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“Como policía de muchos años les aconsejo que no se dejen encandilar por los tentáculos de la corrupción”. En mayo de 2023, 142 agentes egresaban del Centro de Formación Penitenciaria para trabajar en las cárceles uruguayas y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fue claro en su advertencia. “En esta función todos sabemos que la corrupción está siempre latente y se aprovecha de la debilidad humana. Ustedes tienen que alejar eso y honrar el uniforme”, les pidió Luis Mendoza.
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El año anterior, diez funcionarios de prisiones habían sido procesados por entrar drogas, teléfonos y armas a unidades de rehabilitación. Para ese momento la Justicia investigaba a un policía por intentar vender a $25.000 celulares a reclusos de la Unidad N°1 de Punta de Rieles. “El policía tiene que pagar la luz el 20 de cada mes y no puede hacerlo, pero resulta que al narco que está preso le sobra la plata. Entonces, ahí es que lo engancha”, diría el mismo Mendoza días después ante el Parlamento para explicar el problema.
El uso de celulares es un dolor de cabeza continuo para todas las autoridades que pasaron por el Ministerio del Interior, del cual depende el INR. En diciembre se realizaron requisas en las unidades penitenciarias Nº3 (Penal de Libertad), Nº4 (exComcar) y Nº7 (Canelones) y se encontraron diez celulares. En todo el sistema hay casi 15.000 presos y es inevitable que algunos accedan ilegalmente a teléfonos, generalmente quienes tienen más contactos y dinero, como los narcos. Hablan con sus familias, pero también mantienen desde dentro operaciones delictivas: extorsionan a otros internos, coordinan traslados de drogas e incluso han llegado a ordenar asesinatos.
El gobierno logró poner un freno a un grupo específico: los reclusos más peligrosos del sistema que están ingresados en la Unidad Nº25, la cárcel de máxima seguridad creada en 2022 en un predio del Penal de Libertad. Allí los internos son pocos, los policías cuidadosamente seleccionados y la vigilancia constante, por lo cual el acceso a celulares está controlado.
El próximo paso del gobierno es intentar prohibir el empleo de teléfonos en el resto del sistema. Para eso prevé en este semestre la instalación de inhibidores de frecuencia de redes móviles, en principio en los dos centros más poblados y complicados del país, el Penal de Libertad y el exComcar. Fuentes de Interior señalaron a Búsqueda que el proceso de compra se encuentra avanzado.
Los inhibidores contarán con inteligencia artificial para permitir las llamadas y los mensajes desde números de móviles que estarán previamente habilitados, pertenecientes a jerarcas y funcionarios policiales y de salud que los necesitan en su trabajo diario en la cárcel. A su vez, la herramienta cortará automáticamente la comunicación de todos aquellos números que no formen parte de la lista de móviles activos.
En setiembre el entonces ministro Luis Alberto Heber había adelantado que se trataba de “inhibidores modernos” que, pese a interrumpir la comunicación dentro de las cárceles, iban a mantener la frecuencia en las ciudades y pueblos donde se ubican las unidades de rehabilitación. En el caso de los nuevas inhibidores a instalarse, esas ciudades son Libertad y Santiago Vázquez.
La polémica abarcó discusiones de fondo luego de que el entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, se pronunciara en contra de una inhabilitación total de los móviles porque la falta de comunicación con el exterior podía dañar emocionalmente a los presos y aumentar la violencia dentro de las cárceles.
En 2012, cuando los primeros inhibidores se pusieron en el Penal de Libertad, se agregaron en todos los pisos y sectores de esa unidad teléfonos públicos para que los reclusos pudieran mantener el contacto con sus familias. “En un penal de máxima seguridad no corresponde el uso de celulares. Tenemos pruebas de delincuentes procesados que organizaban bandas desde la cárcel, que daban directivas desde dentro del establecimiento”, fue el argumento de Mendoza, quien entonces también era director del INR. Agregó que estas prácticas incluían a policías que intentaban ingresar celulares y chips sin autorización, en un diagnóstico similar al que realizó el año pasado.