Jorge Batlle, que lo había antecedido, a diferencia de Julio Sanguinetti y Luis Lacalle, había dado un paso significativo en busca de la verdad creando la Comisión para la Paz.
Pero un jefe de Estado electo por la izquierda tenía la obligación moral y política de ir un poco más lejos, y al mismo tiempo pasar la prueba del difícil vínculo con las Fuerzas Armadas.
Según la politóloga Ana Laura de Giorgi, antes de la llegada al gobierno “la verdad a cambio del perdón estuvo en el centro del debate y también interpeló a la izquierda, la cual estuvo cerca de procesar una discusión interna que no llegó a concretar”.
El síndrome Gelman.
En agosto del primer año de gobierno, la búsqueda de los desaparecidos, paso previo a “dar vuelta la página”, tuvo un serio traspié: Vázquez anunció que habían sido ubicados los restos de María Claudia García, madre de Macarena y nuera del poeta argentino Juan Gelman, pero la noticia resultó falsa a pesar de que el propio comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, acompañó a la joven para ubicar la tumba clandestina en el Batallón 14, en Toledo.
Un tiempo después, cansado de escuchar solo buenas palabras de los investigadores de la Facultad de Ciencias, el presidente decidió hacer un cambio de equipo y en lugar del profesor Panario, especialista en suelos, fue llamado el arqueólogo de la Facultad de Humanidades estatal José López Mazz.
Los informes pedidos por el gobierno del Frente a las Fuerzas Armadas, salvo uno, no arrojaron información que antes no hubiera sido suministrada en forma anónima a la Comisión para la Paz y repitieron muchas mentiras.
La Fuerza Aérea, sin embargo, aportó dos datos de entidad: confirmó la existencia del llamado segundo vuelo —con detenidos desde Buenos Aires, luego desaparecidos— y la posible ubicación de dos tumbas clandestinas cerca de Pando, donde estarían los militantes comunistas asesinados en la tortura, José Arpino Vega y Ubagesner Chávez Sosa, este último finalmente encontrado.
En diciembre, con la ayuda de un mapa anónimo, también fue ubicado en el predio del Batallón 13 el esqueleto de Fernando Miranda.
Pero el impacto del fiasco con la nuera de Gelman más el pedido de extradición desde Argentina en el marco de la causa de “Automotores Orletti” y otras, terminaron con lo que el doctor Fernández denominó “perforaciones” de la Ley de Caducidad.
El presidente, que había sido puesto en ridículo, adquirió una especie de “síndrome Gelman” que lo llevaría a ser más desconfiado y cauteloso en los trabajos de excavación.
Igual que en otros temas ríspidos, el Frente no se había puesto de acuerdo en qué política adoptar, así que en materia de derechos humanos Vázquez tuvo que hacer su camino propio a ensayo y error y llegó al final de su mandato sin más avances.
El 19 de junio de 2007, siguiendo con su plan, el presidente convocó a un acto en Plaza Independencia para proclamar un “Nunca más” que no obtuvo apoyo popular ni de buena parte del oficialismo. Al año siguiente, mientras estaba de gira en Cuba, repitió la convocatoria que fue poco más que un desfile militar y una ofrenda floral. “Nunca más al frío”, ironizó el entonces ministro de Ganadería José Mujica.
“Viejitos”.
En una entrevista con el diario porteño “La Nación” el nuevo presidente Mujica, que fue preso de los militares, opinó que toda justicia es “una suerte de venganza” y anunció que no quería “viejitos presos”, ni ser “verdugo de los verdugos”.
En un gesto polisémico, el presidente recibió de manos del nuevo comandante de la Fuerza Aérea, José Bonilla, una vieja bandera tupamara que supuestamente había sido capturada en los tiempos del enfrentamiento armado.
“Sin verdad y justicia no hay reconciliación”, fue el eslogan ese año de la multitudinaria marcha del 20 de mayo.
