—¿Cuáles son los objetivos prioritarios en su función en el Directorio de Colonización?
—Trabajar para mantener lo más posible la acción del INC en el territorio para los que no pueden acceder a la tierra por la vía del mercado. Con las limitaciones notorias de ser una minoría en el directorio, pero sobre todo trabajar en conjunto con el resto de los directores, teniendo como base que los más infelices sean los más privilegiados.
—¿Qué lineamientos o definiciones de la actual administración implican un cambio en la política de tierras de los gobiernos del Frente Amplio?
—Hay varias. La más notoria es la restricción en la compra de tierras, que este año supuestamente sería dudoso que se compre algo. De todas maneras, si hay ofrecimientos de tierras, deben pasar por Colonización y se discutirá. Pero tanto lo que va en la ley de Presupuesto, donde se reduce buena parte de los fondos que el INC tendría para comprar tierra o que tuvo para hacerlo, así como algunas propias definiciones restringen.
También está la discusión, que todavía no está definida, sobre algunos perfiles de colonos priorizados. Nosotros seguimos pensando que los productores familiares con problemas de estabilidad de la tierra y los asalariados rurales deben ser los priorizados. Posiblemente haya otras posiciones en el directorio, que además son mayoritarias, pero bueno, eso hay que consultárselo a los otros directores.
Mi posición es mantener lo que se hizo durante los últimos 15 años, que dio mayoritariamente muchos éxitos como política de acceso a la tierra para la gente que quiere seguir viviendo de y en la ruralidad.
—¿No se compró una cartera suficiente de campos en los últimos 15 años, como para pensar en concentrarse en la adjudicación y crear nuevas posibilidades a los colonos, en lugar de sumar más hectáreas?
—Ese es el argumento que maneja la mayoría hoy en el directorio del INC.
Primero, habría que definir qué es suficiente. En la medida que haya orientales que quieren acceder y tienen buenos perfiles y quedan afuera de los concursos de acceso a la tierra, se debería de seguir comprando tierra.
En segundo lugar, el hecho de que haya todavía unas cuantas miles de hectáreas de tierras para adjudicar no tiene nada que ver en que nos vayamos a desconcentrar en eso, porque se compra tierra.
Eso hay que hacerlo porque se compra tierra para adjudicarla. No se compra tierra para tenerla. La dicotomía entre comprar tierra y asignar las fracciones es una falsa contradicción.
—La opción de compra de tierra por parte de Colonización fue utilizada por el Frente Amplio para intervenir en el mercado en contra de la concentración de la propiedad
—Pero eso por la propia función del INC, no por incidir en el mercado artificialmente. Porque hay un montón de gente que quiere acceder a la tierra y no podía hacerlo.
Recientemente, Colonización hizo un par de adjudicaciones. Y en algún caso se dejó afuera a gente tremendamente apta para acceder a las fracciones, porque todos los preseleccionados eran dignos de esa gracia.
Sin embargo, se tuvo que elegir a uno. Entonces, en ese sentido, por suerte existe un hermoso problema y es que sigue habiendo gente queriendo acceder a la tierra.
Por lo tanto, es la causa por la cual defendemos la compra de tierras. Pero bueno, aceptamos las decisiones de la mayoría y vamos a tratar de incidir para, en lo posible, ver qué se puede revertir.
En el resto de las cosas trataremos de que el INC se gestione correctamente.
—¿El artículo 35 que otorga preferencia a Colonización para la compra de campos también se empleó en un intento por impedir que ciertos grupos privados concentraran extensiones de tierras?
—No. En la medida que el INC sigue siendo testimonial en términos de la superficie de su patrimonio fundiario. Puede ser el que tiene más tierra, pero en el conjunto de las tierras del país es testimonial.
En esta realidad no va a incidir tanto, lo que sí va a incidir es que no se haga algún tipo de contrato de compraventa que no es correcto. Es decir, donde se pacta por fuera de contrato un precio verdadero y se pone otro en el contrato. Eso alguna vez pasó y Colonización intervino, entonces se hizo justicia.
