—Su domicilio figura en unas facturas que presentaron un grupo de ediles en la Junta Departamental de Canelones.
—Ah, no, no. Acá no.
—¿Usted es Hugo Ariel Escaron Blanco?
—Soy yo.
—Su nombre está en un registro público como presidente de esta empresa.
—Ah, no, no.
—Entonces, ¿usted no tiene ni idea de qué es esta empresa?
—No, ni idea tengo.
El caso de la edila De Borba, que entre 2016 y 2017 faltó 502 días a su puesto de trabajo en la Administración de los Servicios de Salud (ASSE) bajo certificación médica mientras asistía a la Junta Departamental de Canelones, puso sobre la mesa un debate bastante más amplio: ser edil es o no un trabajo. El artículo 295 de la Constitución y el 7º de la Ley Orgánica Municipal (No 9.515) dejan explícitamente establecido que se trata de cargos honorarios. La realidad muestra un panorama más complejo y menos transparente.
Sin un criterio unificado, los 19 departamentos fueron implementando sistemas de pagos de diferentes partidas para sus ediles. Formalmente, tienen carácter de indemnización o reintegro de gastos (traslados, teléfono, asesoría, secretaría y representación) en los que los ediles deben incurrir para cumplir con sus funciones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas los observa recurrentemente y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) expresó en más de un caso que las partidas tienen “carácter retributivo” y por lo tanto contravienen la normativa.
En Canelones, la Junta Departamental habilita a los ediles a solicitar el reintegro mensual de hasta 23.000 unidades indexadas (unos $ 105.000 al valor actual) por conceptos de “secretaría personal” o “asesoría técnica”. Para cobrarlo, los representantes deben haber concurrido como mínimo al 66% de las citaciones. En paralelo, hay otro reintegro previsto para los costos de traslado que cubren hasta 505 litros de combustible mensuales.
En marzo de 2019 Búsqueda pidió a la Junta de Canelones, mediante una solicitud de acceso a la información pública, la copia de las facturas que había presentado un grupo de siete ediles entre enero de 2018 y marzo de 2019. El organismo accedió a divulgar los montos que habían cobrado por concepto de reintegro, pero declaró confidenciales las facturas.
Según figura en la respuesta que dio, la Junta informó a los ediles implicados respecto al contenido de la solicitud de acceso a la información pública y les preguntó si daban su consentimiento para divulgar las facturas. En todos los casos los ediles se negaron. La resolución firmada por el presidente, Edgardo Duarte, en marzo de 2019, argumentó la negativa así: “Dicha información, la Junta la posee únicamente en calidad de depositaria y a los solos efectos de que el edil acredite el gasto que se pretende cobrar, pero no es parte en dicho negocio jurídico, del cual son parte el edil y quien emite la factura”.
La justificación de que se trata de un negocio entre particulares del que la Junta Departamental es meramente depositaria fue desestimada y cuestionada por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), dependiente de Presidencia de la República. En un informe de diciembre de 2019, indicó que la rendición de cuentas de esas partidas es obligatoria y “no es privada”.
“No es de recibo argumentar que los ediles son simples particulares que hacen negocios con otros particulares, porque no se corresponde con la realidad ni con el régimen legal vigente: se trata de representantes elegidos por el pueblo que utilizan fondos públicos y están obligados a rendir cuentas”, replicó.
La UAIP consideró también que la Junta no debió pedirles el consentimiento a los ediles porque no se trata de datos personales.
“Se trata de información en poder y bajo control del organismo, por ende, reviste el carácter de pública y, además, es vital para la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos o fondos públicos utilizados por los ediles”, concluyó.
Hasta hoy la Junta Departamental sigue sin brindar la información solicitada. Sí, a través de una solicitud de acceso a la información pública posterior, envió las facturas presentadas por esos mismos siete ediles entre agosto y octubre de 2019. Las correspondientes al período enero de 2018 y julio de 2019 volvió a declararlas confidenciales remitiéndose primero a su pronunciamiento anterior y luego dando cuenta de un nuevo mecanismo de clasificación: los ediles podían escribir “confidencial” en el “anverso” de las facturas que presentaban y de esa manera quedar amparados.
Entre las facturas que sí fueron proporcionadas por la Junta destacan las de Dariemas S.A., que en tres meses cobró $ 1.174.096 por asesorar a cuatro ediles. A diferencia del presidente de la sociedad anónima, que no recordaba tener una empresa ni haber brindado esos servicios, el edil Alejandro Repetto (Partido Nacional) dijo que esa empresa les dio asesoramiento financiero relativo al presupuesto.
“Vinieron profesionales, nos dieron las explicaciones y les pedimos las facturas”, explicó consultado por Búsqueda.
En la respuesta de la Junta también hay facturas de la escribana Yaqueline Umpiérrez. La profesional dijo a Búsqueda que le brinda “asesoramiento técnico” permanente al edil Henry Sugo y que efectivamente le cobra montos que rondan los $ 90.000. Algo similar declara Isabelino González, cuya factura era presentada por el edil Joselo Hernández. Según dice, le brinda por esos mismos montos asesoramientos vinculados a la comunicación al edil y sus tres suplentes.
