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“¿Y esto cómo es?”. La pregunta se la hicieron un grupo de dirigentes del Partido Colorado cuando hace casi un año empezaron a trabajar en la campaña para recoger firmas con el objetivo de reformar la Constitución, con una baja de la edad de imputabilidad entre otros temas.
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La experiencia para los colorados era nueva, más allá de que dirigentes y/o sectores de su partido hayan participado en cuatro de las 19 acciones de democracia directa que se impulsaron en el país entre 1989 y 2009.
El movimiento sindical y el Frente Amplio eran quienes tenían el conocimiento necesario sobre este tipo de actividades. Incluso, al comienzo, dirigentes sindicales y frenteamplistas dudaban de que las firmas se alcanzaran.
Esta vez, el desafío era obtener 10% de firmas del padrón electoral para que en las elecciones de octubre del 2014 se vote por un cambio al artículo 43 de la Constitución, al cual se le agregaría que las personas mayores de 16 años y menores de 18 serán “penalmente responsables y serán castigados” por la comisión “intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”.
El Código de la Niñez y Adolescencia establece sanciones penales para los menores de entre 13 y 18 años que cometan delitos. En tanto, en la iniciativa colorada también se establece que los antecedentes de los adolescentes no se destruirán y que serán “considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir” 16 años. Además se propone crear un Instituto de Rehabilitación independiente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que se encargue de la atención de los menores infractores. Esto último, en los hechos ya existe: se creó el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) que atiende a los menores infractores.
Tras 11 meses de campaña, los colorados y el sector del Partido Nacional Unidad Nacional presentaron el martes 17 ante el presidente de la Asamblea General, Danilo Astori, 367.609 firmas en reclamo de que se habilite un plebiscito para reformar la Constitución. Las firmas fueron derivadas a la Corte Electoral para que verifique su validez. Se deben aprobar 259.045 firmas para habilitar el plebiscito.
“La capacidad de militancia del Partido Colorado está intacta”, dijo el diputado Walter Verri (Vamos Uruguay), uno de los integrantes de la comisión que llevó adelante la recolección de firmas. Los colorados hicieron una picardía al entregar las firmas: las cajas con las adhesiones que ellos habían recolectado —era evidente que configuraban una amplia mayoría— tenían un distintivo rojo por debajo de los pegotines con el lema de la campaña: “Yo firmo por más seguridad”.
Adaptación y réditos.
Las dudas no estuvieron sólo en el arranque sino el mismo día de la entrega de las 369 cajas con las firmas, y se centraron en cómo se debía realizar el acto protocolar. Como lo había hecho el Frente Amplio, colorados y blancos formaron una cadena humana para pasarse cada caja desde la puerta del Palacio Legislativo que da a la avenida General Flores, hasta la antesala de la Cámara de Senadores.
Si bien todo era alegría —los senadores Pedro Bordaberry y Luis Alberto Lacalle no dejaban de sacarse fotos con las cajas— generó fastidio en los organizadores la lentitud con la que se labró el acta en la que se recibían las firmas. El secretario del Senado, Hugo Rodríguez Filipini, propuso que en la sala se pusieran algunas cajas sobre la mesa, se firmara y luego se contaran aparte. “Las cajas se quedan sobre la mesa. ¿No querés que se vean todas las firmas?”, planteó Bordaberry. Luego, durante varios minutos se leyó el acta que debería firmar Astori. Antes de que el vicepresidente de la República entrara a la sala, los diputados Gustavo Borsari (Unidad Nacional) y Germán Cardoso (Vamos Uruguay) pidieron a los militantes que lo trataran con respeto.
Para los analistas el hecho de alcanzar las firmas tendrá consecuencias. El investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República Daniel Chasquetti dijo a Búsqueda que la recolección de firmas es una muestra de que los colorados se están adaptando al rol de opositores. “Esta es una herramienta de la oposición. Son instrumentos costosos, llevan tiempo pero dejan rédito, no solo político sino organizativo. Juntar firmas implica mover estructura, dirigentes, y esto puede contribuir a que el Partido Colorado llegue a la segunda ubicación al tiempo que esto divide al Partido Nacional para el 2014”, dijo. Además, Chasquetti planteó que con la actividad del martes pasado se “legitima” un instituto de la democracia directa.
En tanto, el director de la encuestadora Interconsult, Juan Carlos Doyenart, opinó en el diario “El País”, el miércoles 18, que al “gobierno no le sirve un plebiscito de este tipo junto con las elecciones, porque lleva el tema de la seguridad al primer plano, y a ningún gobierno le sirve eso”.
“El tema de la seguridad va a estar en la próxima elección, pero si es a través de un plebiscito favorece a los sectores de la oposición”, afirmó.
