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    La expansión del crimen organizado puede aumentar la trata de personas, advierten referentes

    Jerarcas de Fiscalía e Inmujeres aseguran que Uruguay tiene un “marco normativo robusto” pero también “fallas” que llevan a un “bajo número de denuncias”

    Maldonado recibió en enero a miles de visitantes atraídos por sus playas y sus exclusivas fiestas y actividades culturales. En el prestigioso balneario uruguayo de Punta del Este también volvió a emerger una problemática que se repite cada verano: la trata de personas.

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    Dos mujeres solicitaron ayuda a la Policía desde una estación de servicio, cuando lograron bajarse del auto en el que viajaban. Según informó Telemundo, las víctimas argentinas dijeron que conocían a los dos hombres ahora imputados, que las habían traído de vacaciones a Uruguay, para ejercer la prostitución, pero al llegar les quitaron los teléfonos, les pusieron rastreadores y no las dejaban pasear solas. La descripción de lo sucedido se enmarca en un nuevo caso de trata de mujeres con la finalidad de explotación sexual y está siendo investigado por la Fiscalía de 1º turno de San Carlos especializada en Violencia Doméstica y Sexual, cuya titular es Mabel Brites.

    La trata de personas está asociada al “flujo migratorio”, aunque la movilidad de personas que genera el turismo –sobre todo en el principal balneario del país, que recibe a visitantes internacionales y es donde se “mueve el dinero”– lo transforman en un “caldo de cultivo” para que se registren casos de explotación sexual vinculada a la trata, dijo a Búsqueda la jefa del Departamento de Promoción y Combate a la Trata de Mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Daniela Sena. El verano “es la temporada fuerte” vinculada a ese rubro, pero también de la trata laboral en que las personas son mantenidas “con engaños en situaciones de esclavitud”, señaló por otra parte la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía General de la Nación, Mariela Solari.

    Sena también hizo referencia a “otros movimientos turísticos”, como las termas o las fiestas típicas, en el ámbito rural, donde pueden darse situaciones de trata de personas, sobre todo interna.

    Las jerarcas coincidieron en la existencia de diversas dificultades para detectar los casos. Solari aseguró que Uruguay tiene un “marco normativo robusto”, como la ley específica N° 19.643 aprobada en 2018, pero hay “fallas en el sistema”. De los casos que son captados a través de las organizaciones sociales o de otros servicios, sostuvo, “es bajo el número de denuncias que llega al sistema de Justicia”, a pesar de que existen mecanismos para presentarlas de forma anónima y de que se reserve la identidad de las víctimas. También funcionarios y personal técnico pueden reportar casos para que se inicie una investigación. “Hay algo que se nos está perdiendo y es mucha gente”, dijo Solari.

    Sena coincide en que “la ley es muy buena”, y dijo que se lograron avances “en un tiempo corto o moderado”, en comparación con otras problemáticas como la violencia doméstica. Sin embargo, señaló que “nunca” se dispuso “un presupuesto para la implementación” de la norma.

    A pesar de eso, valoró los esfuerzos que hacen los diferentes organismos involucrados en la problemática a través de la Mesa Interinstitucional para la Prevención y Combate de la Trata de Personas. Entre las carencias, destacó la falta de un hogar especializado para las víctimas, tanto adultas como menores de edad, algo que está planteado como una prioridad en el Plan Nacional de Prevención para 2022-2024.

    Según las cifras de Inmujeres, entre enero y setiembre de 2023 fueron atendidas 83 mujeres víctimas de trata, entre los ingresos y los seguimientos de años previos. La cifra es igual a la de ingresos que se registró en todo el año 2019, previo a la pandemia.

    Trata y narcotráfico

    Uno de los principales desafíos en torno a la trata de personas está vinculado con el crimen organizado, en un contexto de desarrollo de este tipo de grupos delictivos en Uruguay. Si bien “no hay evidencia” hasta el momento de que esto esté ocurriendo en el país, a nivel internacional sí la hay sobre la existencia de una “relación” entre el narcotráfico y delitos de violencia sexual, como la trata de personas, indicó Solari. “Es algo que debería integrarse a los planes de abordaje de la criminalidad organizada y que no sea una cuestión de hacerlo cuando aparezca. Si se va a abordar el crimen organizado, debería estar la trata de personas”, aseguró.

    Esto se debe a que los grupos “tienen la logística dispuesta” para delitos vinculados al tráfico de drogas y eso facilita superponer o diversificar los rubros, transmitió la jefa del Departamento de Promoción y Combate a la Trata de Mujeres de Inmujeres. “Así como trafican armas y drogas, pueden hacerlo con personas”, por lo que “hay que prestar atención porque es un fenómeno nuevo el crimen organizado como lo estamos viendo ahora en Uruguay”, agregó. Frente a esta situación, advirtió, “quizás empiece a instalarse más el rapto” de personas, como ocurre en otros países.

    Sena puso énfasis en que también existen redes de trata de personas que son “pequeñas”, en las que “no se precisa de gran logística”, a diferencia de las grandes redes en las que participan distintas personas para cometer el delito: en la captación de las víctimas, el traslado y luego la explotación per se.

    Mitos

    En general, las mujeres en situación de trata tienen entre 25 y 30 años, y suelen asociarse a fenómenos migratorios. En Uruguay, los organismos han trabajado con víctimas de nacionalidad filipina, argentina, brasileña, ecuatoriana, venezolana, dominicana, cubana y colombiana, según dijo Solari. Muchas de ellas estaban en situaciones de explotación sexual y habían llegado engañadas de forma parcial, porque su objetivo era venir a Uruguay a ejercer la prostitución, pero se encontraron en condiciones de secuestro.

    Con respecto a ese punto, Solari indicó que existen mitos. “Hay mitos de que las víctimas se encuentran esposadas o atadas. No es así. Es más confusa la situación, porque muchas veces está privada de comunicación o no tiene documentos, pero en una situación de manipulación fue convencida y parece algo natural”, relató. Algo similar sucede con la retención de las ganancias, porque en esos casos se trata de explotación de la prostitución ajena.

    La directora de la Unidad de Víctimas de Fiscalía también planteó que la mayoría de los casos de explotación sexual, no solo de trata, están asociados a mujeres de niveles socioeconómicos bajos, pero también son captadas víctimas de niveles económicos y educativos altos, cuya “vulnerabilidad” es la búsqueda de un mayor nivel de confort o de consumo.