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    La pesca, un sector jaqueado por 50 días de huelga, industrias asiáticas, competencia argentina y falta de políticas oficiales

    Hay óxido por todos lados y solo algunos pueden jactarse de pintura reciente. Los trabajos de mantenimiento escasean. Las cubiertas de madera recuerdan a cuando Colón salió para las Indias, aunque esconden tecnología de punta en materia de detección de cardúmenes y comunicaciones. Amadrinados, los barcos de la muy envejecida flota de pesca uruguaya esperan pacientes en el muelle Mántaras del puerto de Montevideo a que armadores y trabajadores pongan fin a un conflicto que hoy jueves 20 cumple 50 días.

    Como suele ocurrir, cada una de las partes adjudica a la otra la responsabilidad por no llegar a un acuerdo para que los barcos puedan salir al mar a hacer su trabajo.

    Igual que en la propia pesca, la paciencia y la experiencia son un componente importante para llegar a resultados.

    Desde el sector empresarial se afirma que el largo conflicto los perjudica porque retrasa las exportaciones e incluso paraliza envíos ya comprometidos. Sostienen que la pelea gremial continúa, movida por una estrategia política del Partido Comunista, que quiere liquidar al sector privado para favorecer su postura estatista de crear un ente testigo, afirmó el ingeniero Eduardo Estellano, dirigente de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), una de las gremiales del sector, que preside Ricardo Piñeiro y que representa a treinta y tres barcos y cuatro plantas.

    En el otro bando, el presidente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), José Pedro Franco, dijo a Búsqueda que en realidad armadores y trabajadores tienen un diagnóstico común acerca de muchos problemas del sector, pero advirtió que en estos momentos están enfrentados porque los pescadores quieren que estos “sacrifiquen una parte de la plusvalía” y que son los empresarios quienes están esperando que el gobierno les aporte soluciones a través de rebajas en el precio de los combustibles, los impuestos y los aportes patronales.

    Como ejemplo de lo primero, Franco, con 40 años de experiencia en el sector, indicó que en los primeros días de julio, por primera vez se sentarán a discutir en torno a una mesa armadores, académicos, trabajadores y jerarcas del gobierno en un foro acerca de las políticas de pesca.

    El delegado de la Cámara de Industriales Pesqueros del Uruguay (CIPU) en los Consejos de Salarios —la cámara integrada por Fripur—, Enrique Mallada, resaltó esa instancia. “Es la primera vez que veo a todas las partes preocupadas por el sector: sindicatos, empresarios, gobierno”, manifestó.

    Según Franco, uno de los problemas es que los salarios de la pesca han bajado tanto que resulta difícil conseguir gente para trabajar allí. “Me invitaron a una reunión de la construcción y me encontré con 13 pescadores que me vinieron a saludar. El trabajo en las obras es menos duro y a la larga se paga mejor”, dijo.

    “Asegurado”.

    Hasta hace unos años, los taxistas y los pescadores eran de los pocos que solo cobraban por las comisiones generadas. Los taxistas lograron que cuando se detiene la actividad por un choque, una rotura u otra causa no imputable al chofer, si bien no perciben lo mismo que trabajando, cobran una compensación de alrededor de un 50% a cargo del empleador.

    En la pesca, el sindicato consiguió algunas cosas: licencias y que cada dos años trabajados se cuenten por tres para la jubilación (que subirá a 35% el aporte patronal) por las duras condiciones del mar. Pero como ganan buenos jornales en dólares, si el barco está en el muelle o simplemente no hay pesca, los marineros no cobran.

    Los armadores asociados en CAPU, a su vez, se lamentan de que muchas pérdidas de jornadas de trabajo se deben a la intransigencia sindical. Un relevamiento realizado por la gremial registró 381 días de paralización entre 1999 y 2010.

    Desde el sindicato sostienen que la pérdida de jornadas de pesca obedece muy a menudo al mal estado de los barcos y que en el año no se hacen más de 160 jornales, por razones ajenas a los trabajadores, lo que de hecho ha convertido a la pesca en una actividad zafral.