Entre los meses declarados confidenciales por la Junta Departamental, según confirmó Búsqueda con diversas fuentes, varios de esos siete ediles cobraron el reintegro de asesorías técnicas con facturas de nombre Sebastián Andújar Álvarez de Ron y el RUT 00020079920017. Sebastián Andújar era por entonces diputado del Partido Nacional por Canelones y renovó su banca en las elecciones pasadas.
Repetto confirmó esa situación. Según su relato, unos cinco ediles blancos y colorados presentaron las facturas más de una vez. Entre ellos, además de él, las utilizaron Henry Sugo (Partido Nacional), Fernando Melgar (Partido Colorado) y Gustavo Maeso (ex Partido Colorado, actualmente Frente Amplio).
“En ese momento Andújar tenía contador, abogado y nos ayudó”, indicó.
De acuerdo con los montos equivalentes al tope de reintegro por asesorías técnicas en 2018, en un solo mes de asesoramiento, la empresa de Andújar facturó unos $ 350.000, calculó Búsqueda.
En 2015 el ahora presidente Luis Lacalle Pou decidió expulsar de su sector a Andújar, tras detectar que había incurrido en “conductas personales indebidas”, como la emisión de cheques sin fondo, la falsificación de firmas y una acumulación importante de deudas. En 2017, tras regularizar su situación y a través de la mediación del entonces diputado Gustavo Penadés, Andújar volvió al sector Todos.
Búsqueda intentó comunicarse con Andújar para obtener más detalles de los asesoramientos brindados, pero no obtuvo respuesta.
Repetto aprovechó la discusión que abrió el caso De Borba, quien dijo que ser edil no es un trabajo, para reivindicar la tarea compleja que desarrollan en la Junta Departamental. “Para mí ser edil es trabajo, pese a que la Constitución dice que no se cobra. Es trabajo, pero los políticos no lo defienden. Muchos dirigentes políticos que fueron ediles y sufrieron este sistema después se olvidan de pelear para que el edil tenga un reintegro transparente”, dijo convencido.
Retribución encubierta.
Aunque en general evitan entrar en detalles, el problema latente detrás del trabajo “honorario” de los ediles es reconocido en términos generales por varios de los actores de la política departamental. En una nota de la diaria del mes de febrero varios ediles de distintos partidos y departamentos reclamaban una reforma que estableciera una remuneración clara y evitara los “métodos alternativos”.
La discusión sobre la función que cumplen las partidas que cobran fue abordada al menos en dos casos por la Jutep. Tanto en una denuncia vinculada al departamento de Maldonado como en otra de Soriano, el organismo entendió que las juntas estaban violando el artículo 295 de la Constitución, que dice que la tarea de los ediles es honoraria.
En Maldonado, el pronunciamiento de la Jutep tenía como centro una partida que habían aprobado los propios ediles cuya finalidad era “el mejor cumplimiento de su tarea” en 2015”. El sistema diseñado canaliza los pagos a través de los sectores políticos (sublemas) con representación en la Junta y pretende cubrir gastos de asesoramiento, transporte, funcionamiento y representación. En enero de 2018, según la resolución que publicó la Junta Anticorrupción, la partida ascendía a $ 37.294 por edil. En su análisis la Jutep concluyó que ese sistema tiene una “naturaleza retributiva”.
“Tiene un monto fijo, no requiere ningún tipo de justificativo y ni siquiera se controla que se cumpla con el destino previsto”, señala entre otros numerosos argumentos. El organismo elevó su informe a la Junta Departamental a mediados de 2018 y exhortó a los ediles a dejar sin efecto la partida.
El pronunciamiento sobre Soriano se dio también por esos meses. La intervención de la Jutep en ese caso fue a pedido de la jueza Ana Julia Fuentes, que tenía a su cargo una denuncia contra los 31 ediles de la Junta por el cobro de una partida presupuestal. Esos pagos, que tenían el cometido de cubrir gastos de traslado, constituían en realidad —según el denunciante— una “retribución mensual”. En ese momento la partida tenía un valor equivalente a 40 unidades reajustables.
De nuevo, la Jutep consideró que había “naturaleza retributiva” en el sistema implementado y que eso violaba el artículo 295 de la Constitución. En el relevamiento que hizo comprobó que, igual que en Maldonado, el cobro no requería que los ediles presentaran “documentación respaldante” de los gastos en que habían incurrido.
En ambos casos, los gastos de las juntas habían sido observados por el Tribunal de Cuentas, que también señaló un comportamiento contrario a la Constitución. Ese organismo tiene desde diciembre de 2010 una especie de instructivo para el control de las partidas que cobran los ediles, recogido en una resolución. Entre otros elementos, el texto sostiene que los gastos que se reintegren deben ser de “alimentación, alojamiento o traslado”, que deben ser “rendidos en forma diferenciada” cada mes, con “documentación respaldante” y “declaración jurada”. Otro punto establece que los “contadores delegados” deben observar “las partidas que se abonen con destino a gastos de secretaría, asesoramiento y similares”.
Información Nacional
2020-07-09T00:00:00
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