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La jueza de crimen organizado Adriana de los Santos asumió competencia en la denuncia que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales presentó contra los titulares de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y citó a declarar como indagado al ex presidente de ese organismo internacional Eugenio Figueredo para el 8 de octubre, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas al caso.
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Tras la muerte de Julio Grondona el 30 de julio, Figueredo pasó a desempeñarse como uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). La organización que rige el fútbol mundial es contraria a que los asuntos civiles o penales que involucran al balompié se diriman en los tribunales de justicia ordinarios de los países y pretende crear arbitrajes especializados u otras instancias similares para dirimir los conflictos. Se especula —porque nunca se divulgó con exactitud— que debido a la denuncia penal presentada por los clubes, y a la presunta injerencia del gobierno de José Mujica en la caída del ex presidente de la AUF, Sebastián Bauzá, la Conmebol ya suspendió temporalmente al fútbol uruguayo de algunas decisiones del organismo internacional en abril de este año.
Según los informantes, en una resolución de dos páginas fechada el 19 de setiembre, la jueza De los Santos afirma que, si bien no desconoce que la Conmebol es un organismo internacional que tiene su sede en Paraguay, a su juicio el juzgado de crimen organizado tiene competencia para investigar los hechos porque los delitos presuntamente cometidos tuvieron lugar en territorio nacional en perjuicio de los clubes y los futbolistas locales.
Más aún, la magistrada señala que uno de los delitos denunciados es el de estafa, que es precedente del lavado de activos, figura para la cual la sede de crimen organizado está facultada a indagar según la ley. En esa línea, recuerda la magnitud de la maniobra, estimada en U$S 68 millones con pérdidas a futuro de U$S 433 millones para los clubes y deportistas, y en función de eso sostiene que los hechos “merecen investigación”.
Las fuentes señalaron que en las próximas semanas también serán citados como testigos el empresario futbolístico Francisco Casal, propietario de la empresa Tenfield, su socio Daniel Gutiérrez y el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Sebastián Bauzá, entre otras personas.
Originalmente presentaron la denuncia, en la sede de crimen organizado, los clubes Peñarol, Miramar Misiones, El Tanque Sisley, Racing, Cerro Largo y Rentistas, aunque finalmente esas instituciones desistieron y la denuncia solo fue ratificada por la mutual de jugadores.
Perjuicios.
En la denuncia, a la que accedió Búsqueda, se afirma que “los clubes uruguayos se han visto perjudicados directamente por las maniobras, así como los jugadores que participaron en esos torneos y en todo su entorno”.
Agrega que las empresas Gol TV y Global (propiedad de Casal) “vienen ofreciendo desde el año 2006 importantes negocios a la Conmebol, como ser la creación de la Copa de Campeones de Libertadores y, a partir del año 2008, la compra de los derechos de televisación de las copas Libertadores y Sudamericana”.
Según un cuadro que acompaña la denuncia, la Conmebol vendió los derechos de televisión de esos torneos a la empresa T&T en U$S 202 millones en un plazo que va del 2011 al 2014. A su vez, T&T luego vendió esos derechos a Fox Sports, que transmite los partidos. Sin embargo —afirma la denuncia— la empresa Gol TV ofreció por ese mismo material U$S 270 millones, es decir una diferencia de U$S 68 millones.
“Dicha situación se estará agravando a partir del año 2015, puesto que la Conmebol ha rechazado una propuesta de Global Sports para adquirir los derechos de TV correspondientes a los años 2015 a 2020 por U$S 805 millones, aceptando otra sensiblemente inferior de la empresa T&T”, que ofreció en el mismo período U$S 381 millones, es decir U$S 433 millones menos.
“T&T Sports es una empresa dirigida por el señor Alejandro Burzaco y en la que tiene un rol importante el señor Eladio Rodríguez, que desde 1999 adquiere los derechos a un precio muy por debajo que el que correspondería y luego los cede a otra, principalmente Fox Sports LA y Rede Globo, a un precio notoriamente superior, por lo cual la diferencia millonaria queda en poder de T&T y la gente que se beneficia ilegítimamente de esta situación, como son los directivos de la Conmebol señores Julio Grondona y Eugenio Figueredo”, prosigue el escrito presentado por los penalistas Jorge Barrera y Víctor Della Valle en representación de los clubes y los futbolistas (Búsqueda Nº 1.762).
“Extorsiva”.
Por su parte, en la contestación de la denuncia la Conmebol cargó sus baterías contra Casal. En un escrito presentado por el penalista Gustavo Bordes se afirmó que el empresario futbolístico utilizó en forma “extorsiva” la denuncia para forzar a que el organismo internacional acepte la oferta realizada por sus empresas para televisar el fútbol.
Más aún, el escrito presentado en la sede de crimen organizado sostiene que en ese proceso existieron “amenazas veladas y directas” para que se “rescindieran los contratos vigentes con otras empresas” y se le otorgaran a Global Sport.
La extensa respuesta de la Conmebol, de casi 70 páginas, se divide en tres capítulos: el primero considera que los hechos denunciados no constituyen delito alguno, el segundo afirma que los clubes y la mutual de futbolistas no denuncian los hechos por sí, sino en favor de la empresa de Casal, Global Sport, y en tercer lugar sostiene que la Justicia uruguaya no es competente para investigar los hechos denunciados.
En otro pasaje del escrito judicial se cuestiona la idoneidad y la solvencia económica de Casal para hacer frente a la oferta de U$S 800 millones que realizó a la Conmebol. “La empresa Global no tiene ningún tipo de patrimonio que avale sus ofertas. Tampoco nunca presentaron aval alguno junto a las ofertas, que pudiera hacer creíble las sumas de dinero que decían podrían abonar”, señala.
Esas cifras “no se condicen con el mercado. Es decir, son tan ilógicas que hacen pensar a cualquier organización que seguramente no se van a abonar”, concluye (Búsqueda Nº 1.763).
