Cuando en febrero de 2017 el Cambio Nelson, propiedad del empresario y exdirigente colorado Francisco Sanabria, cerró todas sus sucursales de forma repentina, empleados, redes de cobranza asociadas y empresas que le proveían servicios quedaron en la incertidumbre. Pero un grupo de personas recibió con especial amargura la noticia. Eran quienes utilizaban los servicios del cambio como una suerte de banco: depositaban allí su dinero y cobraban intereses. Con el abrupto cierre de los locales corrían riesgo de que sus ahorros se esfumaran.
Varios de ellos presentaron impugnaciones, pero según surge de los expedientes que se tramitan en el Juzgado de Concurso de 1º turno, consultados por Búsqueda, la decisión del síndico fue ratificada por la jueza Susana Moll.
Los depósitos de clientes del cambio eran de varios miles de dólares y, en algunos casos, de cientos de miles. Un médico traumatólogo de Maldonado tenía, al momento del cierre, casi US$ 850.000 en la casa cambiaria.
También fueron rechazadas las apelaciones que se presentaron contra las resoluciones de la magistrada. Incluso, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º turno decidió en una sentencia del año pasado que los reclamantes se hagan cargo de los costos del juicio.
Así, las deudas de Sanabria —que él mismo había estimado en US$ 8,7 millones— se redujeron considerablemente. Fuentes judiciales informaron a Búsqueda que el pasivo que fue reconocido por la Justicia posiblemente pueda ser cubierto con los activos del cambio. Parte del dinero del que disponía el cambio ya fue recuperado por la Justicia, mientras que resta otra parte, como un fondo depositado en el Banco Central como garantía para la operativa.
Ahora, los principales acreedores del concurso —que se espera que culmine en los próximos meses— son los exempleados de la empresa, ya que los trabajadores tienen prioridad para cobrar sus deudas. Además, el síndico reconoció como acreedores a organismos del Estado y a empresas privadas que les brindaban servicios.
Las fuentes dijeron que todavía no se sabe a cuánto ascienden los activos que podrán ser recuperados, por lo que todavía no pueden asegurar que todas las deudas sean cubiertas. En ese sentido, lamentaron que varios cheques a nombre del cambio o de Sanabria pendientes de cobro, que fueron incautados por la Justicia penal, se vencieron. Tramitar esos pagos hubiera permitido incrementar el dinero disponible para los acreedores, criticaron.
También explicaron que la demora en terminar el concurso y habilitar los pagos a los exempleados se debe a que aún están en curso juicios laborales de algunos de ellos para determinar cuánto es el crédito que deben cobrar. Una vez que se culminen esos procesos, el concurso podrá finalizarse y ejecutar los pagos.
Créditos sin validez.
Una de las personas que eligió depositar su dinero en el Cambio Nelson fue un médico traumatólogo de Maldonado que atendía al gerente general del cambio, Nelson Calvete. Además, era amigo de Wilson Sanabria, según declaró en la Justicia. Al momento del cierre intempestivo del negocio, tenía casi US$ 850.000 depositados allí.
El especialista fue uno de las decenas de afectados que quedaron fuera del concurso. En un fallo de mediados del año pasado, que rechazó una impugnación presentada por el médico contra la decisión de la sindicatura de no reconocer su crédito, la jueza Susana Moll señaló que el dinero se hallaba depositado “en una casa de cambio que realizaba operaciones no lícitas y que no podían por tanto reflejarse legalmente en su contabilidad”.
Según la magistrada, el “contrato de depósito” que el médico pretendía que fuera reconocido “está prohibido por la ley, tiene objeto y causa ilícita y tampoco fue realizado siguiendo la reglamentación que corresponde al mismo, por lo que no tiene validez ni eficacia jurídica”.
Cuando fueron interrogados en sede judicial, tanto Sanabria como Calvete dijeron que desconocían si el monto reclamado por el médico había sido depositado en el cambio, y aseguraron que las características del acuerdo habían sido acordadas con el fallecido Wilson.
Parte del dinero del que disponía el cambio ya fue recuperado por la Justicia, mientras que resta otra parte, como un fondo depositado en el Banco Central como garantía para la operativa.
Pese a que el especialista de la salud presentó copia de los balances del cambio, donde estaba reflejado el dinero que poseía a su favor, el síndico del concurso consideró que esa documentación, al igual que la información contable de Camvirey S.A. incautada por la Justicia, no reunían “las condiciones formales que la ley obliga para que la misma sea jurídicamente cierta y segura”.
La magistrada estuvo de acuerdo. Los estados de cuentas presentados por el médico, “que supuestamente refieren a depósitos, retiros, intereses en determinado periodo, no acreditan de manera alguna la existencia de un contrato de depósito regular o irregular y el resto de los medios probatorios allegados tampoco acreditan el mismo con la fuerza suficiente para considerarlo un crédito legítimo dentro del concurso”, resolvió.
La misma suerte corrieron otras personas que habían depositado dinero en el cambio y que intentaron ser reconocidos por el concurso. En algunos casos, los depositantes directamente no se presentaron a reclamar sus créditos, ya que “un buen abogado les habrá dicho de entrada que no lograrían nada”, evaluó una fuente. En otros casos decidieron presentarse e incluso impugnar y luego apelar la decisión de excluirlos, pero todos fueron desestimados.
Dos empresas agropecuarias propiedad de Francisco y sus hermanos Paula y Guillermo Sanabria también fueron a concurso. En ese caso, el trámite finalizó con la firma de un convenio con los acreedores, que fue aprobado en febrero de 2019 y se está ejecutando en este momento. Los activos de ambas empresas superaban ampliamente el pasivo, ya que ascendían en febrero de 2017 a $ 777 millones, y las deudas con los acreedores eran de $ 345 millones, de acuerdo al expediente.
“Ese no es tema mío”.
Las imágenes que rápidamente se difundieron en los medios el 22 de febrero de 2017 mostraban un cartel pegado en la puerta de algunos locales de Cambio Nelson: “Cerrado por reorganización empresarial”. El teléfono celular de Francisco Sanabria —hijo del fallecido senador colorado Wilson Sanabria—, estaba fuera de servicio. Poco después se supo que había viajado a Estados Unidos. En un audio de WhatsApp enviado a sus conocidos dijo que estaba “buscando soluciones”.
Las denuncias contra el cambio y su dueño se acumularon rápidamente. Un mes y medio más tarde, y pese a que pocos creían que sucedería, Sanabria regresó a Uruguay y enfrentó a la Justicia. Tras pasar un año y medio en la cárcel, procesado por lavado de activos, libramiento de cheques sin fondo y falsificación ideológica, el empresario y exdirigente colorado consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria y más adelante la libertad provisional. Hoy vive en una casa en Punta del Este, junto a su hermana y su madre, donde está a la espera de que culmine el juicio en su contra.
En una entrevista con el diario El Observador en enero de este año, el empresario dijo que “si alguien logra comprobar, en el área que sea, que fue perjudicado por el caso Sanabria, existen millones de dólares para que se le pague a través de los concursos existentes. Millones entre bienes y efectivo”.
“Es más —añadió—, he tenido casos de cuatro personas que manifestaron en su momento que le entregaron a Calvete dinero y cuando fueron a hablar con él, les dijo que hablen conmigo. Ese dinero no lo han recuperado, todo esto me lo han dicho con mucho respeto, y yo los he orientado para que hagan los procesos pertinentes para conseguir ese dinero. Si después la Justicia lauda otra cosa, ese no es tema mío pero yo no tengo por qué no creer en esa gente”.
