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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvieron en su acuerdo celebrado ayer miércoles 17, llevarse cada uno por separado las recusaciones que han recibido por parte de un grupo de fiscales, para estudiarlas y emitir una opinión en los próximos días. Mientras, con pocas horas de diferencia, se divulgó un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una conclusión crítica sobre la actuación de la corporación en las causas sobre violaciones de derechos humanos en dictadura.
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Según pudo saber Búsqueda, entre los miembros de la corporación predomina la idea de rechazar esas recusaciones, aunque no saben si hacerlo de plano o si la Corte debe ser integrada por ministros de los Tribunales de Apelaciones para resolver este punto. El único ministro que no se encuentra cuestionado es Ricardo Pérez Manrique, quien falló a favor de la constitucionalidad de la ley que en los hechos eliminó la ley de caducidad.
Hasta el momento cinco fiscales han recusado a los restantes cuatro ministros de la corporación con el argumento de que prejuzgaron en las causas de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura (1973-1985), por lo que están impedidos de actuar en esos expedientes.
Para ello toman como base expresiones a la prensa del presidente de la Corte, Jorge Ruibal, quien dijo que los denunciantes se encontrarán con una “muralla” en la Corte porque, con la actual integración, ya tiene jurisprudencia fijada sobre el punto.
Los fiscales que presentaron una recusación hasta el momento son Ana María Tellechea, Carlos Negro, María Camiño, Ariel Cancela y Gilberto Rodríguez.
La recusación que presentó Tellechea —según coinciden todas las fuentes consultadas— será rechazada porque procesalmente no corresponde, debido a que la decisión fue tomada antes de que Ruibal realizara las declaraciones, por lo que es imposible que exista un prejuzgamiento. No obstante, el resto de las recusaciones serán analizadas por los magistrados.
A los miembros de la Corte les causaron sorpresa algunos de los recursos, dado que no entienden por qué se recusa a los ministros Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Julio Chalar, si ellos no realizaron manifestación alguna.
“Son fuegos de artificio a los que lamentablemente ya nos estamos acostumbrando”, cuestionó uno de los ministros.
En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó en su sitio en Internet un documento sobre cumplimiento por parte del Estado uruguayo de la sentencia de condena por el “caso Gelman”. La Corte Interamericana considera que existen luces y sombras en ese proceso. Como ejemplo positivo destaca el reconocimiento por parte del Estado, en un acto público, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y como aspecto preocupante señala la sentencia de inconstitucionalidad de la ley que eliminó la “ley de caducidad” por parte de la mayoría de la Suprema Corte. A juicio del organismo internacional esta resolución habilita que pueda declararse la prescripción de estos delitos, lo que constituye un obstáculo en su investigación.