Para ese entonces, el ex canciller Juan Carlos Blanco, y los presidentes de la dictadura Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez habían sido sometidos a proceso. Salvo los dos primeros, el resto estaban presos en una cárcel especial construida dentro de un viejo cuartel de Caballería en Piedras Blancas, igual que algunos civiles, un grupo de oficiales del Servicio de Información de Defensa (SID) que habían tomado parte de la represión que provocó muertes y desapariciones en Buenos Aires, entre ellos los coroneles Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira, los inspectores de la Policía José Sande y Ricardo Medina, el teniente coronel José Gavazzo, el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau y el mayor José Arab.
Mujica designó en la Secretaría para el Pasado Reciente a Graciela Jorge, una tupamara de su confianza y continuó con el convenio a cargo del historiador Álvaro Rico y el antropólogo López Mazz.
El 5 de marzo de 2011 un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por su responsabilidad en la desaparición forzada de María Claudia García de Gelman y la posterior ausencia de investigación y juzgamiento de los responsables. La sentencia estableció que la ley de caducidad no podía “seguir representando un obstáculo para la investigación e identificación de los responsables” de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte advirtió que supervisaría el cumplimiento “íntegro de la sentencia”.
Con un dejo de escepticismo, Mujica anunció que el gobierno haría “lo que pueda” para cumplirlo. Le preocupaba particularmente el tema de las investigaciones.
La decisión del tribunal internacional llegó en un momento crucial. Es que unos meses más tarde, a fines de octubre de 2011, prescribirían los delitos cometidos en la dictadura.
La inminente prescripción y el rechazo de la Corte a la Ley de Caducidad movilizaron a los integrantes del Frente Amplio y generaron algunas diferencias internas. Varios sectores insistían en que había que derogar la norma que había impedido que se investigara, pero otros señalaban que la ley había sido refrendada dos veces por la ciudadanía.
La izquierda había intentado varias veces eliminar la ley de caducidad. Juntó firmas y convocó a la ciudadanía dos veces (1989 y 2009). Debatió el tema en su interna y trató en varias oportunidades de terminar con la norma por la vía parlamentaria. Pero en cada oportunidad algo evitaba que concretara su objetivo: una vez fueron algunos legisladores “rebeldes”. Luego, el presidente José Mujica y, más tarde, un diputado que se “inmoló” y no votó la iniciativa.
Finalmente, el jueves 27 de octubre de 2011, la Cámara de Diputados aprobó, con los 50 votos oficialistas, la ley Nº 18.831 que declaró que los delitos cometidos durante la dictadura son de “lesa humanidad” y por lo tanto no prescriben.
Avalancha.
La norma sirvió como disparador para que organizaciones de derechos humanos presentaran denuncias por torturas y abusos cometidos en unidades militares y policiales durante la dictadura. Los juzgados recibieron una “avalancha” de denuncias: en solo cuatro días de vigencia de la ley se presentaron 350.
“No sé qué se quiere, que los juzgados no se dediquen a otra cosa que a investigar este tipo de causas. La verdad que estos asuntos hace rato que dejaron de ser jurídicos y son claramente políticos”, reflexionaba por ese entonces el abogado Miguel Langón, patrocinante de varios militares retirados.
De todas formas, las defensas de los militares tenían planeada una estrategia para contrarrestar la ofensiva: recurrirían a la Suprema Corte de Justicia alegando que la ley 18.831 era inconstitucional.
Y la Corte les dio la razón. En febrero de 2013 la Corporación declaró inconstitucionales dos artículos de la ley. La decisión fue interpretada por muchos como un freno para las investigaciones, ya que los plazos de prescripción se habían agotado, con lo cual en los hechos podía implicar el cierre de muchos expedientes.
Sin embargo, dos años más tarde, cuando la Corporación se pronunció sobre el caso del asesinato de Chaves Sosa en 1976, los ministros rechazaron por unanimidad la prescripción del delito y confirmaron la condena contra los militares retirados Enrique Ribero Ugartamendía y José Uruguay Araújo.
