La jueza Mariana Mota recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo su traslado de la órbita penal a la civil decretado a principios de este año por la Suprema Corte de Justicia.
La jueza Mariana Mota recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo su traslado de la órbita penal a la civil decretado a principios de este año por la Suprema Corte de Justicia.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa demanda iniciada por la magistrada no cuestiona el derecho que tiene la corporación de trasladar a los jueces pero señala que sus miembros actuaron con “desviación de poder” porque lo hicieron de modo inmotivado, según informó el miércoles 4 el diario “El País”.
Mota había iniciado antes un recurso de revocación ante la propia Corte que fue desestimado por unanimidad. El traslado de la magistrada, que concentraba gran cantidad de causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), generó gran repercusión pública.
De hecho, el día de su traslado el 15 de febrero, el edificio de la SCJ fue ocupado por un grupo de manifestantes que impidió el juramento de 15 magistrados durante más de tres horas. Por ese episodio existe una denuncia penal presentada por la Corte que está siendo instruida por la jueza Gabriela Merialdo y el fiscal Gustavo Zubía.
Un fallo del TCA demora en promedio entre dos y tres años y en ese órgano ya existe jurisprudencia con respecto a que la corporación puede trasladar a los magistrados por razones de mejor servicio y que relevar la opinión del fiscal de Corte no es vinculante.
La actuación de Mota al frente del juzgado penal había sido cuestionada porque en una sentencia desconoció el principio de inocencia, porque participó de una marcha que organiza el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y porque cuestionó la política de derechos humanos del gobierno de José Mujica en una entrevista con el diario argentino “Página 12”, entre otros temas.