Empresarios contraponen el costo laboral “real” al “relato” sobre los “salarios bajos”

En el Ministerio de Economía se entiende que, “idealmente”, en la negociación colectiva se deberían contemplar diferentes escalas de ingresos al fijar los ajustes salariales, dijo a Búsqueda una fuente oficial. Un borrador de las pautas para la próxima ronda le fue presentado al MTSS, con la intención de ser entregado al Consejo Superior Tripartito en el transcurso de este mes. La propuesta incluye aspectos “salariales y no salariales”, indicó otra fuente gubernamental.

Menciona, además, “otro aspecto que no puede quedar fuera de la discusión: el costo real del empleo. Sobre el sueldo líquido que cobra un trabajador, el empleador asume un costo adicional del 40% al 42% en aportes patronales, aportes personales, aguinaldos y salario vacacional. Este es un factor clave que debe ser reconocido en cualquier evaluación sobre los niveles salariales y la sostenibilidad de las empresas. Tal vez se deba hablar del costo real del salario desde la perspectiva del empleador”.

Cambadu sostiene que apuesta a un “diálogo constructivo y con mirada integral. No se trata solo de discutir los salarios, sino de generar condiciones para que el trabajo y las empresas sigan siendo viables, garantizando un crecimiento económico que beneficie a toda la sociedad”. En ese sentido, abogó para que la próxima ronda de la negociación colectiva sea “responsable y sensata”, porque “la realidad de la gran mayoría de los empresarios hoy es delicada, y cualquier medida debe contemplar el equilibrio necesario para sostener los empleos y la actividad económica en un contexto desafiante”.

El convenio colectivo del Comercio Minorista de la Alimentación (Grupo 11), negociado en 2023 en la décima ronda de los Consejos de Salarios, tiene dos años de vigencia, hasta junio próximo.

Con una veintena de menciones, los “altos costos de producción” fueron el segundo problema en importancia para el 2025, señalado por los ejecutivos que respondieron a la XXIX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda publicada en diciembre, si bien otros ocho se refirieron específicamente a la preocupación por el incremento de los gastos en mano de obra y los Consejos de Salarios.

Impuesto a las empresas

En el acto por el Día de los Trabajadores, el PIT-CNT propuso la creación de un “impuesto a las ganancias” empresariales que sustituya los aportes patronales, para financiar la seguridad social. El presidente Yamandú Orsi, que presenció los discursos de los dirigentes sindicales, reiteró en rueda de prensa que no está en los planes del gobierno incrementar la carga impositiva.

“Tomamos nota, pero no está en la agenda” aumentar impuestos, reforzó ayer, miércoles 7, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una rueda de prensa en el Club de Golf de Punta Carretas tras disertar ante socios de la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos.

Las ganancias de las empresas ya están gravadas. El Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) recae con un tasa de 25% sobre las ganancias generadas en el país, restando a esa renta bruta los gastos necesarios para obtenerla. Se paga periódicamente a lo largo del año a través de anticipos y un eventual pago de saldo al cierre, conjuntamente con la presentación de una declaración jurada anual presentada ante la Dirección General Impositiva.

En todo el 2024 el IRAE recaudó $ 84.085 millones —unos US$ 2.090 millones convertidos al tipo de cambio promedio de ese año—, una baja de 1,7% en términos reales respecto al 2023, según datos de esa oficina recaudadora.

Por fuera de ese régimen general y conforme a ciertos umbrales y requisitos, las empresas de baja o moderada capacidad económica tienen la posibilidad de tributar por regímenes alternativos, como el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, pequeña empresa o monotributo.

Por otro lado, la tasa general de aporte patronal a la seguridad social es del 7,5% sobre el total de las remuneraciones nominales del trabajador, incluyendo el salario, las horas extras, los aguinaldos, etcétera. Se paga al Banco de Previsión Social al mes siguiente de producida la actividad. En 2023, las empresas realizaron aportes por algo más de un millón de empleados dependientes.