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Contrataciones millonarias por “afinidad” política y “sin controles” de “ningún tipo”, desviación de fondos en la ejecución de obras públicas, terrenos cedidos a sindicatos y pagos no autorizados a funcionarios. Esos fueron algunos de los resultados que surgieron de una auditoría realizada por Phoenix Consultores en la Intendencia de Maldonado. Esa empresa fue contratada por el jefe comunal blanco, Enrique Antía, para que revisara las gestiones realizadas por su antecesor, el frenteamplista Óscar de los Santos (2005-2015), que actualmente se desempeña como diputado.
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La lista de hechos “irregulares” sobre los que Antía está poniendo la lupa no terminan allí. Además de los temas relatados, que forman parte de ocho investigaciones administrativas en curso, la Intendencia realizó el martes 17 en el Juzgado de Crimen Organizado de primer y segundo turno tres denuncias penales por “corrupción” a partir de la información recibida por la empresa Phoenix.
Las denuncias fueron por la adquisición “irregular” de un inmueble en el norte de la localidad de Cerro Pelado y por un proceso de compra y venta de terrenos en el asentamiento de La Capuera.
La tercera denuncia está vinculada a la administración de las terminales de ómnibus del departamento. De acuerdo a la auditoría, la Intendencia tenía derecho a recibir un canon de ingresos que no percibió durante la gestión de De los Santos, al tiempo que el responsable del estudio contable encargado de gestionar las terminales era el entonces edil oficialista Daniel Rodríguez.
En esas terminales no se hizo mantenimiento de ningún tipo, contó Antía.
Las figuras denunciadas incluyen como “mínimo abusos de funciones”, pero también puede haber “fraude”, explicaron los jerarcas de la Intendencia. “Ahora todo está en manos de la Justicia”, resumió el intendente.
Antía realizará por estos días una cuarta denuncia penal por la contratación que realizó la Intendencia de quince personas de la Sociedad Civil Pro Centro, la cual era administrada por el edil frenteamplista de la Junta Departamental en el período anterior, Juan Shaban. Esa organización prestaba servicios a la comuna de forma “ilegal” para realizar actividades culturales sin “control”, dijo Antía a Búsqueda. Cuando su administración asumió en julio del 2015 y terminó con el acuerdo, la comuna tuvo que “hacerse cargo” de los despidos, agregó.
“Cosas ilegales” .
Aparte de esas denuncias penales, a partir de la auditoría interna el gobierno de Antía inició ocho investigaciones administrativas. La primera de ellas fue debido a una “donación modal” a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios por U$S 12 millones para realizar servicio de limpieza y de barrido en ciertos espacios públicos “sin ningún tipo” de documentación.
Otra de las investigaciones administrativas implica la contratación de servicios de limpieza a “cooperativas” del Ministerio de Desarrollo Social, que si bien tenían esa figura, funcionaban como empresas, dijo Antía. “Había tres o cuatro cooperativas que cobraban más de U$S 50.000 por mes. En un año se gastaron más de U$S 4 millones en ese sistema de cooperativas, casi todas ilegales”, añadió, y aseguró que ese vínculo respondía a una afinidad política.
Una tercera investigación apunta a la contratación para la construcción de viviendas sociales que hacía la Intendencia con la Unión de Comerciantes Minoristas. Según la auditoría, desde 2012 esa asociación retenía un 4,7% del dinero que recibía de la comuna para transferírselos al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca).
“La Unión de Comerciantes Minoristas funcionaba como un intermediario, lo que constituye la primera ilegalidad. No hay rendición de cuentas, ni controles de asistencia de personal, ni controles de avances de obra, ni control de compra de materiales. Se pagan liquidaciones sin mediar comprobantes. De esto alguien se ha beneficiado”, indicó Antía.
“No hubo controles y las quincenas estaban completas: ¿Ninguno de los 100 funcionarios que trabajaba en el tema faltó y no llovió ningún día según esos datos?”, se preguntó el intendente, y agregó:“Hasta 175 obreros del Sunca llegaron a trabajar” y “no se sabe cuántas casas se construyeron”.
La cuarta investigación surge de un porcentaje que la Intendencia pagó a los inspectores de higiene durante cuatro años, “cuando no había un marco jurídico que lo autorizara”, dijo Antía. La quinta investigación está relacionada con la “desviación” de fondos en la construcción de obras. “Hubo una plata que giró el gobierno (nacional) para pagar dos obras concretas, que llegó pero nunca se usó para lo que se debía”, agregó, y dijo que, por ese tema, “apareció una deuda” de $ 32 millones.
La quinta investigación surge de una “irregularidad” similar. El gobierno mandó $ 114 millones, de los cuales “solo” $ 15 millones fueron destinados para el “objeto previsto”, señaló el intendente. La última investigación en curso es por un “comodato” para el Instituto Cuesta Duarte. “Le dieron un terreno para hacer una obra y le adjudicaron U$S 300.000 para hacerla, de los cuales le adelantaron U$S 68.000. La obra no se hizo, se vencieron los plazos y no se presentó ninguna documentación”, describió el jerarca. “Hicimos caer el comodato y vamos a hacer acciones civiles para recuperar los U$S 68.000”, añadió.
