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    La investigación sobre Alejandro Astesiano incluye a cuatro de los máximos jerarcas de Presidencia y la Policía Nacional

    La fiscal Gabriela Fossati citó como testigo al subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel

    Tras dos meses de iniciarse, el caso de los pasaportes uruguayos gestionados irregularmente abrió un abanico de hipótesis que van más allá de la participación de ciudadanos rusos, alcanzan la posibilidad de más delitos y vinculan a algunas de las principales jerarquías de gobierno. Cuando la investigación comenzó a fines de setiembre, Gabriela Fossati, a cargo de la Fiscalía Penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 12º turno, sostuvo que las primeras pruebas en su poder podían suponer el involucramiento de funcionarios ubicados en “puestos estratégicos” de la administración pública. Los pasos dados por la fiscal en los últimos días parecen ir en esa dirección.

    A inicios de la semana fueron citados a declarar como testigos el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés; según supo Búsqueda, el martes 22 se sumó Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional y una de las dos autoridades policiales más importantes de Uruguay tras el director Diego Fernández. El otro jerarca principal de la institución, el subdirector Héctor Ferreira, ya había sido convocado en calidad de indagado.

    El nombre de Berriel está mencionado en algunos de los mensajes enviados desde el celular de Alejandro Astesiano, exjefe de la custodia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que forman parte de la carpeta judicial de la investigación. Búsqueda accedió a comunicaciones enviadas entre Astesiano y Jorge Borges, policía y subalterno suyo en el Servicio de Seguridad Presidencial, quien le pide a su superior “hablar con Berriel” por temas profesionales. “No te olvides de lo mío”, le escribe Borges el 31 de agosto en ocasión de una visita de Luis Calabria a la residencia de Suárez para anunciar a Lacalle Pou su renuncia como director general de Secretaría del Ministerio del Interior. “Te dije que llames a Berriel antes de que muevan todo el ministerio. Antes de que cambie mucho llama a Berriel por lo mío”, le repite Borges a Astesiano. Días más tarde vuelve a solicitarle que envíe un “mensaje mágico a Berriel” para que le haga un favor a una oficial de la Policía.

    Además de Berriel como testigo, en octubre fueron citados como indagados Ferreira y el director de la Dirección General de Fiscalización de Empresas del Ministerio del Interior, Henry de León. El ministerio dispuso desde entonces una investigación administrativa sobre los indagados pero aclaró que cuentan con el respaldo ministerial salvo que se demuestre lo contrario. La investigación interna continúa en marcha.

    Subdirector ejecutivo de la Policía, Jorge Berriel. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS

    El lunes 21 El Observador informó que Fossati también espera para el próximo martes 29 la declaración como testigos de Delgado y Ferrés. El secretario de la Presidencia dijo a Búsqueda que concurrirá a la Fiscalía aunque desconoce la razón para su llamado. Fossati ya había solicitado información a Presidencia tras comprobar que Astesiano utilizó su oficina en el piso 4 de la Torre Ejecutiva para reuniones relacionadas a la gestión irregular de pasaportes. Delgado señaló que Presidencia ya colaboró con todos los datos pedidos por la fiscal.

    El martes 22 Lacalle Pou profundizó en ese concepto durante una rueda de prensa. “Hay que ir hasta el hueso. A la fiscal se le ha brindado toda la información que se requirió y se le va a dar todavía más. Hay que darle toda la información y que termine el caso, y que después se sepa toda la verdad. El gobierno no tiene cola de paja, nosotros no tenemos cola de paja. Hacer las cosas mal, fuera de la ley, no. No tenemos nada para esconder. Estamos tranquilos con lo que nosotros hicimos. Los que tengan que ir presos que vayan presos y los inocentes que sean inocentes”, dijo el presidente.

    Sus declaraciones se dieron luego de que Montevideo Portal publicara el sábado 19 que Fossati pidió al fiscal de Corte, Juan Gómez, que la desligue del caso de los pasaportes y lo remita a un departamento de Delitos Complejos. La posición de la fiscal obligó a Gómez a brindar el martes 22 una conferencia de prensa para aclarar la situación y explicar que la fiscal seguirá en la causa. “No solicitó su apartamiento del caso, lo que sí hizo fue algún comentario sobre la complejidad de la investigación que tiene en curso”, indicó Gómez, quien destacó que la Fiscalía General de la Nación “desde el primer momento” prestó a Fossati y su equipo todos los recursos que estaban a disposición. Lacalle Pou también opinó de la polémica y pidió a título “personal” que la fiscal se mantenga al frente de la investigación hasta que culmine: “Si empezó el caso y tiene todos los elementos y sabe a dónde va, ¿por qué se va a ir?”.

    El 28 de setiembre Fossati imputó a Astesiano por la presunta comisión de un delito continuado de suposición de estado civil en calidad de coautor en reiteración real con un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. Por delitos similares fueron imputados el ruso Alexey Slivaev, el escribano uruguayo Álvaro Fernández y su pareja Patricia Medina. Todos están en prisión preventiva hasta marzo, pese a los pedidos de la mayoría de los abogados defensores para que sean derivados a sus domicilios por problemas de salud.

    La red gestionaba partidas de nacimiento uruguayas falsificadas a ciudadanos rusos, con las cuales obtenían pasaportes uruguayos originales de manera legal. Parte del caudal de pruebas de la Fiscalía son las comunicaciones que entraban y salían desde el celular de Astesiano, muchas de las cuales fueron divulgadas por la diaria a lo largo de los últimos siete días. Entre otras cosas, la diaria informó que entre febrero y setiembre en sus chats Astesiano ofreció a un empresario argentino contactos en la Policía, el uso de drones y vehículos oficiales, la intervención de llamadas con el sistema El Guardián, buscó recibir comisiones de empresarios españoles que visitaron la Torre Ejecutiva y coordinó una reunión entre Lacalle Pou y el titular del Consejo Federal Nacional de los Emiratos Árabes Unidos, Saqr Ghobash.

    A partir de estas informaciones, el Frente Amplio anunció la creación de un grupo de trabajo para monitorear el desarrollo de toda la investigación. “Hubo actos de corrupción graves”, planteó el lunes 21 en conferencia de prensa el presidente de la fuerza de izquierda, Fernando Pereira.

    El mismo día, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, acudió a la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia de la Cámara de Senadores para negar que el exjefe de la custodia presidencial haya ordenado interceptaciones telefónicas con las herramientas tecnológicas de la Policía. “Frente a afirmaciones que han trascendido de que Astesiano haya ingresado a El Guardián, es mentira, no puede; es mentira suya o de algún otro. Es mentira. No existe posibilidad de que pueda ingresar. No lo puedo hacer yo ni el presidente de la República, ni nadie que no esté debidamente autorizado por la unidad policial”, afirmó.

    De todas formas, la delegación del Ministerio del Interior que concurrió al Parlamento admitió que Astesiano sí podía acceder al sistema de cámaras de videovigilancia que existe en todo el país, integradas al Centro de Comando Unificado (CCU) ubicado en la sede de la Guardia Republicana, que tiene dos derivaciones de seguimiento: uno en la residencia de Suárez y Reyes y otro en un centro que Interior tiene en una casa de calle 19 de abril en el Prado, utilizada para reuniones de comando periódicas. “Se trata de las cámaras que pone el Estado uruguayo para vigilar. No se está vigilando a nadie en especial”, argumentó Heber.

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