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Las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) que tiene a estudio el Senado, para acompasar los cambios que tendrá el sistema penal de los adultos, dejan “al descubierto el trillado argumento de que los problemas en Uruguay son responsabilidad de los jóvenes”, afirmó Luis Pedernera, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.
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Pedernera no es el único que tiene una posición crítica sobre el proyecto de reforma que está en el Parlamento. La senadora oficialista Constanza Moreira cuestionó que en la iniciativa no se derogue un artículo de la ley 19.055 que establece que en casos de delitos gravísimos los adolescentes vayan a prisión al menos un año.
Representantes de todos los partidos (incluida Moreira) presentaron a comienzos de junio un proyecto de ley para modificar el CNA. La idea de los legisladores es que el sistema de Justicia de los menores no quede desfasado del nuevo Código del Proceso Penal que comenzará a regir en noviembre para los adultos. Esa reforma tiene como objetivo que el Estado juzgue los delitos de una forma más transparente y respetuosa con los derechos humanos. Los juicios serán orales y públicos y se pasará de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, en el que las investigaciones quedarán en manos del fiscal y no del juez.
Una de las principales críticas de Pedernera apunta a que el proyecto de reforma del CNA no mantiene en la legislación una norma que establece que si el juez no tiene una sentencia firme en un plazo de 60 días para delitos graves y 90 días para delitos gravísimos, el joven que cometió el crimen debe quedar en libertad.
Pedernera, quien también es miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), dijo a Búsqueda que en la actualidad, en el proceso penal de los adolescentes “no hay presos sin condena”, como ocurre con el sistema de los adultos, que son enviados a prisión preventiva y pasan años antes de recibir una sentencia firme. “Gracias a este proyecto, si se convierte en ley, tendremos adolescentes presos sin condena, pero estaremos contentos pues el sistema es acusatorio”, cuestionó.
El experto dijo que los legisladores que propusieron esta reforma “han instalado un problema grave y en vez de avanzar se retrocede”.
Pedernera sostuvo que el proyecto “deja al descubierto el trillado argumento de que los problemas en Uruguay son responsabilidad de los adolescentes”.
“Es llamativo también porque parte de una premisa equivocada y es que en adolescentes los principales problemas están en que no hay un sistema acusatorio”.
Agregó que el proceso de adolescentes tiene problemas pero “no de la magnitud del sistema inquisitivo de los adultos”.
“Si lo que tratan es de mejorar el proceso en adolescentes uno se pregunta ¿por qué siguen manteniendo en el interior del país la doble competencia —Penal y Adolescentes— en juzgados de adultos? ¿Por qué la segunda instancia se mantiene en juzgados de Familia? ¿No es que quieren mejorar el proceso? ¿Por qué no se refuerza la defensa y que esta cumpla un rol relevante en el proceso?”, planteó.
Pedernera recordó que un informe elaborado por el ministro de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, divulgado en abril de 2015, dio cuenta que en algunos juzgados del interior del país se “vulneraban garantías fundamentales del proceso instituido en el CNA, como la presencia de la defensa, al aplicar normas del proceso penal de adultos”.
A los impulsores de esta propuesta de reforma “más que preocuparles los derechos del niño”, les interesa “no dejar más en falsa escuadra a aquellos jueces que no aplicaban las garantías del proceso establecido en el CNA”, cuestionó el experto.
En tanto, la senadora Moreira escribió una columna junto a María Emilia Pérez y Rafael Paternain en contra de la iniciativa. La adaptación del sistema para adolescentes al nuevo sistema acusatorio, escribieron, “nunca puede significar un régimen menos garantista que el anterior, o menos garantista que el de adultos”, escribieron el jueves 13 en La Diaria.
La principal crítica que hicieron fue respecto a que no se eliminan artículos de la ley 19.055 que consagran “violaciones” en el ordenamiento jurídico, ya que prevén la privación de libertad como medida cautelar preceptiva para los delitos gravísimos cometidos por adolescentes.
El nuevo CPP, escribieron, establece que la prisión preventiva “en ningún caso será preceptiva”. “Resulta incomprensible que, ante este horizonte de cambio, el proceso penal para adolescentes siga manteniendo las medidas dispuestas por la Ley 19.055”, concluyeron.