    El secretario general del gremio, Carlos Vega, puso como ejemplo extremo los sexagenarios barcos “Santa María del Mar” y “La Paloma”, donde las condiciones de los habitáculos destinados a los pescadores “son pésimas” al punto que “el cocinero debe trabajar de botas de goma”.

    Para mitigar la situación cada vez más frecuente de que los barcos deban regresar a puerto sin completar la carga o directamente no salgan durante semanas, el Suntma colocó en su plataforma de reclamos el cobro de un “asegurado”, tal como tienen los taxistas y también maquinistas y patrones de barcos.

    Con este reclamo, que los armadores se niegan a considerar, el sindicato busca que los empresarios se preocupen más por el mantenimiento de la flota porque en la situación actual, dicen, si bien dejan de ganar, tener el barco parado no les produce mayores gastos.

    Por su parte, el titular de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Daniel Gilardoni, dijo a Búsqueda que el estado de los barcos es uno de los problemas a atender, para lo cual está trabajando una consultoría que estudia la renovación o reconversión.

    El arrastre de Menem.

    El estudio de la situación de una flota con buques de hasta 60 años, lleva a otra discusión que el sindicato quiere realizar y que los armadores, al parecer, evitan: los viejos cuestionamientos a la pesca de arrastre.

    El modelo diseñado a mediados de la década de los ‘70 se hizo precisamente en base a esa modalidad de pesca. La técnica consiste en una red que avanza junto con el barco y va levantando desde el fondo todo lo que hay. Como la red no puede discriminar entre pescados chicos y grandes u otra fauna y flora marina, la técnica es cuestionada en todo el mundo por depredadora. “Por cada barco que llega a puerto hay dos barcos enteros que se tiran al mar”, explicó Franco.

    El punto de partida de la situación crítica que estaría viviendo la pesca de la merluza —junto con la corvina, una de las especies más comunes en esta zona del mundo— habría sido una decisión adoptada por el ex presidente argentino Carlos Menem en 1990, cuando autorizó pasar de 600.000 toneladas a 1.200.000 en un año.

    Los empresarios y hasta ahora la Dinara, a diferencia del sindicato, sostienen que todavía hay espacio para la pesca de arrastre si se adoptan algunas medidas como ser más estrictos en los cupos de explotación.

    La tendencia en el mundo, explicó Gilardoni, es a sustituir esta actividad milenaria por la acuicultura. Aunque Uruguay solamente puede mostrar tres casos de cría de esturiones en el río Negro, las cifras internacionales indican que ya el 50% del pescado proviene de jaulones y no de mares o ríos.

    La pesca de arrastre, opinó Gilardoni, debe continuar pero de forma sustentable, “porque el que no trabaje de manera sustentable no va a entrar en los mercados”.

    Los pescadores están convencidos de que debe reemplazarse paulatinamente el arrastre por otras artes menos depredadoras, como las pelágicas (a media agua) obteniendo capturas que se paguen mejor en el mercado internacional y que sin ser tan agresivas con el ambiente, resulten rentables.

    La industria de la pesca en Uruguay —salvo Fripur, que no sufre la huelga— exporta commodities. Más del 80% de las exportaciones son de pescado entero al que se le ha agregado poco más que un poco de frío y una caja.

    Estellano dijo a Búsqueda que los mercados de China, Nigeria y otros países que adquieren corvina uruguaya, tienen como característica cultural que consumen el pescado entero.

    Hasta ahora el sistema había funcionado sin grandes sobresaltos, lo que permitió buenas ganancias al sector.

    Los empresarios uruguayos, que abrieron esos mercados de la corvina, se quejan de la competencia desleal de Argentina. Hasta ahora, dicen, los armadores argentinos se habían concentrado en la merluza, pero como por diversas razones la pesca de esa especie decreció, se están dedicando más a la corvina en la zona de pesca común con Uruguay y mediante las maniobras financieras que permite el mercado paralelo del dólar, los argentinos y los nigerianos subfacturan y así bajan costos.

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