Juzgar con perspectiva de género no es una “moda” sino una “obligación legal”, dice presidente de la Suprema Corte de Justicia

La sede de San Carlos (que funciona en doble turno) es el resultado de una colaboración entre el Poder Judicial, la Intendencia de Maldonado, el municipio y el Club Oriental de San Carlos. Así se logró un acuerdo para arrendar el local donde se instalaron los juzgados. Un mecanismo similar habilitará la inauguración de nuevas sedes en Rivera y en Salto. La “aspiración” es que al final del período de gobierno haya aun más en funcionamiento, dijo a Búsqueda la directora del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero. La jerarca explicó que se priorizó la zona de Maldonado por la cantidad de casos de violencia doméstica y sexual que hay. “Es una zona muy complicada”, señaló.

El presidente de la SCJ aprovechó la instancia para pronunciar un discurso enfático sobre la obligación del Estado de intervenir en las situaciones de violencia doméstica. Y envió un mensaje claro a la interna de un Poder Judicial que aún debate sobre el lugar de la perspectiva de género en las sentencias. “Los ciudadanos pueden preguntarse: ¿es necesario la apertura de un juzgado de género? ¿El enfoque de género es necesario? Y las respuestas a ambas interrogantes no pueden ser más que afirmativas”, dijo.

“La violencia doméstica no es un asunto familiar privado en el que se le han impuesto límites infranqueables al Estado. Todo lo contrario, a este le asiste la obligación de tomar medidas preventivas para preservar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos en las relaciones entre los individuos”, afirmó el ministro. Y añadió: “Tenemos que dejar de ver la violencia de género como algo ajeno o que les pasa a otros y no nos afecta”.

“La discriminación estructural contra las mujeres es un problema público”, enfatizó. La violencia basada en género “la sufren mujeres de todas las edades y sectores sociales” y no “puede ser menoscabado su concepto como si fuera un tema de moda o una premisa de cierto sector de la sociedad”, alertó.

“Juzgar con perspectiva de género lejos de ser una moda jurídica es una obligación legal”, afirmó.

Eso no significa, “como pretenden atribuir determinados sectores”, fallar “a favor siempre de la denunciante, sino contemplar las diferencias que naturalmente existen en la sociedad”. En ese sentido, dijo que la perspectiva de género “no determina adoptar ningún tipo de ideología de género, ni ideología de ningún tipo, sino que es reconocer al fallar que más allá de la igualdad formal existen desigualdades que no pueden ser negadas o invisibilizadas. Negar u ocultar esas desigualdades es indirectamente mantener las diferencias existentes”.

Contradicciones y problemas de competencia

Pese al entusiasmo por la instalación de las primeras sedes de Género, aún persisten dudas sobre cómo se van a resolver ciertos asuntos en la práctica. Sucede que la Ley Nº 19.580 creó estos juzgados con el fin de que unifiquen todos los conflictos que se derivan de las situaciones de violencia: las medidas de protección, la tenencia de los niños, los asuntos laborales, y hasta la parte penal.

Sin embargo, la ley se aprobó apenas después de que se instalara un nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que quitó las investigaciones penales de las manos de los jueces (modelo inquisitivo), y las puso en manos de los fiscales (acusatorio). Es decir, que la competencia para investigar es de la Fiscalía, lo que haría incompatible que un magistrado se ocupe de todos los asuntos. Además, el CPP prevé disposiciones que será complejo armonizar; por ejemplo, el juez que interviene en los asuntos de Familia, laborales y demás, no debería ser el mismo que juzgue la parte penal, ya que estará “contaminado” por su conocimiento del caso. Además, el CPP exige que la primera intervención sea de un juez de garantías y luego pase a uno distinto para la etapa del juicio.

“Va a ser necesario que una comisión de trabajo se reúna a discutir estos temas. Porque no está claro cómo se van a resolver, y se van a empezar a presentar problemas”, comentó un integrante de la cúpula del Poder Judicial.

El asunto fue debatido en Twitter entre varios especialistas. “¿Cómo se armonizan las normas que regulan la competencia de Juzgados de la Ley de Violencia Basada en Género con las del NCPP y los principios del sistema acusatorio?”, planteó el fiscal Carlos Negro. El juez adscripto a la SCJ, Marcelo Patritti, señaló la “contradicción” entre las normas, mientras que el procesalista Gabriel Valentín planteó que los procesos penales regulados por la ley de género se apartan del sistema general. En particular señalaron el problema de que la ley asigne a estos juzgados competencia en los asuntos penales. Eso “claramente afecta el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial”, escribió Valentín. Para la abogada Alicia Deus, una de las redactoras de la ley, eso no sería un problema porque la norma “no dice que entenderá el mismo juzgado en todos los procesos”, y por lo tanto no tiene que haber “contaminación”.

“Está difícil sincronizar un reloj cuyas agujas se mueven en sentido horario, con otro en el que giran en sentido contrario”, acotó el exfiscal de Corte Jorge Díaz.

Para el actual fiscal de Corte, Juan Gómez, está claro que la competencia penal es de la Fiscalía, y así planea que se actúe en San Carlos. Por eso mismo, aprovechó el evento para entregarle un sobre a la vicepresidenta Argimón con un detalle de los recursos y otras necesidades que requiere la Fiscalía para hacer frente a este trabajo. Gómez explicó a Búsqueda que resolvió que la Fiscalía de San Carlos asuma todos los casos penales derivados de violencia basada en género del departamento. Para reforzar el equipo, asignó cuatro técnicos de la Unidad de Género, trasladó a una fiscal adscripta con experiencia en el área, y además otras fiscales rotarán para estar una semana dando apoyo.