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    Intervención de Presidencia descomprimió conflicto portuario

    Poder Ejecutivo resolvió aplazar tres meses el eventual pasaje de más servicios desde Montecon a la terminal de TCP

    Con llamadas desde la Presidencia de la República a representantes de Montecon y de Katoen Natie, el Poder Ejecutivo consiguió enfriar a última hora del martes 7 otro conflicto en el Puerto de Montevideo y ganar tiempo para, pasado fin de año, buscar soluciones a los reclamos del sindicato portuario en torno a las consecuencias de la aplicación del contrato firmado entre el Estado y la multinacional belga, principal accionista de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

    Hoy, jueves 9, está previsto que Richard von Appen, presidente de Ultramar —el accionista chileno de Montecon— se reúna con el mandatario Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el ministro de Transporte, José Luis Falero, confirmaron a Búsqueda fuentes de la empresa. Agregaron que Montecon accedió a dejar en suspenso temporalmente las medidas de reestructura anunciadas semanas atrás (Búsqueda Nº 2.149) “en función” de los avances que puedan darse en ese contacto —que la empresa había solicitado hace tiempo— y “de los caminos que el gobierno encuentre, porque la pérdida de actividad es real”.

    Encrucijada

    El sindicato de portuarios anunció el lunes 6 que no daría servicio a los buques de la “línea GS1” del golfo de México, cuya operación se traspasó administrativamente de Montecon a TCP desde noviembre, en aplicación del nuevo protocolo de atraque que se enmarca en el contrato celebrado entre el gobierno y Katoen Natie que extendió la concesión hasta el 2081. La medida sindical fue tomada ante la falta de avances en una mesa de diálogo para buscar que no se perdieran empleos con el comienzo del convenio con los belgas. Es que, semanas atrás, Montecon había anunciado el envío de 30 trabajadores al “seguro de paro” y la reducción de los jornales asegurados a buena parte de su plantilla, entre otras medidas.

    Con ese panorama, para dar un “marco de estabilidad” y que las partes puedan discutir una salida al conflicto, el Ejecutivo decidió transitar un camino que quite “presión a la olla” del conflicto, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas a las negociaciones. Por un lado, en consulta con Katoen Natie, resolvió la suspensión de la revisión de la operación de la terminal de TCP (en términos de disposición de muelle) prevista para el 1º de enero y pasarla al 1º de abril. De ese modo, se aseguró a Montecon que no perdería la operación de otra línea, ante lo cual la empresa accedió a poner en pausa —transitoriamente— la reestructura anunciada.

    Martín García, presidente del sindicato de trabajadores de Montecon, dijo a Búsqueda que se prevé que mañana, viernes 10, la Administración Nacional de Puertos los notifique del aplazamiento para abril de la revisión en el protocolo de atraque. “A partir de ahí pensamos en seguir adelante con el diálogo entre las partes para que cuando se vuelva a activar (el protocolo) no seguir en la misma encrucijada, sino que se asegure que no habrá pérdida de fuentes laborales”, señaló.

    Nulidad y competencia

    En paralelo, el miércoles 1º Montecon presentó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una acción de nulidad de los decretos Nº 114 y Nº 115 con los que el Poder Ejecutivo implementó el contrato firmado con Katoen Natie, por el que extendió la concesión de TCP. Por la “gravedad” de los perjuicios de esos decretos Montecon pidió al TCA que se resuelva “con la máxima urgencia” la “suspensión provisional” de sus efectos. Indicó que el “daño que ya se está produciendo es superior a la afectación del interés público”, señala en el escrito, al que accedió Búsqueda.

    Menciona que el servicio GS1, de transporte desde y hacia el golfo de México, que se traspasó a TCP luego de más de 10 años de operación en Montecon, le representa la pérdida del 20% del total de facturación, el 17% de movimientos y más de 174.000 horas de trabajo en el año.

    Paralelamente, el lunes 6 Montecon reiteró la solicitud a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del “cese preventivo inmediato” de las prácticas anticompetitivas (Búsqueda Nº 2.142). Para su primer planteo, de setiembre, no encontró mérito.