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“Debimos tener en cuenta el debate del Presupuesto cuando acordamos cambiar la fecha de las elecciones”, dijo entre risas esta semana un diputado de la coalición de gobierno cuando evaluó el trabajo que realizó hasta ahora la comisión que analiza el proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo y cómo esa actividad se mezcló con los actos electorales.
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La campaña para las elecciones del domingo 27 afectó en parte el trabajo de la comisión, ya que esta semana no recibió a las delegaciones de las distintas reparticiones del Estado. De todas formas, y en medio de actos de campaña, los legisladores de la coalición mantuvieron dos reuniones para comenzar a despejar los artículos en los que hay acuerdos y separar aquellos que provoquen debate.
El texto tiene 690 artículos, y en las reuniones de la coalición quedó claro que hay diferencias con varias de las propuestas. “Pretendemos dar la más amplia y profunda discusión en esta etapa para allanar el camino al Senado”, comentó Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional. El legislador dijo que se busca “encontrar mejoras, sabiendo que el punto de partida es muy complejo y que el margen por lo pronto, para el primer año, es muy pequeño”.
El colorado Conrado Rodríguez dijo que la coalición decidió realizar un cambio respecto a la discusión de anteriores presupuestos, porque ahora analizarán qué cosas se podrán incorporar de las propuestas presentadas por los organismos que integran el denominado “artículo 220” de la Constitución. Según la Carta Magna, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y algunos entes autónomos y servicios descentralizados presentarán al Poder Legislativo su propio proyecto de Presupuesto. Rodríguez dijo que, para el caso de los primeros cuatro organismos, hay acuerdo en la coalición en analizar lo que presentaron y ver qué se puede incorporar. “Hay normas proyectadas que no tienen costo y se puede discutir su aprobación”, afirmó. En caso de que haya artículos que impliquen gastos y se consideren importantes, se “buscará plata dentro de la reasignación de recursos”.
Un camino similar es el que recorrerá el proyecto de Presupuesto presentado por la Universidad de la República. El rector Rodrigo Arim advirtió a los legisladores que la falta de recursos puede afectar los cargos docentes de alta dedicación, las becas y los procesos de descentralización.
Los integrantes de la coalición también analizaron esta semana el pedido del Poder Judicial de recibir más recursos para cumplir con lo establecido en la Ley 19.580 sobre violencia hacia la mujer basada en género. El martes 22, la bancada de diputados de la coalición se reunió con la vicepresidenta Beatriz Argimón para trabajar sobre cómo cumplir con la ley. En la coalición hubo quejas porque la ley, aprobada durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, no cuenta con los recursos necesario para su puesta en marcha efectiva. “En la retórica desde el Frente Amplio se decía que se había logrado avanzar, pero la ley hoy es una cáscara vacía”, dijo el diputado Rodríguez.
El Poder Judicial presentó un proyecto de Presupuesto en el que se solicita recursos para crear 14 juzgados letrados sobre violencia hacia las mujeres basada en género. El costo total anual del artículo que crea estos juzgados es de $ 343.071.312.
En el oficialismo ven difícil cumplir con todo lo que pide el Poder Judicial de inmediato. La alternativa es hacerlo por etapas.
Diferencias
Según un relevamiento entre los legisladores de la coalición, entre los artículos y capítulos que están causando diferencias en la interna aparece el referido a los sueldos de los funcionarios públicos. Los partidos trabajan para que no haya una pérdida salarial en los trabajadores, dijo una fuente consultada.
Otro punto para discutir es el alcance del artículo 15 del proyecto porque, de aprobarse sin cambios, hará que aquellos funcionarios que estén más de un año en la lista de personal a redistribuir o sin destino pasen a retiro o a cursos de capacitación para su “readecuación funcional”. Esa iniciativa genera preocupación en los sindicatos.
También ocasiona dudas el artículo 28, referido a las licencias y certificaciones de los funcionarios públicos. El texto establece que todos los funcionarios presupuestados o contratados —excepto los magistrados del Poder Judicial, diplomáticos y funcionarios de entes autónomos y gobiernos departamentales— “no tendrán derecho a percibir retribución alguna por un período de hasta tres días de licencia por enfermedad. A partir del cuarto día de inasistencia hasta su reintegro a la actividad, su remuneración será el equivalente al 70% (setenta por ciento) de su salario por todo concepto”. Al respecto, el diputado Rodríguez planteó una redacción alternativa, por la que, en lugar de no cobrar los primeros tres días certificados y 70% a partir del cuarto día, que los funcionarios tengan siete días de licencia por enfermedad al año y al octavo comience el descuento, según informó la diaria el miércoles 23.
Otro tema que produce diferencias es el artículo que habilita el aumento de cargos en el mando superior en las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Hay legisladores oficialistas que no están dispuestos a votar esto y prefieren mantener el actual número de oficiales generales, aprobado durante el último gobierno del Frente Amplio.
También hay dudas respecto a permitir que los retirados policiales tengan tareas en las comisarías.
Entre los colorados existe preocupación por el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y el futuro de Uruguay XXI.
Cabildo Abierto, en tanto, se opone al artículo 611, que habilita el traspaso del Programa Mejoramiento de Barrios del Ministerio de Vivienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Hay legisladores que no están dispuestos a acompañar el aumento de sueldo a los presidentes de los entes autónomos.
La bancada de la coalición acordó además, que luego de las elecciones departamentales se seguirá discutiendo sobre el futuro de la Unidad Alimentaria Metropolitana.
El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, planteó reparos a dos artículos (376 y 377) que ponen limitaciones a las mutualistas para el uso de las cuotas y derechos de créditos. Para Peña “está bien regular”, pero en estos artículos hay una “intromisión del Estado” en una empresa privada.
