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La mayoría oficialista del Tribunal de Cuentas se impone en temas clave y genera molestias en el Frente Amplio
Las diferencias quedaron expuestas en contrataciones de ASSE, compras directas del Ministerio de Defensa y subastas del espectro radioeléctrico, entre otros casos.
Sede del Tribunal de Cuentas, en la calle Juan Carlos Gómez. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La renuncia en julio pasado de la entonces presidenta del Tribunal de Cuentas, la neutral Susana Díaz, alteró los equilibrios políticos del organismo, que desde 2010 tenía una composición sin mayorías ni del oficialismo ni de la oposición.
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Más de un mes después de la renuncia de Díaz se confirmó que quien ingresaría al tribunal sería su suplente en el organismo, el nacionalista Linder Reyes. Con 77 años, Reyes había admitido a Búsqueda que padecía algunos problemas de salud que lo condicionaban para ejercer el cargo. La propuesta oficialista fue que la presidencia no la ocupe Reyes, sino el también nacionalista Francisco Gallinal, el ministro con más peso político de los que representan a la coalición en el organismo. Cuando la oposición se enteró de que quien asumiría la presidencia sería el exsenador y no Reyes, denunció que se estaba incumpliendo el acuerdo político con el que en 2017 se había designado a Díaz, bajo el entendido de que no se estaba respetando su línea de suplentes.
En el Partido Nacional hay conformidad con la presidencia de Gallinal, dijeron a Búsqueda fuentes políticas, porque entienden que el exsenador ha dado “celeridad” y “ejecutividad” al organismo. En cambio, desde la bancada parlamentaria del Frente Amplio siguen la situación con atención; hay legisladores que interpretan que hay “mano de yeso” y que el oficialismo impone su mayoría para hacer la vista gorda en muchos de los casos que pasan por el contralor del tribunal.
Algunas de las resoluciones más importantes que tomó el tribunal desde setiembre hasta ahora confirman la tendencia, con definiciones por cuatro votos contra tres: de un lado los ministros oficialistas en mayoría y del otro los tres frenteamplistas en minoría.
Eso ocurrió, por ejemplo, el 16 de agosto, cuando el Tribunal de Cuentas decidió no realizar observaciones a la compra directa por excepción que hizo el Ministerio de Defensa Nacional, a través de la Armada, de dos buques de patrulla oceánica (OPV, por su nombre en inglés). La resolución tuvo los votos discordes de los tres ministros frenteamplistas, Diana Marcos, Miguel Aumento y Enrique Cabrera. La compra de los buques fue valorada por el Frente Amplio como “desprolija”, según una nota de El Observador de noviembre, e incluso provocó renuncias internas en la Armada, como la del exjefe del Estado Mayor General de la Armada, Osvaldo Musso.
El 30 de setiembre se dio una situación similar cuando el tribunal trató la contratación directa dispuesta por el directorio de OSE de las empresas Espina, José Cujó SA, Teyma, Stiler, Saceem y Ciemsa por US$ 10,2 millones para realizar una obra para captar agua del río San José, en el marco de la emergencia hídrica que atravesó el país. La mayoría oficialista argumentó que la compra en régimen de excepción estaba amparada en el numeral 10 del literal D del artículo 33 del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera), que habilita a realizar una compra directa “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles”, o cuando hacer un llamado a licitación “resienta seriamente el servicio”. En su argumentación en contra, los ministros opositores Aumento y Cabrera sostuvieron que la contratación debía ser observada porque no tenía la certificación de “compra de urgencia” del Ministerio de Economía. Además, señalaron que el oferente, la Cámara de la Construcción, no estaba inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado.
Diez días antes, los tres ministros de la oposición no habían acompañado la intervención preventiva del pago de Antel y Telefónica por la subasta del espectro radioeléctrico en la banda de 3.5 Ghz, que la Unidad reguladora de Servicios de Comunicaciones envió a Rentas Generales por un monto de US$ 14 millones. Las críticas de los ministros designados por el Frente Amplio hacían alusión a que el organismo no evaluó la regularidad jurídica del procedimiento competitivo.
El 18 de octubre, la mayoría oficialista del tribunal decidió no observar una contratación directa del Ministerio de Desarrollo Social a la universidad Claeh por $ 13,3 millones, para desarrollar “un servicio de consultorio jurídico de carácter gratuito que brinde atención, orientación jurídica y patrocinio legal en promoción de derechos a la población en general, con énfasis en las personas más vulnerables que no acceden a recursos legales”.
Los ministros frenteamplistas cuestionaron en su voto discorde que la compra debía haber sido observada, ya que su excepcionalidad estaba amparada en un artículo específico del Tocaf que habilita al Mides a contratar en forma directa “en condiciones estrictas”. Por ejemplo, requiere que se establezcan “requisitos en materia de rendición de cuentas, evaluación del cumplimiento de los objetivos y resultados esperados”, algo que según Aumento no estaba especificado en la compra.
En esa misma sesión, el tribunal aprobó sin observaciones la transferencia de honorarios por $ 5,2 millones a través de la Comisión de Apoyo a los Programas Asistenciales de ASSE a los profesionales designados “para colaborar con la gestión de Casa de Galicia”, entre diciembre de 2021 y abril de 2022, cuando la institución había cerrado, pero era necesario la atención a algunos de sus pacientes. Los ministros designados por la oposición entendieron que la transferencia debía ser observada. “El hecho de que ASSE haya asumido la gestión de Casa de Galicia, y desde allí se conformara un equipo de trabajo para coordinar y organizar la continuidad de la asistencia, no significa que las contrataciones de profesionales no deban seguir la normativa vigente”, argumentó Aumento.
También ASSE generó discrepancias en la sesión de los ministros del pasado 6 de diciembre, cuando los representantes oficialistas no apoyaron el pedido de sus pares de la oposición para retirarle la facultad de fraccionar el gasto al servicio de emergencias Same 105. El tribunal accedió a ratificar una serie de observaciones en compras irregulares de la Regional Sur de ASSE, pero, según la oposición, se debió hacer uso del artículo 43 del Tocaf, que lo facultaba ante una situación reiterada de fraccionamiento observada a suspender esta facultad al organismo y dar cuenta a la Asamblea General de la situación. En su voto discorde, Cabrera sostuvo que Same 105 había hecho “caso omiso a las múltiples advertencias del tribunal y a los múltiples reclamos que determinaron que se desistiera de procesos licitatorios”.