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En el puerto de Montevideo el movimiento de contenedores de enero –que totalizó unas 45.000 cajas– reflejó el incremento de las exportaciones de mercaderías. Las solicitudes de exportación crecieron 31% el mes pasado –totalizando US$ 883 millones con las zonas francas– en términos interanuales, informó el miércoles 2 el Instituto Uruguay XXI.
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Según proyecta la Administración Nacional de Puertos (ANP), ese mayor dinamismo de carga y descarga de contenedores continuará en febrero y marzo. Según el presidente de la ANP, Juan Curbelo, la Terminal Cuenca del Plata (TCP), cuyo principal accionista es el grupo belga Katoen Natie, volverá a captar parte de la zafra de la fruta del sur de Argentina.
Esa terminal tuvo un crecimiento récord en su operación en 2021, en un contexto de fuerte crecimiento del comercio exterior, y en medio de la polémica empresarial y política que desató el acuerdo firmado entre el Estado y la multinacional belga en febrero del año pasado.
El “grado de presión”
Las diferencias volvieron al tapete público la semana pasada, tras las declaraciones que el presidente del Directorio de Montecon, Richard von Appen, hizo en la edición pasada de Búsqueda a propósito de la revocación que el Ministerio de Economía realizó a la admisión de una denuncia que esa compañía hizo por presuntas prácticas anticompetitivas en el puerto.
El mismo jueves 27, Katoen Natie rechazó públicamente como “inaceptables“ las expresiones de Von Appen.
Y reiteró que “el marco de la competencia portuaria está regulado por la Ley de Puertos y sus decretos reglamentarios que están vigentes y que fueron ignorados por más de una década”.
Cuestionó el “grado de presión” y la “poca estima” a la reserva de las actuaciones administrativas y judiciales que tiene Montecon, entre otros actores.
E indicó que “TCP continuará insistiendo en la puntual aplicación de todas y cada una de las normas que estuvieran y están en el fundamento de sus inversiones desde 2001“ e incluso llamando “a responsabilidad a quienes insistan en vulnerar el derecho y, sobre todo, la reputación” de la firma.
El fundamento de los belgas es que Montecon denunció como “práctica” y “conducta” anticompetitiva el dictado de normas administrativas, como son los decretos Nº 114 y 115, con los que el Poder Ejecutivo reglamentó la ejecución del contrato firmado que extiende la concesión hasta 2081.