La Dirección de Apoyo al Liberado cambia su modelo de atención y abandona en el interior las dependencias policiales

El traslado se concretó este año y en los últimos meses se dieron algunos cambios, entre ellos, modificaciones en sus jerarquías. Se creó un nuevo cargo de coordinación general de la dirección que ocupa Daniel Fernández, adscripto al ministro Martín Lema, que antes se desempeñaba como coordinador de gabinete del ministerio. Además, el exdirector Gustavo Silveyra fue sustituido por Martín Quiró, funcionario de la Dinali.

El primer cambio de impronta implementado es poner en el interior las oficinas territoriales del Mides como puntos de referencia para los liberados. Eso, además de dejar de lado el tono policial, permite una llegada mucho más amplia y efectiva porque ya hay ahí “una lógica de atención a población vulnerable”.

“Ahora la propuesta programática no es solo de la Dinali sino de todo el Mides”, destacó Fernández.

Anualmente salen de las cárceles unas 7.000 personas. La Dinali cuenta con unos 65 funcionarios para desarrollar su trabajo. Cada mes, en promedio, tienen unas 500 intervenciones con personas que salen de las cárceles. Las intervenciones son consultas realizadas por liberados en oficinas o con técnicos de la Dinali. Varias intervenciones en general corresponden a una misma persona.

Una de las metas que se puso Fernández es ampliar el alcance de la Dinali. Cree que el pasaje a la atención en las oficinas departamentales del Mides permitirá incrementar el número de intervenciones. Además, procura reforzar los recursos humanos con el objetivo de llegar a, al menos, un técnico referente por departamento. En primer término, se propone hacerlo a través de personal que ya trabaja en el Mides.

El trabajo de la Dinali comienza seis meses antes de la liberación. El Instituto Nacional de Rehabilitación le informa de las personas que están próximas a terminar su pena y ahí se da el primer contacto de los técnicos de la dirección con ellas.

En 2020 la dirección abrió una oficina de preegreso dentro del Comcar, que con cinco técnicos trabaja con unos 50 privados de libertad. Ese modelo, que según Fernández muestra resultados exitosos, pretenden replicarlo en la cárcel de Salto.

Récord

No existe una partida económica prevista para quienes salen de las cárceles. En muchos casos, cuenta Fernández, la vuelta a la vida social es con “un boleto y arreglate como puedas”. De las primeras entrevistas con los presos que están próximos a la liberación surge que su principal inquietud es lograr una oportunidad de trabajo. Otro dato que emerge del trabajo de la Dinali reafirma la importancia de la promoción de programas laborales: las personas que pasan por ese tipo de experiencia muestran niveles sensiblemente menores de reincidencia en el delito.

Fernández quiere profundizar esa línea de trabajo y, según él, eso ya está sucediendo. Actualmente hay 314 cupos activos en programas laborales. Es la cifra más alta de los últimos cinco años, en los que el promedio era de entre 240 y 250. El jerarca tiene como meta superar los 500 puestos.

La mayoría de las oportunidades laborales actuales para liberados corresponden a pasantías en convenio con distintas instituciones públicas. La Dinali tiene acuerdos con varias intendencias, con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con OSE, con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y con AFE, entre otros. En el sector privado firmó convenios con la constructora Teyma, con Ingeneer y con la ONG Animales sin Hogar.

La Dinali también pretende expandir sus propias alternativas laborales. Actualmente tiene en sus instalaciones en Montevideo talleres de panadería, carpintería, herrería y aluminio, además de aulas teóricas y una sala de informática. La dirección pretende empezar a comercializar, tanto con instituciones públicas como privadas, los productos elaborados en sus talleres de oficios para de esa manera financiar, al menos en parte, experiencias de trabajo remuneradas. El primer paso lo dará en la panadería en la que próximamente instalará equipamiento por US$ 50.000 y para la que está tramitando la habilitación de Bromatología.

“El Mides tiene más de 80 dispositivos en los que se da comida. También se pueden explorar acuerdos con el INAU y otras instituciones. La idea es que quienes salen de las cárceles puedan tener una experiencia laboral remunerada y que lo que se venda pueda colaborar para sostener esa operativa”, dijo Fernández.

La Dinali tiene convenios con UTU y con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para ofrecer distintas capacitaciones. Con respecto a la formación, el coordinador general cree que, más allá de mantener y fortalecer los cursos de oficios tradicionales, la dirección debe incorporar ofertas “más contemporáneas vinculadas con tecnología para poder acompasarse a las demandas del mercado laboral”.