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La Justicia determinó que el exintendente de Soriano Agustín Bascou “tenía plena noción” de que sus actividades comerciales privadas eran insolventes antes de que sus acreedores forzaran el concurso de la empresa que dirigía y aun así tomó medidas que lo agravaron. Por eso, según falló la jueza de concurso Susana Moll, en su caso se configuró “la culpa grave del concursado.”
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El dictamen, a cuyo contenido accedió Búsqueda, se produjo el viernes 6, tras un proceso que comenzó en 2017, cuando el entonces jefe comunal electo por el Partido Nacional cometió una serie de irregularidades en su actividad agropecuaria en los departamentos de Artigas y Paysandú.
La Ley 18.387, que regula el proceso concursal desde 2008 al reemplazar a la vieja ley de quiebras, en el artículo 192 dispone que “el concurso de acreedores se declarará culpable o fortuito” y que se presenta el primer caso cuando “en la producción o agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor”.
El fallo de la jueza Moll, que no está firme, ya que podría ser apelado por la defensa e incluso llegar a casación, inhabilita por cinco años a Bascou a ejercer el comercio y a administrar bienes propios y ajenos “en razón de su responsabilidad en la producción o agravación de la insolvencia y en las omisiones que generaron las presunciones de culpabilidad”.
La magistrada sostiene que “es claro a juicio de la sede, que el concursado tenía plena noción y conocimiento de que no podía cumplir con sus obligaciones desde muchos meses antes de que los acreedores solicitaran su concurso necesario”.
La jueza argumentó que el día fijado por la junta de acreedores Bascou “incumplió con la obligación establecida por el artículo 117 (…) que expresamente dispone el deber de asistencia personal”. Además, su representante legal “no brindó explicación sobre su ausencia” a pesar de que se había votado una prórroga y Bascou conocía la fecha de realización de la audiencia “con seis meses de antelación”.
El concurso de la empresa Agustín Bascou Gil se produjo a pedido de Francisco y Emilio Castellanos, Jorge Navarro y Raff S.A. y Frizum S.A. en agosto de 2017 debido a varios incumplimientos de pago en campos que le arrendaban.
Los acreedores trabaron embargo al exintendente, pero este vendió el ganado prendado por los bancos. Según la magistrada, de las pruebas aportadas surge que “desde el año 2014 no podía cumplir con las obligaciones que se iban generando, lo que se fue agravando severamente al punto de no poder cumplir con los bancos, con el pago de las rentas y ni siquiera cubrir los costos de los cultivos”, llegando a enfrentar 14 juicios “cuyos montos en pocos meses ascendieron a la suma de más de siete millones de dólares”.
El síndico de Bascou había solicitado la calificación como culpable en 2019 por considerar que se habían configurado las causales previstas en el artículo 194 numeral 1 de la norma que refiere al incumplimiento del deber de solicitar el concurso, del numeral 2 relativo a la inasistencia a la Junta de Acreedores y del numeral 3, en relación con el incumplimiento de preparar estados contables anuales.
Insolvencia
En 2018, tanto Bascou como su esposa Adriana Inella fueron denunciados ante la Justicia penal por libramiento de cheques sin fondos, pero las denuncias se archivaron con el argumento de que estaban dispuestos a pagar.
Inella se presentó voluntariamente a concurso para poner sus bienes a disposición y cumplir con las deudas, mientras Bascou pidió que se relacionase el concurso de su esposa con el suyo, asegurando que fueron socios en los negocios.
Por otra parte, la esposa del exintendente fue acusada de “insolvencia fraudulenta” al haber donado a su hija, en fecha reciente, la casa en Mercedes en la que vivían.
La sindicatura sugirió en agosto del 2019 a la Justicia que declarara el concurso de Bascou como “culpable”. “Sin perjuicio de que no resulta fácil determinar en qué momento exacto una empresa pasa a estar razonablemente en condiciones de identificar su incapacidad crítica de hacer frente a sus deudas, entiende la sindicatura que dicho momento debió quedar claro para la empresa mucho antes de la fecha en que se allanó a la solicitud de concurso”, argumentaron los síndicos del estudio Rueda Abadi Pereira.
En abril del año siguiente, un tribunal de apelaciones ratificó la decisión de una jueza de Mercedes de formalizar a Bascou por haber vendido ganado que se encontraba prendado, en el marco de un proceso concursal. La denuncia contra el intendente —que tras ser formalizado en marzo renunció al Partido Nacional— fue presentada por el banco Scotiabank, que tenía para cobrar un crédito de casi US$ 400.000 con Bascou, del cual eran garantía 1.000 vacas y 3.000 novillos de su propiedad.
