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Cuando llegan al lugar de un homicidio, los policías deben asegurar el área donde ocurrió el crimen y levantar todo lo que pueda ser evidencia. Las primeras 24 horas son claves, dicen los oficiales con experiencia.
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En las investigaciones por lavado de activo ocurre todo lo contrario: no solo no hay un cadáver, sino que quienes cometieron el delito se preocuparon de que toda la operación parezca legal.
“Investigar un delito de lavado de activos es como investigar una gran estafa”, sostiene la ex jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti. “Uno lo que tiene enfrente son compras de inmuebles, transferencias de dinero, aperturas de cuentas, que a simple vista y por sí solas no podemos decir que son ilícitas. En cambio, un muerto es un muerto”.
Un oficial de Policía con más de 20 años de experiencia en la investigación de delitos financieros —que pidió mantener su identidad en reserva porque maneja casos de alto perfil— explica a Búsqueda que si bien en sus investigaciones no cuenta con “el cadáver”, la mayoría de las transacciones que se hicieron en el proceso del crimen quedaron documentadas. “A diferencia del hurto o el homicidio donde el paso de las horas altera la escena, borra huellas, el delito económico va a dejar una huella inalterable”, dice.
Ese delito se comete mediante el ocultamiento, la conversión o la transferencia de dinero o bienes producidos por ilícitos.
“El nudo”.
Hay dos grandes vías para que comience un expediente judicial por lavado de activos: porque hay una investigación por alguno de los 23 delitos precedentes al blanqueo de capitales —que van desde narcotráfico y contrabando a corrupción pública— o porque algunos de los “sujetos obligados” —instituciones financieras, zonas francas, escribanos, entre otros— identificaron una “operación sospechosa” y presentaron una denuncia a las autoridades correspondientes.
El lavado de activos requiere un delito precedente porque lo que se quiere introducir en el mercado es dinero obtenido de manera ilegal. Las organizaciones criminales “en algún momento van a ingresar el producto de sus actividades” en el sistema formal, dice el oficial, y agrega: “Ninguno es criminal por amor, lo hacen por dinero”.
Como en estas investigaciones hay que tener conocimiento del sistema financiero, tributario y de las sociedades anónimas, entre otras cosas, la Justicia recurre a “equipos multidisciplinarios” coordinados por la Secretaría Antilavado de la Presidencia de la República, explica Gatti, quien trabajó en varios casos antes de ascender a un tribunal de apelaciones en lo civil.
Los jueces y fiscales se apoyan mucho en el trabajo de los peritos, quienes analizan la situación patrimonial de empresas y personas, estudian transferencias bancarias y sociedades anónimas, y presentan conclusiones para que los magistrados instruyan nuevas actuaciones.
Si bien la tecnología y el conocimiento de los peritos ayudan, el oficial consultado afirma que “la clave” sigue estando en “el olfato” que tenga el investigador de la Policía. “Hay que entender qué fue lo que pasó, luego identificar dónde está la neurona de la maniobra, qué fue lo que hizo determinada persona o grupo económico y qué fue lo que le generó y a través de qué mecanismo lo hizo. Y ahí hay que enfocarse en desentrañar el nudo”.
Experiencia.
Si la investigación por blanqueo de capitales surge de un delito precedente, las actuaciones resultan más sencillas para la Justicia porque ya se tiene identificados a los criminales y su entorno.
“Cuando lo que viene es un reporte de operación sospechosa, muchas veces al estar vinculado con un hecho ocurrido en el extranjero, no sabemos si hubo delito o no y todo se vuelve más complicado”, añade.
Gatti recuerda como ejemplo el caso de la venta de una millonaria exportación de libros hacia Venezuela. “Delito acá en Uruguay no había, podía haber eventualmente un delito de corrupción pública en Venezuela, pero la Justicia de ese país nunca nos informó”. El asunto “era rarísimo y que todo pintaba a que algo había”, lamenta.
En el caso de la compra de la estancia “El entrevero” en Maldonado, adquirida con dineros de coimas, según el periodista argentino Jorge Lanata, Gatti sigue el asunto a través de la prensa. “Leí en el diario que el juzgado está pidiendo información a ver si hay delito precedente; si no hay delito precedente será muy rara la compra, pero de dónde va a poder sacar el juzgado que hay lavado de activos”, explica.
En su experiencia como jueza especializada en crimen organizado, Gatti investigó organizaciones internacionales con “sofisticados” mecanismos de triangulación con uso de sociedades anónimas en Uruguay y otros países, y transferencias financieras.
En el caso de los narcos uruguayos que envió a prisión “no se lograron determinar delitos de lavado por grandes operaciones” ni que se hubiese creado una ingeniería sofisticada para lavar sus ganancias. “Compraban casas y se las ponían a nombres de las familias —dice Gatti—. Pero eran figuras jurídicas muy sencillas, estaba todo a la vista, lo único que había que hacer era buscar los bienes”.
