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La Intendencia de Montevideo (IMM) inauguró a fines de mayo el Centro de Gestión de Movilidad, que utiliza la tecnología para controlar el tránsito y aplicar multas. El centro fue presentado como uno de los principales logros del gobierno, pero algunas de sus herramientas carecen de una normativa específica que permita su funcionamiento y la comuna pospuso su implementación mientras trabaja en ajustar el reglamento.
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El Centro de Gestión de Movilidad monitorea el tránsito a través de distintas herramientas, entre ellas, las cámaras de vigilancia. En un principio las autoridades dijeron que en junio iban a comenzar a fiscalizar con esos dispositivos, pero esa fecha se pospuso indefinidamente. “Preferimos ser cautos en los pasos que vamos dando y cuando sintamos que tenemos todos los elementos firmes para aplicar las sanciones con la tecnología comenzaremos con ello”, dijo a Búsqueda el director de Tránsito de la IMM, Pablo Ferrer.
Lo cierto es que la normativa actual que regula el tránsito en Montevideo, si bien establece con claridad qué hechos constituyen infracciones — excederse de velocidad o cruzar con luz roja, por ejemplo— y cuáles son los procedimientos para aplicar multas y cobrarlas, no hace referencia específica al control fotográfico, ni hace explícito que pueda fiscalizarse mediante ese dispositivo, lo que sí sucede en otras partes del mundo donde se aplica el sistema.
En ciudades de países europeos, como Holanda, donde la instalación de cámaras para el control de tránsito comenzó hace varias décadas, existen normas específicas que aclaran los aspectos de los métodos fotográficos, como la forma de notificar la multa y los procedimientos para impugnarla. Los gobiernos de esos países abordan el aspecto legal del uso de tecnologías para evitar problemas jurídicos e impugnaciones.
De hecho, en los lugares en los que surgieron problemas por el uso de cámaras para la fiscalización fue debido a aspectos legales, y no por el sistema en sí mismo, que, en general, es implementado con éxito y recomendado por quienes lo usan.
La comuna está trabajando en una resolución que hace referencia al uso de tecnología para aplicar multas. “Queda pendiente resolver aspectos vinculados al ingreso y notificación de contravenciones”, dijo Ferrer. “Hay aspectos de carácter normativo que ajustar, pero una vez que se cuente con todos los elementos que permitan comenzar a aplicar infracciones con todas las garantías para los usuarios, se definirán las pautas con que se aplicarán y se comunicará a la población en forma oportuna”, explicó.
La idea es que la notificación de la multa al titular del vehículo que cometió la infracción se haga a través de un correo electrónico que esté identificado con su nombre. De todas formas, Ferrer aseguró que el Centro de Gestión de Movilidad “podría” funcionar de todas maneras, sin necesidad de cambiar la normativa. “La notificación puede hacerse vía papel, ese no es el tema central”, apuntó.
“Sensación de vigilancia”.
El Centro de Gestión de Movilidad está instalado en un edificio anexo del Palacio Municipal, desde donde se controlan a través de monitores diferentes dispositivos tecnológicos. El proyecto está en su etapa de implementación, aunque el objetivo es que, una vez que esté terminado, funcionen en Montevideo 170 cruces de semáforos centralizables, 51 cámaras para monitoreo de tránsito, 165 cámaras para el conteo vehicular, 5 paneles de mensajería variable, 34 sensores inalámbricos para medición de tiempo de viaje, 15 equipos de fiscalización electrónica y cuatro paneles de mensajería variable.
Las autoridades insistieron en que el propósito del Centro de Gestión de Movilidad no es el de multar y recaudar más dinero, sino el de mejorar la fluidez del tránsito. Para Ferrer, la instalación del Centro de Gestión de Movilidad, aunque esté sin funcionar, ya dio resultados. “La presencia de la tecnología en la vía pública ha tenido un efecto moderador de velocidades y comportamientos transgresores presumiblemente debido al incremento de la sensación de vigilancia”, aseguró.
Para poder avanzar hacia la segunda etapa del Centro de Gestión de Movilidad, la comuna necesita que la Junta Departamental apruebe un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por U$S 18,2 millones, a lo que sumará una contrapartida de U$S 3 millones.
