Uruguay está “esperando por el motor del crédito”, ya que, a diferencia de otros países de América Latina, no registra un auge en la concesión de préstamos que actúen como combustible del actual ciclo de crecimiento económico. Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IFI), eso ocurre en un sistema bancario que soporta “altos costos” operativos asociados al fuerte poder sindical, una regulación que se tornó excesiva después de la última crisis de 2002 y una amplia participación de mercado de las entidades estatales que quita competencia.
Creada en 1983 en respuesta a la crisis de la deuda, el IFI es la única asociación mundial de instituciones financieras —con más de 450 miembros de más de 70 países— y tiene su sede en Washington. Tras un impasse de casi cinco años en que redujo su atención sobre Uruguay, recientemente retomó el seguimiento del país y en ese marco publicó a fines de agosto un análisis al que accedió Búsqueda.
Bajo el título “Uruguay: esperando por el motor del crédito”, diagnosticó algunos problemas del sector bancario local.
El sistema se destaca por su “estabilidad” —con “muy altos niveles de liquidez” y amplia cobertura de los créditos incobrables— y la “baja rentabilidad” del negocio de intermediación financiera.
El volumen de préstamos bancarios creció en los últimos años, sobre todo destinados al consumo y en pesos, pero lo hizo menos que los depósitos. De hecho, en proporción al Producto Bruto Interno (PBI) se ha “estancado” en un nivel de entre 20-25%, lo que es “relativamente bajo” y se ubica “muy por debajo” del nivel de 2005. Eso diferencia a Uruguay de otros países de la región, en donde el crédito está en “auge” en un contexto de expansión económica, explica el IFI.
La banca en Uruguay tienen “importantes activos, por valor de dos tercios del PBI, pero dirige un bajo porcentaje de los recursos hacia el sector privado nacional y una elevada proporción a los préstamos al extranjero”, remarca.
Un aumento en relación entre el crédito y el Producto “sigue siendo fundamental para el sostenimiento de un crecimiento fuerte” que dé, además, “mayor tracción a la política monetaria”.
Las razones
Las causas son varias, según su análisis, como las “normas bancarias más estrictas” que siguieron a la crisis de 2002 —cuando el sistema uruguayo enfrentó una grave corrida y terminaron cerrando cinco instituciones financieras—, “altos costos operativos que pesan sobre las ganancias” y “factores externos adversos”, como por ejemplo las necesidades de las matrices de acceder a fondos.
El IFI constata además una “débil demanda de crédito”. Explica que muchas empresas han recurrido a la reinversión de utilidades y al financiamiento de sus matrices, y que los consumidores se muestran “cautos al asumir una deuda desde la crisis de 2002-03”.
También identifica factores regulatorios. En ese plano, señala que las autoridades “apretaron” las normas luego de dicha crisis e impusieron por ejemplo mayores requerimientos de reserva para los depósitos de extranjeros y en divisas, un sistema de clasificación de préstamos más sofisticado y limitaciones para el grado de exposición al riesgo de incobrabilidad. “Estas reglas, y un sistema de provisionamiento dinámico, han reforzado la estabilidad, pero pesaron en la rentabilidad” de las instituciones, asegura.
Los costos operativos de la banca uruguaya son otra de las explicaciones para el tíbio despegue del crédito, según el IFI: “Incluso después de la limpieza de los balances desde la crisis, las ganancias de los bancos se han visto limitadas por un alto nivel de sindicalización que contribuye a altos costos de operación”. La ecuación costo-ingresos está “muy por encima” de países similares —en 80%—, lo que “desalienta” la instalación de bancos extranjeros y “mantiene el sistema menos competitivo”.
Asimismo, los “estrechos márgenes” de ganancias también pueden desalentar la concesión de préstamos a clientes de mayor riesgo, sostiene el instituto.
Dominantes.
Al describir el mercado local, señala que dos de propiedad estatal —el República (BROU) y el Hipotecario— tienen una participación “dominante”, con 45% de los créditos y depósitos, en tanto que operan 11 entidades privadas.
Los bancos oficiales “son utilizados por el gobierno para avanzar en los objetivos políticos”.
El BROU dedica una “mayor proporción de fondos para los consumidores y las iniciativas sociales y menos a las grandes corporaciones y las inversiones del extranjero”. Aclara, no obstante, que desde 2006 realizó licitaciones anuales de financiamiento para proyectos de inversión sobre la base de las “prioridades de gobierno, incluyendo la creación de empleo, el valor agregado y la dispersión geográfica”.
Según el IFI, los bancos públicos “han promovido la desdolarización” mediante el otorgamiento de líneas de financiamiento en pesos ajustables por la inflación.
El BROU cuenta con “algunas ventajas sobre los bancos privados que reducen su exposición al riesgo de crédito, lo que le permite cobrar menores tasas de interés”, observa en su análisis. En primer lugar, tiene la condición de ser acreedor preferente en procedimientos de quiebra por encima de sus competidores. En segundo lugar, sirve al “amplio sector público” de Uruguay y también puede deducir los pagos de intereses de los salarios de los clientes.
El carácter público del BROU tiene, sin embargo, algunas desventajas, acota: los depósitos del gobierno (10% del total) están sujetos al 100% de encaje legal y el “perseguir los objetivos considerados prioritarios por el gobierno pesa en la rentabilidad”. En 2011, el República tuvo un retorno sobre los activos de 2,1%, frente al -0,2% entre los bancos privados, indica.
Lecciones.
En el informe se exponen algunas “lecciones”.
Si bien la recuperación del crédito normalmente se rezaga frente a la recuperación económica después de las crisis debido entre otras cosas a la aversión al riesgo, este proceso “ha sido particularmente pronunciado en Uruguay. Esto refleja en gran parte el hecho de que las autoridades cometieron un error en el lado de la precaución desde la crisis de 2002-03”. Ello porque la regulación “permitió proteger la duramente ganada estabilidad” del sistema pero sin darle dinamismo al negocio bancario. El IFI ve en algunas medidas recientes pasos positivos en esa dirección.
Por otro lado, la “dependencia excesiva” del aumento de los fondos que los bancos están obligados a mantener inmovilizados (encajes) como mecanismo para contener la inflación, en lugar de la aplicación de una política fiscal y salarial “más restrictiva, podría poner en riesgo el afianzamiento de los elevados niveles de liquidez, lo que socava la rentabilidad y dificulta la recuperación de crédito”, advierte.
A su vez, una mayor competencia bancaria también ayudaría a impulsar el crédito. Con “su poder de mercado y la situación privilegiada”, el BROU “podría limitar la competencia e impedir un aumento más rápido de la relación entre crédito y el PBI”.
