La pesca se está “muriendo de a poco”, dicen empresarios

Esa alerta fue acompañada con una serie de cifras y gráficas que describen la “caída” de la actividad: en los últimos siete años cerraron 26 empresas, de los 107 barcos de bandera nacional operativos en 2007 quedan menos de 45 y los puestos de trabajo pasaron de 4.116 a 1.738 en ese lapso. Eso “equivale al cierre de tres Fripur”, agregaron las cámaras, en referencia a la mayor industria del sector liquidada en 2016 y que por ahora está pescando cangrejo rojo en manos de la canadiense Cooke Aquaculture, informaron fuentes empresariales.

En tanto, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma) comparte el diagnóstico expuesto por las empresas. El dirigente Carlos Vega admitió que “nunca se vio” la coyuntura que atraviesa la pesca.

“Zafra despareja”

Si bien todos los barcos de costa y de altura están en actividad (unos 40), los empresarios hablan de una zafra “muy despareja” en términos de producción y con precios en caída. La mayor parte de la captura se destina a la exportación.

La pesca industrial aumentó 18% en el primer semestre del año, al comparar con el mismo período de 2016, según los registros preliminares de la Dinara. Pero es una mejora relativa ya que el año pasado “fue desastroso”, apuntó Vega.

Para Gilardoni, este año tampoco viene siendo bueno porque como el precio internacional es bajo, las empresas “no le dedican todo el esfuerzo” ya que la ecuación de los negocios no resulta atractiva.

El valor promedio por tonelada exportada en la primera mitad de 2017 fue de US$ 1.683, 2% menor que en igual lapso del año pasado. Es, además, el precio más bajo de los últimos cinco años

En 2016 se exportaron 46.024 toneladas de pescado por US$ 87,5 millones; eso supone una caída de 60% en volumen y de 45% en monto al comparar con 2006.

Para el titular de la CIPU, varios factores inciden en la retracción de los negocios. Por un lado, el cierre en los últimos años de mercados como Angola y Nigeria, que en 2017 volvieron a comprar algo por la recuperación del precio del petróleo que es el principal ingreso de esas economías.

Dijo que si bien se han diversificado los destinos —hacia otros países africanos y a Palestina, por ejemplo— es preciso mejorar la competitividad reduciendo los costos internos de las industrias, porque son de “otras épocas”. Entre otros, mencionó que las empresas pagan permisos de pesca de unos US$ 5.000 cada cuatro meses “haya captura o no” y con “precios altos o bajos”. En ese sentido, la Dinara prevé reducir 30% la tasa por permiso de pesca, dijo Gilardoni.

Actualmente la tasa anual es de 3,5 unidades reajustables por metro cúbico de bodega (la capacidad de los barcos va de 80 a 150 metros cúbicos). Según el jerarca, eso será una “señal” a favor del sector, pero aseguró que “hoy el principal nudo” es el del régimen de jubilación bonificada.

Entre 2009 y 2010 se estableció por decreto para el personal embarcado un sistema de jubilación que permite computar tres años de servicio cada dos trabajos, en el caso de los marineros, o cuatro años por tres de labor para los operarios de máquinas y capitanes. Por ello, además del resto de las contribuciones, las empresas deben pagar aportes patronales especiales de 27,5% y de 18,7% según la categoría, con lo que en algunos casos las cargas alcanzan a 40%.

El régimen se puso en práctica gradualmente y la obligación fue suspendida por el Poder Ejecutivo, atendiendo la crisis de la pesca, entre marzo de 2016 y marzo pasado. Desde entonces, mes a mes, el Ejecutivo renueva la suspensión; es que los distintos actores que negocian una solución “viable” no llegan a un acuerdo al respecto.

Para Gilardoni, la incertidumbre es la “peor de las situaciones” porque a las empresas se les dificulta planificar, cómo mejorar la presencia en los mercados o la renovación de la flota, entre otros temas. Sugirió además que se estudie “dónde va el aporte especial” que hace la pesca, “porque un sector en problemas no debería transferir recursos a la previsión social de otros”.

Para las industrias “es insostenible e “impagable” tal como está el régimen y la actividad, dijo Riva-Zucchelli. El presidente de la CIPU aseguró que hay empresas “muy complicadas” económicamente y que no resistirían ese nivel de aportes a la seguridad social. Afirmó que se llevan vertidos a dicho fondo especial US$ 8,5 millones y han sido pocos los trabajadores que pudieron jubilarse ya que entre los requisitos para acceder al beneficio está el cumplir 150 jornales por año y tener 10 años de antigüedad en el sector.

Opinó que es preciso encontrar una fórmula que no sea un “sacrificio económico que haga inviable la actividad”.

Vega, del Suntma, dijo que “la pesca no se salva” solo con cambiar la aportación y que hasta ahora los trabajadores han colaborado en “congelar” por un año el salario al no denunciar el convenio colectivo. “Pero no podemos seguir prorrogándolo, es complicado. El año que viene esperemos que exista el sector”, agregó. Y reclamó una “política de Estado urgente que apunte al desarrollo de la pesca. (…) Es preciso legislar, todavía continuamos de espaldas al mar. Hay empresas que tienen dificultades”.

Gilardoni evaluó que la flexibilidad laboral que otras industrias piden, “la pesca la tiene hace mucho tiempo”, porque cobran por productividad, con lo cual el sector tiene condiciones para “adaptarse”. A su juicio, lo que resta es que empresas y trabajadores tengan “reglas claras” en materia de aportes para avanzar en discutir mejoras de eficiencia, inversiones en recambio de la flota, y demás.