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La Intendencia de Canelones propuso a las demás comunas crear una suerte de “DGI departamental” que vaya tras los deudores de tributos. El intendente Yamandú Orsi se refirió a la idea unas semanas atrás en un desayuno de la Asociación de Dirigentes de Marketing, donde dijo que su administración evaluaba crear una institución denominada “consorcio de tributos” que tuviera como finalidad cobrar las deudas con la comuna. A la vez, Orsi planteó la iniciativa en el Congreso de Intendentes, donde obtuvo el respaldo de los demás gobernantes. Los intendentes resolvieron trabajar el tema a escala nacional para implementar la iniciativa antes de finalizar este período de gobierno.
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Si bien el índice de morosidad del departamento canario disminuyó de 60% a 30% en la última década, las autoridades estiman que un promedio de 60.000 contribuyentes mantienen atrasos con la comuna. Eso implica, según Orsi, que “hay dinero en las calles” que la intendencia tiene la “necesidad de recoger y recaudar”.
El secretario general de la Intendencia de Canelones, Gabriel Camacho, dijo a Búsqueda que se observa una “pereza fiscal” en los gobiernos departamentales. Según afirmó, prácticamente no existe en las intendencias un departamento que se especialice en cobrar los adeudos.
Los principales tributos de las intendencias son la patente de vehículos y la contribución inmobiliaria. Cuando el gobierno nacional aprobó el régimen de patente única en 2012, Canelones triplicó la cantidad de empadronamientos y alcanzó un índice de morosidad del 17%.
Camacho indicó que, en los últimos años, la contribución urbana y suburbana fue la “obsesión de la intendencia”, ya que había una “desactualización monstruosa”, lo que hacía imposible llevar adelante el control.
Las autoridades implementaron medidas y la morosidad bajó significativamente, aunque, según dijo, “hoy sigue siendo muy alta”. Si bien República Afisa se encargaba de la gestión de algunos morosos, en su gran mayoría era la propia intendencia la que se comunicaba con los deudores para ofrecerles herramientas para el pago de los tributos.
Tras concluir que los gobiernos departamentales “no son ni efectivos ni eficientes” para recaudar los impuestos, y tras observar modelos aplicados en ciudades como Tenerife, las autoridades decidieron comenzar a trabajar en la implementación de un consorcio de tributos. En esa línea, Camacho informó que, en la medida en que todas las intendencias tienen el mismo problema, se buscará crear en la órbita del Congreso de Intendentes una entidad del Estado que se especialice en cobrar las deudas de los gobiernos departamentales.
“Es una función básica de una intendencia cobrar su deuda. No estamos planteando uniformizar la normativa tributaria de la contribución inmobiliaria de las intendencias, porque eso sería un acuerdo político que hoy está muy lejano. Pero sí crear una institución que sea de adhesión voluntaria”, explicó Camacho.
El objetivo es profesionalizar el cobro de los tributos y poner en marcha diferentes procedimientos para asegurar la recaudación, desde el envío de la factura, llamadas, cartas, mails, comunicaciones del Clearing de Informes o juicios ejecutivos, tareas que hoy se hacen muy artesanalmente. A la vez, se deberá llevar adelante la actualización de los padrones, se difundirá la normativa tributaria vigente y se buscarán acuerdos con otros organismos del gobierno nacional para cruzar los controles.
“El planeo es que exista una institución a nivel de todas las intendencias y para que funcione debería haber un reflejo en cada departamento para suministrar la información. Desde que empezamos a trabajar ha habido un claro interés de todos los gobiernos departamentales, independientemente de su color político”, aseguró Camacho.
Según dijo, todas las intendencias tienen dificultades para recaudar, por lo que esperan que la implementación de una suerte de “Dirección General Impositiva departamental” sea vista con buenos ojos por parte del gobierno nacional, que ha tenido diferencias en relación con la salud económico-financiera de las comunas.
Hoy el ingreso de la Intendencia de Canelones es de US$ 200 millones, y US$ 154 millones es de origen departamental. De ese último monto, la mitad corresponde a la contribución inmobiliaria, el 40% a patentes y 10% a otros rubros.
“En datos de 2016, Canelones crece anualmente unos 435.000 metros cuadrados de construcción que se reflejan en la base tributaria. Sin embargo, estimamos que 40% más no entra en la base, por lo que además de toda esa cantidad que sí tributan, hay más de 200.000 por año que quedan por fuera”, cuestionó.
Si logran en los próximos años reducir la morosidad de la contribución inmobiliaria a la mitad y encuentran la forma de captar todos los metros cuadrados que se construyen y no se declaran, estiman que el presupuesto aumentaría entre 20% y 25%, generando alrededor de US$ 40 millones anuales, explicó.
Una de las opciones que se manejan para la implementación del plan es utilizar el llamado Consorcio Canario, una sociedad anónima que fue creada entre la intendencia de Canelones y OSE para la ejecución de diferentes obras, pero que hoy pertenece 100% al gobierno departamental.