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Tras recibir una denuncia de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior por presuntas irregularidades en el manejo de dinero del servicio especial de vigilancia 222, la justicia especializada en crimen organizado citó como indagados a una decena de policías, entre ellos el actual director de Información e Inteligencia, José Colman, el ex director de Cárceles Horacio Zaugg y el ex jefe de Policía de Montevideo Diego Fernández.
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Ayer miércoles los supuestos involucrados en la maniobra concurrieron a la sede penal a pedido del fiscal Juan Gómez, quien solicitó que designaran abogados defensores, explicaron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso. En estos juzgados especializados es habitual que los indagados cuenten con su defensa desde el inicio de la instrucción.
La investigación que envió Asuntos Internos a la Justicia involucra presuntas irregularidades cuando Zaugg, Colman, Fernández y el resto de los indagados trabajaban en la Dirección Nacional de Cárceles, a comienzos de la actual administración de gobierno, relataron los informantes.
La supuesta maniobra implicaba destinar personal de Cárceles a brindar servicios especiales de seguridad, denominado 222, para empresas privadas en el horario en que debían estar trabajando en establecimientos carcelarios, según las fuentes.
En el sistema 222 el dinero que pagan las empresas privadas y los organismos públicos por ese servicio especial ingresa a las arcas del Ministerio del Interior y después se les paga una parte al efectivo que realiza la tarea de vigilancia y al oficial que lo controla. En la investigación judicial, explicaron las fuentes, se indagará también si ese dinero llegó a las arcas públicas o se lo repartieron entre los involucrados.
Desde que asumieron en 2010, las nuevas autoridades del Ministerio del Interior han intentado cambiar el servicio 222 para terminar con las irregularidades y para lograr que los policías no hagan tantas horas extras. Entre otras medidas, se limitó la cantidad de horas semanales de 222 que pueden trabajar los efectivos y se centralizó el cobró del servicio en la Secretaría General de la cartera.
El caso que indaga la Justicia desde esta semana no es el primero que llega a las sedes penales. En febrero del 2010, el Ministerio del Interior inició una investigación sobre irregularidades que terminó con la destitución de los subjefes de Montevideo, Luis Ituarte, y de Tacuarembó, Carlos Palou. En ese momento, las autoridades de la Secretaría de Estado temían que las irregularidades alcanzaran a varios oficiales más. “No sabemos dónde puede terminar esto. Puede transformarse en algo parecido a lo de la Armada”, dijo entonces un integrante del Poder Ejecutivo (Búsqueda Nº 1.651).