministro Pablo Mieres. Foto: MTSS
El inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) Eduardo Ezcurra subió a una plataforma de 65 metros de altura en la planta de UPM de Paso de los Toros y se descompensó. Hacía pocos minutos había muerto un obrero ruso que trabajaba en la pastera y el funcionario tenía que investigar lo que había sucedido. Ezcurra tuvo un paro cardíaco y, aunque intentaron reanimarlo, falleció en el lugar. Era un técnico prevencionista que se encargaba de controlar las condiciones ambientales de las empresas.
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El funcionario fallecido tenía 61 años y su compañero Sergio Votolini lo recordó en una comparecencia al Parlamento como representante de la Asociación de Inspectores del Trabajo del Uruguay en los primeros días de diciembre. La referencia a él fue parte de un reclamo que hace el gremio desde la administración anterior: el personal de esa oficina no es suficiente y piden nuevos ingresos. “Estas cosas, quiérase o no, pesan. Nosotros tenemos un promedio de edad muy elevado en la inspección; estamos en 50 años”, aseguró Voltolini.
Néstor Pereira, el presidente de la asociación, informó que los inspectores pasaron de ser 147 en 2011 a totalizar “un poco más de 90” actualmente. De esa cantidad, 17 tienen entre 60 y 68 años, lo que hará que se retiren en breve. En el sindicato estiman que hasta 2026 no habrá nuevos ingresos porque hay un “impedimento legal” en el último año del actual gobierno y el primero de la futura administración se destinará a elaborar el nuevo presupuesto. “Con todas esas personas que se van a ir, Uruguay va a estar en el número más bajo de los últimos 40 años en la Inspección de Trabajo”, proyectó Voltolini.
“La situación, para nosotros, es acuciante”, resumió el inspector, e informó que estos números los motivaron a presentar una observación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La denuncia fue enviada por el “incumplimiento” de Uruguay de dos convenios internacionales por el “bajo número” de funcionarios y los problemas que tienen para el ingreso de nuevos trabajadores.
Los inspectores trabajan en régimen de exclusividad y tienen que estar disponibles los 365 días para cubrir los casos que requieran urgencia. Su tarea abarca la elaboración de protocolos y hacer controles en pequeñas empresas, como kioscos, hasta grandes industrias como UPM. “Indudablemente, la baja en el número de inspectores nos impide atender un montón de casos” y “llegar a un montón de lugares”, aseguró Pereira.
Desde fin de año son 90 los trabajadores, una cantidad que provoca que los funcionarios estén “cada vez más sobrecargados” y que la calidad del trabajo “vaya bajando un poco”, complementó Voltolini. “Es obvio que el servicio se va a resentir por algún lado y que algún ciudadano va a tener que esperar”, señaló.
Pecera chica
La Inspección General del Trabajo tiene dos divisiones: la de Condiciones Ambientales —que se dedica a los temas de salud y seguridad— y la de Condiciones Generales —prevista para los aspectos formales de las relaciones laborales, como los contratos y el cumplimiento de los horarios y las horas extras—. Está establecido por decreto que cada una de las divisiones debe tener 60 integrantes. Sin embargo, hay 39 y 50, respectivamente.
La asociación cuestiona que Uruguay no cumple con una decisión del Consejo Común del Mercosur que hace obligatorio el ingreso a los cargos inspectivos a través de concursos públicos que tengan como exigencia excluyente la formación terciaria. Esta falta de ingresos causó alguna “controversia” con las pasadas administraciones. Desde que rige el convenio solo hubo un llamado para nuevos puestos laborales y, además, tuvieron diferencias con la Oficina Nacional del Servicio Civil, que estableció que los ascensos solo se debían dar dentro del ministerio.
Los inspectores aseguraron ante los legisladores que tienen informes de juristas a favor de su interpretación y recordaron que el gobierno anterior dispuso que, para ser inspector de Trabajo, hay que ser profesional. “Nosotros estamos felices de que eso haya sido así. Se elevó el umbral para profundizar la tarea, para que la inspección sea cada vez más profesional y los resultados sean mejores. Sin embargo, lo que se sigue sin cumplir desde el gobierno anterior y también en este gobierno es el llamado público para el ingreso”, dijo Voltolini.
El inconveniente que plantearon los inspectores es que para llegar al puesto hay que ser primero funcionario del MTSS, una exigencia que deriva en que no haya ingresos. El funcionario recordó que el último concurso fue para completar 10 vacantes, para las que era requisito ser ingeniero, médico o arquitecto, y solo se completó uno de los puestos. De hecho, hasta ahora al ministerio no ingresó ningún médico, algo que es obligatorio por decreto.
“Estamos pescando en una pecera cada vez más chica”, explicó Voltolini, en referencia a que solo pueden incorporar a funcionarios de una cartera en la que los trabajadores “se siguen yendo”. Cuando comenzó el gobierno actual, la plantilla del MTSS estaba compuesta por 690 personas, un número que actualmente ronda los 600.
Cuando el ministerio fue notificado de esta observación planteada ante la OIT, el inspector general, Tomás Teijeiro, convocó a los funcionarios a una reunión bipartita para tratar el tema de los ingresos. En ese encuentro, el jerarca les explicó que tienen “restricciones presupuestales” porque todavía está vigente el decreto que establece que se deben completar solo una de cada tres vacantes. Teijeiro les informó —según dijeron— que iban a solicitar una excepción a esa restricción, pero desde que tuvieron esa reunión los funcionarios no tuvieron novedades.
Voltolini recordó que en 2021 la OIT le había indicado al gobierno que debía informar por qué el número de inspectores había bajado a 110.
Los resultados
La visión de las autoridades del MTSS es distinta. A fines de noviembre, la inspección presentó la publicación Inspección y protección laboral: oportunidades y desafíos. En el prólogo, el ministro Pablo Mieres destaca que, pese a la pandemia, la oficina “aumentó significativamente su capacidad tanto en el número de inspecciones realizadas como en la cantidad de trabajadores incluidos”.
El texto resume que entre 2019 y 2022 aumentaron 40% las inspecciones en el área de Condiciones Ambientales y 21,1% en la división de Condiciones Generales. El número de trabajadores protegidos, en tanto, creció 44% (desde 144.014 en 2019 hasta 206.702 en 2022).
En el ministerio consideran que, para modernizar la inspección, no es necesario “tener más gente”, según dijo a Búsqueda una fuente oficial. Durante este período de gobierno se modernizó el “procedimiento sancionatorio” y se formuló un plan nacional de corto y mediano plazo que le da “transparencia” a la fiscalización laboral.
Para el último año de la actual administración la inspección está trabajando en un proyecto referido a las políticas de salud y seguridad, con el objetivo de contemplar en una única norma los “intereses de todas las partes”.
