Intendencia de Montevideo censará a clasificadores de basura para buscar insertarlos en el mercado laboral formal

“Queremos recabar datos y sistematizarlos para entender la realidad de un sector que, si bien se lo conoce, enfrenta muchas dificultades concretas. La idea es comprender el nivel educativo, las condiciones familiares y la historia de vida de cada uno de estos actores para encontrarle nuevas oportunidades”, dijo a Búsqueda el director de Políticas Sociales de la comuna, Julio Calzada.

Números “en el aire”.

El primer censo de clasificadores obligatorio se realizó en 2002; en ese entonces se inscribieron 5.312 personas. Luego, en 2009 se abrió el segundo censo, en el que hasta 2010 se anotaron en la división Limpieza de la comuna 5.279 personas. En 2013, el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar informó, mediante datos recavados dos años antes, que había 3.188 personas que realizaban esa actividad. Pero por esa época, en el registro de la IMM habían 6.512 clasificadores inscriptos. Al mismo tiempo, Ucrus sostenía que había varios miles más en las calles.

“Hoy no puedo decir ningún número, porque es una cifra en el aire. Queremos pasar raya y comenzar de nuevo, conociendo las características y posibilidades de esta población”, indicó el director de Políticas Sociales. Según dijo, se prevé que el censo comience la primera semana de marzo y que los datos estén procesados para mediados de abril.

“Una política pública de calidad implica información de calidad”, afirmó Di Candia. Por eso, sostuvo que lo importante es tener identificado el universo con el que se quiere trabajar, para saber qué acciones se pueden desarrollar.

A los clasificadores se les consultará si quieren participar en un proceso de reconversión laboral y cuál es su nivel de capacitación, para, con esa información, ofrecerles opciones de formación profesional. Calzada hizo énfasis en este punto y aseguró que es fundamental saber con qué competencias cuenta cada clasificador. Esto se debe, explicó, a que hay una gran parte de este sector que tiene dificultades cognitivas producto de no haber terminado la Primaria.

“Ese es un elemento determinante para ver qué alternativas en el mundo del trabajo pueden llegar a tener y cuáles pueden ser las ofertas que desde el ámbito de la política social se les pueden hacer para que transformen sus vidas y la de sus familias”, afirmó el director.

Duro pero no indigno.

Mediante diferentes iniciativas, la intendencia logró incorporar hasta el momento solo a 300 clasificadores en sus planes de reconversión laboral, una cifra pequeña respecto al total estimado.

Alrededor de 90 de ellos pasaron a trabajar como transportistas formales. Ese proyecto implica que cuando los clasificadores logran comprar un vehículo adecuado, son formados y capacitados por el gobierno para llevar adelante su propia empresa de recolección de residuos no domiciliarios, habilitada por la Dirección General Impositiva (DGI) y cubierta por el Banco de Previsión Social (BPS). De esta manera, son contratados para el retiro diario de la basura por instituciones y comercios que están obligados por la normativa municipal a abonar este servicio.

Otro programa que colabora en la inserción de los clasificadores en el mercado formal funciona mediante la incorporación de clasificadores como empleados de las plantas municipales de residuos. Actualmente existen cuatro de ellas, que dan trabajo a 128 clasificadores (entre 28 y 40 por planta). Bajo un régimen de 40 horas semanales —cinco de capacitación—, acceden al salario mínimo ($ 13.430), más un porcentaje por la venta de los materiales recuperados. Además, el Mides y diferentes organizaciones sociales trabajan junto con el entorno del clasificador para acompañarlo durante el proceso.

Por otro lado, el sonado proyecto de sustituir los vehículos tirados por caballos por motocarros eléctricos también ha colaborado en la reconversión laboral de varias personas, aunque en menor medida, por su corto período de implementación. En la primera fase, culminada en diciembre, se entregaron vehículos a seis clasificadores que hoy se encargan de la recolección de residuos voluminosos en los municipios CH (Tres Cruces, Parque Batlle, Buceo, Pocitos, Punta Carretas) y E (Carrasco, Malvín Norte, Punta Gorda), contratados como microempresas y con un jornal de $1.400.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, comentó a Búsqueda que esta iniciativa responde a un proyecto de formalización de actividades que va de la mano con las políticas del gobierno nacional: “Tener a la gente en una situación ordenada, pagando su contribución y mejorando sus derechos, es esencial. Se los tomó a ellos como modelo, porque eran parte de darle una masa crítica para asegurar la formalización”, indicó.

Además, fueron realojados alrededor de 70 clasificadores que trabajaban de manera informal en el sitio de disposición final de residuos Felipe Cardoso. Ahora clasifican en un predio contiguo, y es la intendencia la que les provee los desechos para procesar.

Calzada señaló que para profundizar estas políticas de reinserción laboral es fundamental tener una noción clara acerca de la realidad social, cultural y educativa de los clasificadores. Para determinar en qué se puede convertir una persona, es necesario saber si maneja elementos básicos de computación, si conduce, si domina la lectura y la escritura o los números, entre otras capacidades, explicó. “Se debe avanzar en el diseño de propuestas que sean viables para todos, que le permita a las personas ser cada vez más autónomas y menos dependientes de un trabajo tan duro aunque no indigno, como es el de la clasificación de residuos”, sostuvo.