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    Institución de Derechos Humanos denuncia que las condiciones en la prisión de Canelones afectan “la dignidad” de los reclusos

    El organismo constató que los presos no acceden a una alimentación de calidad, no cuentan con elementos básicos de higiene y en algunos sectores los problemas edilicios “representan un riesgo” para su “integridad física”

    ¿Cuál debiera ser el rol de la cárcel? En los discursos hay dos corrientes. Para unos es un lugar de castigo por el delito que se cometió y el preso tiene que sufrir el tiempo privado de su libertad. Para otros es un tiempo en que el recluso necesita rehabilitarse para volver a la calle y no reincidir. Si prima la postura de énfasis punitivo, la cárcel de Canelones encaja a la perfección. Pero si lo que se busca es que el preso salga mejor de lo que entró, el panorama es desalentador. En especial en el módulo 2.

    La unidad Nº 7 del sistema penitenciario está ubicada en el kilómetro 23,500 de la Ruta 107 y fue el primer centro del país que pasó a ser gestionado por el Instituto Nacional de Rehabilitación en agosto de 2012. Allí hay 896 plazas para los 845 presos que cumplen condena. Sin embargo, la distribución provoca que cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) visitó el lugar en varias oportunidades durante el 2018 constató que existe hacinamiento. En el informe que divulgó días atrás, y al que accedió Búsqueda, indica que mientras en el módulo 1 hay 260 plazas para 191 reclusos y en las barracas hay 240 lugares para 111 presos, en el módulo 2 conviven 543 en un espacio para 396. A modo de ejemplo, en una celda donde deberían vivir dos personas, hay siete. Y esto no solo afecta las condiciones en que pasan sus días.

    La distribución de comida, según el documento elaborado por la Inddhh, refleja que se da un criterio por celda en lugar de por persona. “Es decir, se constató que se entregaban dos volúmenes de alimento ‘rancho’, equivalente al tamaño de un recipiente plástico de dos litros por celda, independientemente de que se encuentren dos o más personas allí alojadas”. La calidad de los alimentos también es un problema. A los reclusos que requieren alimentación diferente por indicación médica se les dio el mismo menú que a los demás: arroz blanco y porciones de pollo. Incluso, tiempo atrás los reclusos realizaron una huelga de hambre por la falta de lácteos, que se resolvió con la distribución de medio litro de leche por persona en lugar de hacerlo por celda.

    Las condiciones edilicias tampoco ayudan. En los días en que el organismo de derechos humanos recorrió la prisión no funcionaban las duchas, por lo que los presos tenían que asearse en las propias celdas y sin agua caliente. La alternativa fue confeccionar calentadores caseros que utilizan también para calentar el agua del mate y en algunos casos hasta para cocinar. Pero la precariedad es grande y puede ser peligrosa (ver foto). Y además, varios presos denunciaron que no les dan jabón ni otros elementos de higiene.

    La delegación de la Inddhh recorrió también las barracas. En particular la 1 y la 6, el sector de mínima seguridad, donde constató filtraciones de agua en las celdas. Los techos tenían rajaduras y para remediarlo los presos improvisaron cuñas y soportes de madera para sostenerlos. “Las mejoras son claramente insuficientes y representan un riesgo para la integridad física”, dice el informe.

    El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, por su parte, identificó el módulo 2 como uno de los ocho centros de reclusión con peores condiciones. En su informe anual 2017, Petit lo califica como un lugar donde existe “trato cruel, inhumano y degradante”, mientras que al módulo 1 y la zona de barracas, los ubica en un nivel intermedio porque hay “insuficientes condiciones para la integración social”.

    Estas apreciaciones llevan a la Inddhh a concluir que en el módulo 2 “las condiciones no se adecuan a los principios básicos para el tratamiento de los reclusos ni al conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”. “En un contexto de vulneraciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, el módulo 2 y en particular las condiciones de los tres calabozos de seguridad del sector B, de hacinamiento, deterioro, riesgo sanitario, carencia de alimentación suficiente y de acceso a atención en salud, afectan la dignidad de las personas allí alojadas”, concluye el informe.

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