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Del total de 421.222 kilómetros cuadrados que componen el territorio de Uruguay, un 58% es marítimo. El porcentaje incluye a la Laguna Merín, el Río Uruguay, el Río de la Plata, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental. Pese a esta preponderancia del agua sobre la tierra, en la Armada Nacional consideran que en la sociedad uruguaya y en muchas de las instituciones públicas del país existe un desconocimiento general acerca de la importancia del espacio marítimo en términos de biodiversidad, de investigación científica y de potencial de explotación. También creen que hay desconocimiento sobre la importancia de la economía azul, un concepto internacional que se refiere a las actividades que utilizan los recursos marinos o fluviales de manera sostenible.
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Para empezar a cambiar esta situación, la Armada comenzará a apelar a la noción de pradera azul en contraposición a la tradicional de pradera verde que define a Uruguay como un país netamente agropecuario. “El concepto, utilizado como estrategia comunicacional, busca asociar un nombre poderoso, en el cual la población pueda identificar que Uruguay, así como tiene una región verde, correspondiente a su territorio continental, para la producción agropecuaria, también cuenta con una región azul, su territorio marítimo, para explotarla en su beneficio. Por tanto, es un concepto de carácter político-estratégico, que tiene el objetivo de comunicar a la sociedad y otras instituciones nacionales, sobre la importancia de este espacio marítimo de jurisdicción nacional”, señala un documento oficial de la Armada a estudio del ministerio.
El documento contiene la estrategia nacional marítima, diseñada este año para delimitar la forma en la cual el Estado tiene que ocuparse de sus mares. El análisis, al que accedió Búsqueda, apunta a mejorar la capacidad de gobernanza y de soberanía del Estado, con críticas sobre la manera en que se explotan actualmente las aguas uruguayas debido a intereses contrapuestos a nivel público y privado, falta de información, de coordinación, de cooperación internacional y especialmente de recursos para proveer seguridad ante accidentes y ataques de terceros. El resultado es el desaprovechamiento económico de miles de kilómetros cuadrados.
A partir de cálculos realizados en los años 2004, 2005, 2008 y 2019, la Armada concluyó que el 6% del PBI nacional corresponde a actividades marítimas. Este cifra refleja principalmente el “impulso notorio” de la industria portuaria y logística y la intensificación del uso del litoral como fuente de recreación y turismo. Entre los sectores económicos específicos destacados por la Armada se encuentran la pesca, la energía hidráulica, los servicios de almacenamiento portuario y servicios conexos, el transporte terrestre a puertos y los seguros. Todos ellos, según el documento, juegan “un papel fundamental en la economía y el desarrollo nacional” y son exitosos debido a la posición privilegiada de Uruguay en el Atlántico Sur y en los accesos a la cuenca del Plata.
Ese 6% del PBI, sin embargo, está aún lejos de sus posibilidades. Al menos eso concluye el análisis. “Por una suerte de ‘ceguera marítima’, las oportunidades que brinda el mar pasan a menudo inadvertidas, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Y este es el caso de Uruguay, caracterizado por ser un país que ha vivido de espaldas al mar, aunque por su naturaleza y génesis, es un estado marítimo. Por ende, ¿cómo cambiar el rumbo de la historia y poder influenciar positivamente a la conciencia del pueblo y la mentalidad de los gobernantes, para que nuestro futuro esté también íntimamente ligado con el mar?”.
Análisis sofisticado
A pedido del Ministerio de Defensa, la estrategia nacional marítima fue elaborada por un equipo técnico del Estado Mayor General de la Armada, del Control Local del Tráfico Marítimo y de la Cátedra de Estrategia Marítima de la Escuela de Guerra Naval. Además de intentar poner en el ojo público la importancia actual y potencial del territorio marítimo uruguayo, describe los riesgos que el país tiene en sus aguas. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que ya fue sujeto de intervenciones parlamentarias del ministro Javier García e incluso de reproches internacionales de senadores argentinos, es uno de los más comentados en el documento.
La Armada afirma que la pesca ilegal “despierta preocupación” en los países del continente y en particular en los costeros del Océano Atlántico sudoccidental, donde navegan flotas pesqueras extranjeras –especialmente de China aunque también de Corea del Sur, España y Taiwán– en el área adyacente a la zona económica exclusiva de la Argentina y con menor incidencia en el área adyacente a la zona económica exclusiva de Uruguay. “Estas flotas pueden superar los 400 buques pesqueros; muchos de ellos, logísticamente apoyados por buques tanques y los llamados reefers. Estas naves tienen la función de reabastecer en alta mar a los pesqueros, cambiar sus tripulaciones y recibir las capturas de pescado en bodegas refrigeradas. El puerto de Montevideo se ha posicionado como base logística de numerosos buques de pesca extranjeros, recibiendo también la carga de los mencionados reefers”, admite la Armada en su estudio.
La otra gran preocupación es el narcotráfico internacional, que ha encontrado también su sitio en el puerto de Montevideo, punto de salida de cargamentos hacia África y Europa. En coincidencia con reportes de Naciones Unidas, la Armada sostiene que “los esfuerzos” de las agencias de seguridad de Bolivia, Colombia y Perú por contener la producción y comercialización de cocaína han provocado que las organizaciones criminales internacionales estén utilizando la red fluvial de la cuenca del Plata y los puertos de ultramar como vías de tránsito alternativas. El documento afirma que esta tendencia quedó “claramente demostrada” con recientes y reiteradas incautaciones de grandes cargas de droga, realizadas por las autoridades europeas, provenientes de países de la región entre los que estaba incluído Uruguay. Eso, advierte el documento, no favorece “nada” a “la imagen del país y su comercio exterior”.
La piratería, el terrorismo, los vertidos contaminantes, el sabotaje de cables y tuberías submarinas, la ciberamenaza marítima con ataques a los sistemas de navegación y comunicación, los actos contra el patrimonio arqueológico submarino y la investigación científica ilegal son las otras amenazas detectadas en el informe.
Como respuesta, la Armada propone incrementar su capacidad de vigilancia y control del tráfico y actividades marítimas. “Existen demasiadas ‘zonas ciegas’, lo que representa uno de los desafíos más urgentes a atender, debido a las dificultades actuales en cuanto monitorear y comprender el enorme volumen de actividad que se realiza en nuestro dominio marítimo nacional”, señala.
Entre los pedidos están la mejora de tecnología para proporcionar información continua y en tiempo real sobre la identidad, ubicación, velocidad y rumbo de las embarcaciones, ya que para poder combatirlas se requiere “un método de análisis sofisticado”.
