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    miércoles 05 de junio de 2024

    La Suprema Corte analizará modificar resolución para habilitar uso de tobilleras en menores

    El Ministerio del Interior había pedido en abril a los jueces que evitaran dictar medidas de monitoreo electrónico a menores, pero tras femicidio de Valentina Cancela transmitió una posición más flexible

    Los ministros de la Suprema Corte Justicia estudiarán si es necesario modificar la decisión que adoptaron en 2019 y en la que establecieron que los dispositivos de monitoreo electrónico para situaciones de alto riesgo en violencia doméstica y de género pueden imponerse solo en personas mayores de 18 años, confirmaron a Búsqueda dos fuentes judiciales.

    La acordada N° 8.028, que será sujeta a revisión por el máximo órgano del Poder Judicial, quedó en el centro de la discusión política y técnica tras el femicidio de la adolescente Valentina Cancela a manos de su expareja también menor de edad.

    El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, fue uno de los primeros en plantear la dificultad que provocaba la acordada de la Corte, un documento con el que el organismo da instrucciones a los magistrados. “Las tobilleras están sobrando en el ministerio”, pero “nosotros somos auxiliares de la Justicia y no podemos poner la tobillera porque queramos”, dijo el 17 de agosto y especificó que había más de 150 disponibles para ser utilizadas.

    Mediante un comunicado primero y luego en declaraciones de su presidente, Leonardo Méndez, el sindicato de jueces dijo que las de Heber fueron “expresiones incorrectas”. Recordó que la resolución dispuesta cuatro años atrás por la Corte fue “dictada en coordinación con el Ministerio del Interior” y que por “razones jurídicas y técnicas” es necesario que el dispositivo se instale en mayores.

    Los magistrados indicaron que la cartera cuestiona e incluso ha negado la colocación de tobilleras en algunos casos que involucraban a menores pese a la solicitud de los magistrados.

    Este miércoles 23 de agosto, Heber respondió a los jueces en rueda de prensa y aseguró que “las acordadas son propias del Poder Judicial” y no involucran al Ministerio del Interior. El ministro agregó: “Si el juez determina que se tiene que poner la tobillera, la ponemos a quien determina el juez, sea menor o mayor”.

    Antes del femicidio de Cancela, sin embargo, esas posturas no estaban tan claras. El 13 de abril del 2013, durante una reunión interinstitucional vinculada al monitoreo electrónico en materia de violencia doméstica y de género, la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) del ministerio advirtió que los juzgados con competencia en familia especializada, violencia doméstica y género estaban disponiendo el ingreso al Programa de Tobilleras a personas que no cumplían los requisitos de acuerdo a la reglamentación y la acordada de la Corte. A modo de ejemplo, según un informe sobre la reunión al que accedió Búsqueda, hicieron referencia a personas con discapacidad auditiva, no videntes, una persona con autismo, víctimas y ofensores menores de 18 años.

    Fuentes judiciales indicaron que en una reunión de coordinación mantenida el martes 22 con los jueces de familia especializados, la Dimoe transmitió que, pese a la acordada, se dará un cambio en la tesitura y una flexibilización de la cartera en la instalación de tobilleras electrónicas en menores de edad.

    Argumento para sentencias

    La Base de Jurisprudencia Nacional Pública, disponible en la página web del Poder Judicial, incluye dos sentencias de tribunales de Apelaciones que hacen referencia a la acordada N° 8.028 de la Suprema Corte de Justicia para negar la utilización de tobilleras electrónicas para víctimas menores de edad.

    La primera, de 2020, es sobre el caso de un imputado por reiterados delitos de abuso sexual y violación contra dos niñas —una de ellas, su hija biológica—, donde el fallo del Tribunal de Apelaciones de 3er turno determinó que correspondía la prisión preventiva para el hombre. La Justicia había resuelto la instalación de una tobillera como medida cautelar, pero la Dirección de Monitoreo Electrónico de la Dirección General del Centro Comando Unificado del Ministerio del Interior le comunicó que no se podía “dar cumplimiento”. Los argumentos que utilizó fueron que en ese momento los dispositivos solo se aplicaban en Montevideo y hasta 40 kilómetros alrededor, además de que las víctimas eran menores de edad y estaban impedidas a ingresar al Programa de Tobilleras teniendo en cuenta la acordada.

    La sentencia, a la que accedió Búsqueda, también señala que el artículo 82 de la Ley 19.670 establece que debe recabarse el consentimiento expreso de la víctima para ser usuaria del Programa de Monitoreo Electrónico, “consentimiento que en este caso, por ser las víctimas menores, no pueden otorgar”.

    También plantea que a la imposibilidad de colocación del dispositivo electrónico debía sumarse el riesgo de fuga por vivir a pocas cuadras de la frontera con Brasil y el peligro para la seguridad de las víctimas.

    En otra sentencia, el Tribunal de Apelaciones de 1er turno confirmó en 2022 la prisión preventiva para un imputado por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. Tuvo en cuenta la posibilidad de que, de aplicarse la prisión domiciliaria, accediera a medios electrónicos para comunicarse con la víctima y el riesgo para la menor, que tenía 48 años de diferencia con el hombre.

    El fallo incluye el argumento esgrimido por la Fiscalía, que analizó el elenco de medidas alternativas, pero concluyó que en Maldonado era imposible el arresto domiciliario con un dispositivo de monitoreo porque no había y también porque la acordada Nº 8.028 del máximo órgano del Poder Judicial dispone que las personas que lo porten tienen que ser mayores de 18 años y la víctima tenía 13.

    Obstáculo

    El presidente del gremio de magistrados dijo a Búsqueda que la acordada vigente es un “obstáculo” para los jueces, porque “no es tan sencillo” tomar una resolución contraria a la norma establecida por las jerarquías, por lo que considera que deberían analizarla y eventualmente aggiornarla.

    El representante de los jueces consideró que es complejo resolver en casos donde las víctimas o los agresores son menores de edad porque la ley obliga a tutelar el interés superior de ambos. Además, se debe contar con informes técnicos en el caso de la instalación de tobilleras que son realizados por el Instituto Técnico Forense, que se encuentra “saturado” y por tanto registra demoras.

    De todas maneras, Méndez planteó que “lo grave” es que se “reduzca la problemática de género a tobilleras sí o no”, porque “es banalizarla”. “Nos quedamos con el final de la historia y no con la causa”, aseguró.

    Información Nacional
    2023-08-24T00:18:00