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Las expresiones del ministro de Defensa, Javier García, quien sostuvo que “Uruguay es una democracia plena y en democracia no hay presos políticos”, recibieron una dura y extensa respuesta de la asociación de familiares de detenidos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
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Las expresiones del ministro de Defensa “son la prueba del drama social y político que atraviesa la nación”, porque “la negación (que realiza) de los hechos salva responsabilidades políticas, (…) niega lo que le perjudica, mira hacia otro lado y de manera insoportablemente condescendiente afirma entender nuestros sentimientos”.
El ministro dijo a Búsqueda que comprende a los familiares e incluso discrepa con un fallo, pero que “la Justicia es un poder independiente”. La respuesta, firmada por el vocero de la novel asociación, Diego Flores, califica de “hipocresía” esas expresiones ya anunciadas “por su magro aporte al presupuesto de las fuerzas que dice liderar” y que ahora “alcanza ribetes que sorprenden, por innecesarios, inoportunos y, además, falsos”.
El vocero sostiene que “la carrera política de García nos exime de mayores comentarios”, ya que “integra los elencos políticos del país desde hace al menos treinta años” y “su imagen se asocia con la ineficiencia institucional e incapacidad política de una parte del sistema político para resolver los problemas reales de nuestra sociedad”.
Según esta asociación, creada hace unos seis meses, García “ha participado con insistencia en las comisiones de Defensa Nacional del Poder Legislativo”; pero “no podemos recordar un solo aporte a la causa de la reconciliación, por el contrario, ha pasado sin dejar testimonio alguno de su pasaje por ellas”.
El texto sostiene también que “lo más grave” de las opiniones del ministro, al que corresponde, junto con el presidente, el mando superior de las Fuerzas Armadas, es que “olvida el compromiso asumido por su partido político y de manera muy especial y significativa de su líder, Wilson Ferreira Aldunate, al encargar (…) la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”.
García, según el vocero de la mayoría de los 39 procesados y condenados, “reniega de su propio voto y convalida el atropello institucional que supone negar el perdón general que todos decidimos necesario para comenzar a construir la democracia y poner en pie a la República”.
La respuesta analiza también la actuación del dirigente blanco al frente de la cartera de Defensa: “Su gestión (…) es errática y carece de aciertos. El desempeño de las Fuerzas a su cargo ha sido, ante la necesidad que vivió la nación, el mismo de siempre, a pesar de los ridículos aumentos de salario propuestos con vocerías y alharacas por quien enseñó una insensibilidad social pocas veces vista. Además, pretende liderar el estudio de la reformulación de objetivos y carácter de las Fuerzas Armadas”.
El vocero de los exagentes del Estado y civiles detenidos en Domingo Arena, Coraceros y prisión domiciliaria sostiene que la declaración del ministro “contradice a la actitud del presidente de la República, que nos recibió sin cuestionarnos”.
El texto concluye que “el problema con el Dr. García es el corto plazo de todas sus acciones, tema que adquiere trascendencia cuando lo que la nación necesita es estadistas en vez de especulaciones políticas”.
Otros civiles y militares, por separado del comando que lleva el nombre de un viejo semanario de ultraderecha, también adhirieron al voto en blanco como apoyo crítico a la LUC, al tiempo que llaman la atención sobre la existencia de 39 presos militares, policías y civiles a pesar de dos consultas populares (1989 y 2009).
“En el marco de una democracia todos tenemos derecho a asociarnos, a expresar nuestra voluntad, por suerte”, declaró a TV Ciudad el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe consultado acerca de los reclamos de los familiares. Para el fiscal, los encausados “han tenido todas las garantías en presumarios que duraron casi diez años, cosa que no pasa con ningún presumario común, han tenido defensa desde el primer momento e interpuesto todas las excepciones posibles dentro de un Estado de derecho”.
“Presos añosos”
A su vez, Pablo Chargoñia, abogado del Observatorio Luz Ibarburu, que ha patrocinado muchas de las causas, dijo a Búsqueda que “aplicar la prisión preventiva en estas causas persigue un fin trascendente: evitar que con la fuga se frustren procesos que han esperado mucho tiempo” y, además, “sancionar adecuadamente en el caso de los condenados, por otro lado, es necesario en casos de crímenes aberrantes” porque “un juicio frustrado o una pena ilusoria, son burlas al derecho de las víctimas a la tutela judicial”.
Recordó además que es “un deber internacional del Estado uruguayo” debido a la “sentencia Gelman” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011.
“No basta decir que son añosos como todo argumento para otorgar la prisión domiciliaria. Más aún cuando la ley prevé este beneficio por razones de salud grave, e incompatible con la permanencia en un establecimiento penitenciario. Es claro que todos son adultos mayores, precisamente porque cometieron crímenes desde el aparato estatal y se vieron beneficiados por el transcurso de un tiempo prolongado de impunidad. Argüir la edad ahora, equivale a extender el manto de impunidad del que se beneficiaron por décadas”, dijo.
El abogado recordó que un tribunal argentino negó hace poco la prisión domiciliaria al exrepresor uruguayo Manuel Cordero con el argumento de la necesidad de un “juzgamiento ejemplificador” que opere como garantía de no repetición de los crímenes de lesa humanidad.