La crisis desatada por la pandemia no debe postergar las “reformas estructurales” para mejorar la educación y la productividad

En una entrevista con Búsqueda, realizada por escrito, Iglesias sostiene que la crisis no debe postergar reformas indispensables que debe aplicar Uruguay en tres áreas: la educación, la seguridad social y la productividad laboral.

—Yo haría un balance mixto, con muchas variantes que son bien conocidas. La experiencia nos ha dejado algunas lecciones que vale la pena analizar. La primera es que las políticas exitosas hasta la fecha se basaron, primero, en la rapidez de respuesta del Estado frente al problema; luego, la fortaleza del sistema sanitario y el respeto a los cuadros técnicos y, finalmente, la respuesta de la población a las políticas del gobierno. La realidad es que en nuestra región los países han fallado en más de uno de estos frentes. Y vea usted lo que sucedió. Algunos países respondieron tarde o desordenadamente al confinamiento. La infraestructura hospitalaria, fruto del mismo subdesarrollo o la falta de previsión, fue desbordada. La información del gobierno a la población no fue convincente o, a veces peligrosamente confusa, y no se logró despertar la cooperación de la sociedad a las llamadas de las políticas públicas. En esa diversidad de respuestas también puede destacarse el caso de gobiernos cuyas medidas oportunas en materia de distanciamiento social se enfrentaron a la realidad de millones de trabajadores que operan en el sector informal que desoyeron esas recomendaciones para poder sostener su economía familiar. Todas esas fallas dieron lugar a que hoy América Latina sea una de las regiones más golpeadas del planeta y con impactos dramáticos frente a un virus rebelde que aún no ha podido ser dominado. Es una triste realidad que espero cambie pronto.

—¿Cómo ve, en particular, la gestión que ha desarrollado hasta ahora el gobierno uruguayo?

—Creo que el gobierno nacional hizo una muy buena tarea. Y así lo reconoce hoy la opinión pública nacional e internacional. Se actuó rápido y se informó con claridad y credibilidad a la población. Nuestra asesoría científica fue sólida y confiable. El sistema hospitalario no se vio superado por los casos de contagio y la respuesta de la población fue excelente. Creo que este último factor permitió adoptar políticas que se respaldaron en la responsabilidad social de la población más que en medidas coercitivas. Debemos estar orgullosos de la reacción de la población uruguaya.

—En Uruguay, la administración de Lacalle Pou es criticada por la oposición política y por organizaciones sociales porque consideran que el aporte del Estado a paliar los efectos de la crisis debe ser mayor. Un informe de la Cepal marca que Uruguay es el país que menor porcentaje del PBI dispuso para la crisis. ¿Cree que el esfuerzo estatal debe ser mayor en Uruguay? 

—Le confieso que no he leído el estudio de la Cepal. Me gustaría saber cómo inciden en los análisis del gasto que generó la asistencia sanitaria hasta la fecha la mejor situación de los indicadores sociales que tiene el país y el bajo número de personas contagiadas comparado con el resto de la región. En todo caso, habrá que salir a apoyar a los fuertes impactos sociales sobre la pobreza, la indigencia y el desempleo y, por otro lado, procurar el salvataje de empresas para sostener la producción y evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esto último acelerado por la introducción de nuevas modalidades de trabajo y tecnologías de comunicación. Estos fenómenos se hubieran absorbido progresivamente en varias décadas, pero la pandemia los trajo al presente generando nuevos desempleos. La magnitud histórica de la crisis hará que la movilización de los países para hacer frente a estas demandas de recursos sea muy grande y difícil.

—Muchos analistas dicen que la crisis tiene una característica inédita porque impactó tanto a la oferta como a la demanda. ¿Qué tipo de políticas se deben llevar adelante para la recuperación?

—Es cierto. Como usted sabe, para enfrentar al virus tuvimos que pedir que la gente se encierre en sus casas. Esto, por una parte, implicó cerrar los mercados, especialmente en sectores con alto poder de empleo, como el turismo, el deporte, la cultura, entre otros. Se redujeron las remesas de los emigrantes. Se vieron interrumpidas las comunicaciones y las cadenas de abastecimientos. Se cerraron muchas empresas. Esto ha provocado el derrumbe del crecimiento de las economías y el empleo en niveles muy grandes. A la caída de la oferta productiva, se sumó la caída de la demanda por el confinamiento y el desempleo.

—¿Cree que esta coyuntura da nuevo impulso a estrategias de desarrollo del tipo keynesiano?

—Son bien conocidas las políticas anticíclicas aconsejadas por Keynes en la gran crisis de los años 30 del pasado siglo. Por supuesto que hay que tomarlas en cuenta, pero en los contextos de las nuevas realidades. El Fondo Monetario, en la persona de su directora gerente, acaba de aconsejar a sus países miembros gastar más y gastar bien para superar los desafíos de la crisis. Las recomendaciones de la señora Georgieva deben leerse dentro del contexto excepcional de la presente crisis. Lo que la directora gerente aconseja es hacer frente al colapso de los mercados y sus empresas y los violentos impactos sobre los niveles de vida de la población. Una respuesta rápida y vigorosa de los países desarrollados es fundamental para superar una crisis excepcional. Resulta claro que la magnitud de esa crisis no permite salir al encuentro de las soluciones con los recursos presupuestarios corrientes. Así lo entendieron los países desarrollados de Europa, Estados Unidos y Asia, que están generando poderosos fondos financieros para financiar el gasto requerido para sortear la crisis. Disponen para ello el acceso abundante a los mercados financieros, una gran flexibilidad de sus bancos centrales y bajas históricas y duraderas de las tasas de interés. Si esa movilización de recursos y de políticas permite normalizar los mercados mundiales será una buena noticia para todo el mundo. La situación de los países en vías de desarrollo tiene similares problemas para sortear la crisis, pero diferentes medios para enfrentarla. El ideal sería financiarlos con recursos propios provenientes de sus presupuestos. La opción del endeudamiento siempre debiera ser una segunda opción. Pero los datos y la magnitud de las crisis, sumado a las inflexibilidades de los presupuestos, hacen muy difícil resolver los problemas sin recurrir al endeudamiento. Algunos países podrán recurrir a sus mercados de capital, pero el gran recurso está pensado apelando al financiamiento de los bancos de desarrollo internacionales. Esta es una de las demandas más reclamadas recientemente por los países de América Latina. En la búsqueda de estas opciones es importante promover diálogos políticos y la colaboración de los sectores económicos y laborales para articular respuestas consensuadas frente a una de las peores crisis vividas por el mundo.

