Bajo perfil, reuniones frecuentes en la sede de Todos y mensajes casi diarios por WhatsApp. Así prepara la transición el equipo económico que liderará Azucena Arbeleche como ministra e Isaac Alfie desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). A pocos días de tomar sus cargos, vienen definiendo las primeras medidas que se anunciarán —con énfasis en la austeridad fiscal— y diseñando otras que impactarán a mayor plazo y vendrán después, aseguraron a Búsqueda fuentes del gobierno electo.
No habrá golpes de timón en las políticas cambiaria y monetaria. Tampoco en la comercial, si bien la filosofía es ir por más apertura. Sí en el manejo fiscal, esencialmente por el lado del gasto.
Una de las decisiones inmediatas será subir las tarifas públicas, buscando, incluso, compensar la decisión del gobierno saliente de no tocarlas en enero. También habrá decretos para llevar a la práctica el anunciado “shock de austeridad” fiscal, y eso se complementará con medidas en el próximo proyecto de Presupuesto quinquenal (2021-2025). Otras decisiones serán de más largo aliento y exigirán también cintura política: la discusión de una reforma de la seguridad social —con implicancias a largo plazo para las finanzas públicas— y la adopción de una regla para darle previsibilidad al manejo del gasto.
Arbeleche viene preparándose para esta función desde la elección de 2014, cuando ya entonces había sido nominada por Luis Lacalle Pou como su eventual ministra de Economía; en estos años intercaló algunas consultorías para el exterior, sin perderle pista a la coyuntura uruguaya desde el instituto de análisis de los blancos. No era militante, pero hace un tiempo que juega de local en la Casa del Partido Nacional. También el edificio ministerial de Colonia y Paraguay es conocido para la economista, de 50 años.
Alfie, quien fue su profesor, la llevó a Economía a principios de los 2000, durante el gobierno de Jorge Batlle. “Me dijo que quería hablar conmigo, tuvimos una reunión y me propuso que fuera para empezar a ver temas de deudas. ‘Pero, Lito, yo vengo de estudiar macroeconomía…y la deuda es algo muy específico’. Me dijo que nadie estudiaba manejo de deuda específicamente, que en eso había que meterse y aprender sobre la marcha. Así fue que entré, en 2001”, contó Arbeleche en el semanario Voces en 2016. Después de un impasse por temas familiares que la llevó a viajar a Estados Unidos, volvió, a propuesta de Danilo Astori —el ministro del primer gobierno del Frente Amplio—, para armar la oficina de gestión de la deuda pública en la que trabajó hasta mediados de 2014.
Lito Alfie, el último titular de Economía colorado (agosto de 2003 y marzo de 2005), es un minucioso analista de las cuestiones macroeconómicas —en particular la fiscal— y conocedor del funcionamiento del Estado, con chapa de hábil negociador. No estaba en sus planes dejar la consultoría privada para volver al ruedo político, pero lo terminaron convenciendo. La primera línea de la conducción económica del nuevo gobierno la completarán Alejandro Irastorza (subsecretario de Economía), Fernando Blanco (director de Secretaría), Marcela Bensión (en un nuevo cargo de coordinación de las distintas asesorías del ministerio) y Hernán Bonilla (director de la Asesoría Macroeconómica y Financiera), además de Diego Labat como presidente del Banco Central.
En abril de 2019, cuando despuntaba la última campaña electoral, Arbeleche habló con Búsqueda sobre la economía que esperaba recibir si llegaba a ocupar el despacho de Astori. “Imagino una situación compleja dada la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la inversión y por los últimos datos del crecimiento, que no dejan duda alguna de que la economía atravesó por una recesión. Y ante un déficit fiscal que viene empeorando y una deuda que aumenta”. Desde esa fecha, los indicadores que se fueron conociendo no cambiaron demasiado, en general, aquel panorama que la inquietaba.
La “herencia” fiscal
El números fiscales son una preocupación central del equipo entrante; a corto plazo, se propone mostrar un cambio en la tendencia. Si no se contabilizan los ingresos extra por los “cincuentones” que dejaron las AFAP y volvieron al Banco de Previsión Social (BPS), el déficit anual en 2019 alcanzó a US$ 2.272 millones, equivalente a 4,7% del Producto Bruto Interno (PBI). El viernes 28, poco antes del cambio de mando, se conocerá el dato a enero; por el lado de la caja hubo como indicio positivo el leve aumento de la recaudación.
El programa de gobierno de los blancos señalaba el propósito de ahorrar US$ 900 millones anuales, pero en el documento firmado con sus socios de la coalición la cifra fue sustituida por el enunciado de “disminuir el déficit fiscal para alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas” mediante ahorros, sin afectar las prestaciones sociales. También alude al compromiso de diseñar y poner “progresivamente” en funcionamiento una regla fiscal —prevista en el proyecto de ley de urgente consideración— y “avanzar hacia un Presupuesto basado en resultados, con una lógica de ‘base cero’ para todos los gastos discrecionales”. Por el lado de las empresas públicas, apuntará a que dejen de hacer cosas ajenas a las funciones centrales previstas en sus cartas orgánicas y a cambiar la gobernanza. “Nadie espera que el déficit baje enseguida a 2%” del Producto, aclaró una fuente.
