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La DGI debe cambiar de actitud y fortalecer su combate al lavado
Uruguay maneja niveles de confidencialidad de su información más duros que Suiza, que hace “lustros” se alejó de esa posición, dice consultor del gobierno
Una persona camina frente a la sede de la DGI en Montevideo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Alejandro Montesdeoca no estaba en el evento para dar buenas noticias. El lunes por la mañana en el auditorio de la Torre Ejecutiva, el consultor contratado por el gobierno presentó la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyas conclusiones exponen la falta de resultados de un sistema con escasos recursos. En esa instancia, el experto fue un poco más crítico de lo que quedó registrado negro sobre blanco en el documento.
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Montesdeoca cuestionó la escasez de transparencia y de acceso a la información por parte de los organismos encargados de combatir el lavado de activos. “Hay muchas restricciones desde el punto de vista de las normas de confidencialidad”, dijo. Sostuvo que si bien esa normativa ayudó a consolidar el sistema financiero uruguayo, “deberían explorarse mecanismos, procedimientos que permitieran, dentro de algunos límites, en un contexto que respete la confidencialidad, intercambiar información tendiente a identificar operaciones sospechosas” de lavado. De lo contrario, añadió, “es muy difícil”.
El consultor, que liderará la redacción de la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dijo que es clave que el país cambie su posición respecto de la confidencialidad de información bancaria, societaria y fiscal. “Es fundamental y es algo a donde el mundo está yendo”, dijo Montesdeoca. “La interpretación que veo que se hace de las normas de confidencialidad en Uruguay atrasa bastante. Años no, décadas. Suiza ya no está ahí. Suiza no está donde está Uruguay hace lustros. Y así es muy difícil realmente detectar operaciones sospechosas”.
En las recomendaciones incluidas en la evaluación que presentó el lunes, Montesdeoca sugirió que la Unidad de Información y Análisis Financiera del Banco Central acceda a datos de la Dirección General Impositiva (DGI). Sostuvo que la Auditoría Interna de la Nación, debería tener acceso también a información de la autoridad tributaria y del Banco de Previsión Social (BPS).
El consultor del gobierno fue particularmente duro con la DGI por su falta de proactividad a la hora de sumar su esfuerzo al combate antilavado, pese a que desde el 2018 la defraudación tributaria es un delito precedente del blanqueo de capitales.
En el documento que presentó, dice que es necesario “mejorar el involucramiento” de la DGI y el BPS, “analizando específicamente sus políticas y procedimientos para el tratamiento y denuncia de posibles casos de defraudación tributaria”. Y añade entre paréntesis: “no siempre estos organismos han optado por denunciar penalmente estos delitos, sino que han priorizado la recaudación en la mayoría de los casos”. Montesdeoca dijo durante su intervención que en los países de la región las autoridades tributarias están creando unidades especializadas en la prevención de lavado de activos. El experto encontró una realidad distinta cuando estudió el sistema local. “Lo que vimos en Uruguay es que la DGI entiende que ellos no tienen nada que ver con el tema lavado, que no tienen nada que aportar en la prevención y el combate al lavado y es una percepción equivocada que tiene que cambiar”, sentenció. “En el mundo cambió y en Uruguay tiene que cambiar”.
La evaluación señala que faltan recursos humanos y materiales en todas las oficinas públicas que cumplen un papel en el combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Y la consecuencia más evidente es que el control antilavado arroja pocos resultados.
“Los casos que genuinamente podemos catalogar de casos de lavado de activos son contados con los dedos de las dos manos, o de una mano y media”, dijo Montesdeoca. Y agregó en seguida: “Solo pudimos ver seis sentencias por lavado de activos, todas ellas por cifras muy pequeñas, donde no hay organizaciones involucradas”. Para el consultor del gobierno, esa cantidad de sentencias no es consistente con el número de casos vinculados a delitos precedentes que se investigan en Uruguay, como el narcotráfico, ni con el “hecho bastante evidente” de que existe “presencia regional de organizaciones” criminales que “manejan bastante dinero”.
Al cierre de su exposición, Montesdeoca detalló los pasos que seguirá para elaborar la nueva estrategia nacional. El proceso incluirá la consulta a los organismos públicos y al sector privado, y luego redactar un “plan preliminar de adecuación”, con plazos de ejecución claros, que identifique las normas que deben modificarse, las áreas donde debe haber mejoras para obtener resultados, la asignación de responsabilidades específicas para cada uno de los involucrados. Ese primer borrador será puesto a consulta y de lo que surja saldrá el documento final, que prevé entregar a comienzos del 2024.