—El gobierno está preparando la Ley de Presupuesto, en la que el equipo económico prevé plasmar un plan de recortes para reducir el déficit fiscal. ¿Cree que medidas de ese tipo son oportunas o pueden retrasar la reactivación y la recuperación del empleo?

—Vea usted. Los países enfrentando esta coyuntura tienen la difícil tarea de mantener los equilibrios macroeconómicos que estimulen las inversiones para asegurar un crecimiento sano y salir al encuentro de los problemas sociales. Pero tiene igualmente que asumir las demandas de desempleo y de cierre de empresas a que nos conduce la crisis económica generada por la pandemia. Como le dije anteriormente, la creación de esos recursos pueden generarse con ahorros presupuestales, con la eficiencia recaudatoria, con la mejor gestión de las empresas públicas o con nuevos ingresos fiscales. Pero dada la dimensión y la urgencia de los problemas económicos y sociales, deberán recurrir al endeudamiento externo. Este camino es conocido. El problema no es solo “qué hacer” sino “cómo hacer”. Y el “cómo hacer” desafía tanto a las políticas públicas como a la dirigencia económica y social del país. La responsabilidad social mostrada por el pueblo uruguayo y la tradición del país en materia institucional nos permite imaginar un escenario de encuentro en el plano político a través de acuerdos que posibiliten enfrentar estos desafíos a través del consenso con los sectores privado y laboral, como preludio de pactos de envergadura para impulsar las principales reformas estructurales que el país requiere.

—¿La crisis puede retrasar reformas estructurales que precisa el país? ¿Cuáles son las más urgentes?

—Bueno, esas reformas han sido analizadas y ampliamente difundidas por los equipos de economistas y analistas de que hoy dispone el país. Hay necesidad de reformas bien conocidas por la opinión pública. Pero yo solo recordaría en estos momentos tres de ellas que me preocupan especialmente. La primera, una vez más, es la educación. A los desafíos conocidos se agrega ahora la demanda de la cultura digital en la forma de producir, consumir o vivir. Lo segundo es el gran tema de la seguridad social que en Uruguay es además un valor especial de nuestra cultura cívica, y que nos caracteriza en toda la región. El tercero es aumentar la baja productividad que predomina en los factores de producción y, especialmente, en el propio Estado. Si logramos mejorar la eficiencia del Estado y sus empresas, ganamos el clima de confianza que permite atraer nuevas inversiones para movilizar nuestra rica base alimentaria y de servicios. No ignoro que esos objetivos no son fáciles, pero son posibles y los únicos que aseguran un futuro promisorio.

—La pandemia parece haber reforzado conductas proteccionistas en el mundo. ¿Habrá un retroceso en el libre comercio? ¿Cómo puede afectar eso a Uruguay? ¿Cuál debería ser la estrategia del país en este contexto?

—Este es un tema que me preocupa mucho y que he venido siguiendo en los debates internacionales. El período de transición dramática de la Primera a la Segunda Guerra Mundial fue sucedido por una nueva época que ha sido la más creativa y positiva de la historia de la humanidad en todos los órdenes de la vida social, comercial y de protección de los derechos humanos. Hoy esas conquistas están amenazadas. La crisis del multilateralismo comercial, por ejemplo, preocupa mucho. No veo cómo podemos articular el funcionamiento de un mundo tremendamente interdependiente con el retorno de nuevos proteccionismos.

Permítame terminar con unas reflexiones generales sobre este tema. Creo que es bueno tomar conciencia y recordar que estamos en un verdadero cambio de época. Nos sorprende todos los días la tecnología y su influencia en la forma de producir, consumir y vivir. Creímos en avanzar en un mundo abierto, y ese mundo se está cerrando. Apostamos a la cooperación internacional, y en cambio están surgiendo guerras económicas y tecnológicas. El orden público internacional está superado por fuerzas económicas o poderes en la sombra que están fuera del control de los estados. Las sociedades se impacientan y tienen capacidad de protesta y desorden social. Nuestra América Latina, líder en el mundo en desarrollo por imaginar ambiciosas ingenierías de cooperación, está más dividida que nunca en las últimas décadas. Frente a esa realidad, nuestro pequeño país está capeando el temporal con una democracia vigorosa con valores compartidos, una economía que promete y una sociedad que está dando muestras de solidaridad y convivencia pacífica. Articular esto en el mundo actual y en las turbulencias de la región no es simple ni fácil, y es bueno ser consciente y no dormirnos en los laureles contemplando el pasado. El futuro es deseable y sobre todo posible. Para esto están interpeladas las dirigencias políticas, económicas y sociales. Y para eso están también las cabezas pensantes que tiene el país. Hay que apostar a la capacidad de respuesta.