Las autoridades salientes le quitan dramatismo al nivel del déficit alegando que, como contracara, la deuda es manejable tanto por su tamaño (US$ 36.723 millones a fin de setiembre, que representa 64,2% del PBI, aunque el ratio baja a la mitad al medirla neta de los activos de reserva) como por su perfil (menos de 50% en dólares y 58% a pagar en más de cinco años).
Una parte del problema fiscal deriva de que las prestaciones a la seguridad social se incrementaron —lo que es positivo en, términos de equidad social— pero superan de manera creciente los ingresos contributivos. Tal defasaje es cubierto por Rentas Generales con transferencias mayores a dos puntos porcentuales del PBI, y si se consideran además los impuestos afectados —parte de lo recaudado por el IVA— la asistencia ronda el 6%. Proyecciones del Observatorio de la Seguridad Social del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) advierten que la sostenibilidad financiera del régimen se irá tensionando cada vez más, en especial en torno al 2040, lo que “podría comprometer de forma importante la disponibilidad de recursos para atender otros objetivos relevantes del gasto público”. El Directorio del Fondo Monetario Internacional, al aprobar la semana pasada la revisión anual del país, y la calificadora Fitch Ratings, al ratificar la nota a la deuda uruguaya en el escalón más bajo del investment grade, volvieron a alentar a las futuras autoridades a encarar una reforma. En declaraciones que consignó Radio Universal, Arbeleche interpretó la decisión de Fitch como una “señal de credibilidad en el nuevo gobierno”.
Bajo crecimiento
En parte por los problemas en las economías vecinas, las estimaciones sobre el nivel de actividad elaboradas por el equipo de Astori se vieron incumplidas, pecando de optimistas. Y aquello del ciclo de crecimiento continuo históricamente largo —que se inició en 2003— quedó más bien como un latiguillo de campaña del frenteamplismo sustentado, en parte, por una base vieja de medición (que el Banco Central subsanará próximamente). Con la inversión retraída y el consumo débil, el sector de las comunicaciones fue uno de los pocos que apuntaló la estadística, mientras otros caían o apenas crecían. Así, en los últimos tiempos la economía en su conjunto se movió entre el estancamiento y la virtual recesión; en enero-setiembre de 2019 —el último dato conocido— el PBI fue solo 0,2% mayor que en el del mismo período del año anterior. Las obras en torno a la futura planta de UPM, al Ferrocarril Central, así como otras PPP en ciernes, darán algo de empuje justo en el arranque de la nueva administración.
La baja demanda interna, costos de producción altos —en particular las tarifas de los servicios públicos y los salariales— y una rentabilidad constreñida, son las mayores preocupaciones del empresariado para el 2020, según la Encuesta de Evaluación y Perspectivas de Búsqueda publicada a fin de año. La promesa de Lacalle Pou de “aflojar la cincha” esperanza al sector privado. A eso apunta la propuesta de poner a Ancap a competir con importadores privados en el mercado de hidrocarburos —aunque algunos socios de la coalición han sido ambiguos en torno a la iniciativa—; para el futuro equipo, la prioridad es que se logre un precio de paridad con la importación para los combustibles.
Además de afectar la recaudación de impuestos y con ello el resultado fiscal, el magro dinamismo que viene mostrando la economía se tradujo en un deterioro del mercado laboral. Durante 2019 se pedieron unos 9.400 puestos de trabajo, y fueron 56.000 en todo el quinquenio. En promedio, el año pasado la tasa de desocupación se ubicó en 8,9% de la población económicamente activa considerando todo el país (unas 160.000 personas).
A su vez, con niveles de inflación de precios de 8,8% en 2019, el poder de compra salarial medio bajó levemente (–0,3%). En la construcción, el comercio, y los servicios sociales y de salud, la pérdida de salario real fue mayor.
En años previos, cuando la economía había crecido con más vigor, el empleo y los ingresos mejoraron su poder adquisitivo. Eso, sumado a programas de apoyo social y la extensión de las prestaciones del BPS, posibilitó la reducción de los niveles de pobreza. Midiéndola con el método de si se es capaz de adquirir una canasta de bienes y servicios básicos, los pobres bajaron de 325 cada 1.000 personas en 2006 (32,5%) a 81 en 2018 (8,1%), según el Instituto Nacional de Estadística. Los datos del año pasado deberían conocerse en pocas semanas.
Arbeleche y su equipo protagonizarán, en lo económico, el cambio de era —del “progresismo” a la centroderecha liberal— con algunos desafíos inmediatos.