El INC sigue estudiando cada uno de los ofrecimientos en cumplimiento del artículo 35 de la Ley 11.029 y después se decide si se compra o no, más allá de una definición genérica que hay.
—¿Los colonos políticos que debieron entregar las fracciones del INC por no cumplir con ciertos requisitos de la ley de Colonización podrían eventualmente recuperar esas tierras, debido a lo que establece la Ley de Urgente Consideración, que flexibilizó algunas condiciones?
—No le encuentro marcha atrás a eso, porque las leyes no tienen efecto retroactivo. Entonces no podemos a la ley de ahora aplicarla a los colonos a los que ya se les inició los procedimientos jurídicos para que devuelvan la tierra.
Además, en el caso de por qué se les retira la tierra es fundamentalmente porque no participan directamente en la producción y no viven en la ruralidad.
Si bien hay un artículo en la LUC que brinda la posibilidad respecto a que se puede no residir en el predio, eso está condicionado a tres literales que se tienen que cumplir en forma conjunta. A los colonos que se les pidió que devuelvan la tierra ninguno tiene, por ejemplo, el problema de salud, que establece el artículo de esa ley.
Y si bien nunca estuve de acuerdo con ese artículo, una vez aprobada la ley lo cumpliré a rajatabla, pero también que se cumplan a rajatabla las condiciones previstas para los colonos. Ahora, no se puede dar una vuelta carnero para atrás y decir que lo que se votó no era lo que se quería votar.
—¿Qué pasará con los recursos generados para la compra de tierras por Colonización si no se realizarán nuevas adquisiciones?
—En la ley de Presupuesto se le retira un monto importantísimo que tenía por la vía de la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales (ITP). Había un monto definido por ese concepto que era derivado al INC para la compra de tierras y de ahí se le quita el 90% de ese fondo. Eso se haría efectivo a partir del próximo 1° de marzo, ya que está incluido en la ley de Presupuesto.
Pero después hay otro fondo, que es el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y que todavía se mantiene y se deberá de cumplir. Además de las propias economías que pueda hacer el instituto, que en estos últimos 15 años fue autosustentable y generó una economía al respecto. Todo eso puede ser aplicado a la compra de tierras.
En este año todavía no tengo el informe detallado, pero lo generado ya está comprometido por compras que se han hecho y pagos de tierras que se tenían que hacer. Respecto al año próximo, lo discutiremos en el directorio.
—¿Cuánto es el monto recortado que corresponde al adicional del ITP?
—Son algo más de 900 millones de pesos (unos US$ 20 millones). Ese punto figura en el artículo 570 del proyecto de Presupuesto.
Se le retira prácticamente la mitad de los fondos que tenía para comprar tierras.
—Eso es coherente con la definición del actual gobierno de no adquirir más tierras.
—Tengo limitaciones para hacer análisis políticos por el cargo que ejerzo en el INC, pero evidentemente está alineado con eso y con el pensamiento del recorte que definió el gobierno.
—¿El Poder Ejecutivo estaría utilizando entonces recursos que eran para financiar la compra de tierras en otros destinos?
—No, eso no se puede hacer. Se estaría violando la ley. Y si bien la función de control no es lo prioritario en mi función, no la voy a dejar de hacer. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Y si hay una ley que dice que lo que se recauda por un impuesto que se llama ICIR va a compra de tierras de Colonización, eso habrá que cumplirlo. O si no, que se modifique la ley y se asuma la responsabilidad de ello.
—¿Qué otros temas le preocupan de la actual administración del INC?
—Colonización constituyó su directorio de forma muy accidentada. Recién en abril cambió la presidencia, recién en julio cambiaron el resto de los directores, que de alguna manera representan al oficialismo.
A fines de agosto renunció el presidente. Y en los primeros días de setiembre se completa el directorio con el director que representa a la oposición, y al día siguiente se nombra un presidente interino.
Todo eso hace que el propio INC, además de los cambios en los dos o tres funcionarios que tiene de confianza, ha funcionado en forma bastante precaria. Sin ánimo de ningún tipo de mala intención o de segundas intenciones, pero es una realidad que pasó.
