La mayoría de los programas educativos estatales no recogen suficiente información para saber si cumplen con sus objetivos

Las autoras entienden que la evaluación de los programas públicos es “necesaria y fundamental”, en primer lugar porque es importante recoger evidencia que permita saber si han podido cambiar algún aspecto de la realidad, es decir si son eficaces; en segundo lugar para determinar si son eficientes al maximizar los fondos públicos que utilizan, que podrían destinarse a otros fines; y por último porque los fondos provienen generalmente de los ciudadanos, lo que genera una responsabilidad ética a partir de las expectativas sociales sobre sus resultados.

Las evaluaciones pueden detectar qué intervención es más eficaz para cumplir ciertos objetivos, cuál brinda los mayores beneficios para la sociedad, cómo y por quién debería ejecutarse, y si una determinada intervención es más provechosa que otras. Sin embargo, de las 18 intervenciones analizadas, solo siete fueron evaluadas alguna vez entre 2008 y 2013, nueve cuentan con dispositivos de monitoreo y cinco poseen conjuntamente evaluación y monitoreo. Además nueve presentaron informes de actividades o registros más básicos de información, de los cuales seis exclusivamente utilizan este tipo de informes.

Ninguno de los programas posee los tres niveles de manejo de la información, elemento indispensable para determinar sus posibilidades de continuidad y expansión.

“Si se considera que un programa es el mejor uso que se puede dar a ciertos recursos destinados a la educación, en un contexto dado, habría que enfocarse en su ampliación. Pero carece de sentido ampliar un programa si no se tiene evidencia suficiente acerca de sus efectos. Por el contrario, puede ser necesario cuestionar la pertinencia de continuarlo o identificar la necesidad de modificarlo. Para poder discernir entre varias opciones, como la ampliación, la modificación, la fusión o la supresión de un programa, es necesario tener información pertinente, relevante, útil y a tiempo”, se lee en el artículo.

“Si bien es cierto que evaluar implica un esfuerzo grande en materia de tiempo y recursos, termina siendo más costoso sostener en el tiempo intervenciones de las cuales se desconocen los efectos”, agrega.

Metodología.

Un elemento que coadyuva para implementar correctamente los diseños de evaluación y monitoreo es que los programas hayan especificado previamente su metodología de trabajo, objetivos y metas. “Estos aspectos son cruciales en el momento de establecer el diseño de la evaluación y los criterios de referencia para la construcción de juicios de valor”, explica.

Pero la mayoría de las iniciativas, aunque establecen cuáles son sus objetivos generales, no incluyen metas concretas. En otros casos la formulación de los objetivos sí permitiría la comparación y la sistematización, pero aparentemente no existe la práctica de “operacionalizarlos” con el fin de definir metas. “Ambas situaciones dificultan la delimitación del objeto de evaluación”, concluye.

Las reflexiones de las técnicas del Ineed, publicadas en el boletín de julio del Instituto, se basan en algunos de los resultados arrojados por el proyecto “Inventario de programas educativos y sus evaluaciones”, que está siendo elaborado por el organismo desde abril del año pasado. El proyecto busca describir el estado de situación de las evaluaciones de 18 programas de enseñanza públicos que se aplican actualmente en el país, entre los cuales se encuentran Alimentación Escolar, Aulas Comunitarias, Campamentos educativos, Centros de Lenguas Extranjeras, Compromiso Educativo, Gol al futuro, Maestros Comunitarios, Tránsito Educativo y Uruguay Estudia.

Se trata en todos los casos de intervenciones públicas o mixtas, de iniciativa estatal, orientadas a la implementación de un plan organizado de acciones y recursos, dirigidas a satisfacer un objetivo de mejora o una necesidad de los niños o jóvenes de 4 a 24 años y asociadas a uno o varios niveles del sistema educativo formal a través de acciones que son adicionales o se agregan a las actividades regulares del sistema educativo.