El fallo, de mayo de 2015, dio por tierra las acusaciones de que la Corte representaba una “muralla” contra el avance de las investigaciones y terminó por consolidar una posición que ya se había extendido en los juzgados de primera instancia y en los Tribunales de Apelaciones, que en general rechazaban los pedidos de clausura de los militares.
Transcurso del tiempo.
Si bien la “luz verde” del gobierno y la Justicia para investigar esos hechos permitió que muchas denuncias progresaran, el avance de los expedientes se encontró con otro freno: la estrategia de “dilación” que comenzaron a emplear las defensas de los militares retirados.
“Comienza una estrategia defensiva que empieza a frenar un primer impulso en las investigaciones, que se dio en los años 2006 y 2009”, explicó a Búsqueda el abogado Pablo Chargoñia, coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu, que patrocina varias causas sobre derechos humanos. La estrategia es “el transcurso del tiempo”. Es una defensa “mejor organizada por los abogados del Centro Militar”, que sugieren a los testigos o indagados que no declaren, e interponen recursos alegando la inconstitucionalidad de la ley 18.831 o la prescripción de los delitos. Aunque los recursos sean rechazados en todas las instancias, mientras los planteos se resuelven, las investigaciones se congelan meses y hasta años.
“Hoy la posición de los violadores de derechos humanos es siempre la misma: no voy a declarar hasta que no se resuelva el tema de la prescripción y por más que los juzgados rechacen la solicitud de clausura, se recurre, y por más que los tribunales de apelación rechacen, se presenta recurso de casación, y por más que la Corte rechace, la estrategia surtió su efecto: que transcurra todo ese tiempo antes de que haya una decisión sobre el procesamiento”.
El juez Pedro Salazar, que está a cargo de la causa de María Claudia García, entre otros expedientes sobre derechos humanos, coincidió con que esa estrategia ha enlentecido las investigaciones. Pero consideró que “las defensas tienen su derecho a plantear recursos. Yo no los llamo ‘chicanas’, como he visto que las llaman. Son recursos, y si la ley está, y se pueden ejercer, que se ejerzan”.
Por otra parte, Salazar también señaló la “dificultad” de investigar hechos que ocurrieron hace 40 años, “donde la prueba que se puede conseguir es mínima, y hay testigos e incluso indagados fallecidos”. Además, los recuerdos de las personas pueden ser cuestionables por las defensas y es difícil encontrar información. “Son de las investigaciones más difíciles de realizar, por el paso del tiempo”, afirmó. “No quiere decir que no se investigue, pero son muy difíciles”.
Durante el segundo gobierno del Frente, el trabajo de investigación dio dos nuevos resultados: en 2012, a un metro de profundidad y en un lecho de cal viva fueron encontrados en un predio del Batallón 14 los restos del maestro y periodista Julio Castro y del militante del maoista Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco.
Los hallazgos eran enterramientos primarios, lo que para algunos cuestionaba una vez más la existencia de la llamada Operación Zanahoria, que habría sido realizada al final de la dictadura por orden superior para desenterrar los cuerpos, incinerarlos y tirarlos al mar.
Pero además, en el caso de Castro cambiaba de manera radical la versión que existía acerca de su muerte, ya que la Comisión para la Paz había informado a la familia que se debió a un fallo cardíaco. No obstante, el veterano periodista, que no tenía ningún vínculo con grupos armados, había sido asesinado de un disparo en la nuca mientras estaba detenido en una dependencia militar en agosto de 1977.
Esa última circunstancia provocó una declaración de condena pública del comandante del Ejército, Pedro Aguerre, con el respaldo de todos los generales presentes en el país, pero no se produjeron más avances. La familia de Castro no obtuvo ninguna colaboración del Estado para la investigación y el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, mantuvo fuertes enfrentamientos verbales con organizaciones de derechos humanos como el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Otros viejitos.
Al asumir su segundo gobierno, Vázquez prometió seguir la búsqueda de los desaparecidos. Despertó expectativas cuando designó a la historiadora especializada en archivos Isabel Wschebor al frente de la nueva Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, pero al mismo tiempo, en un alambicado decreto (131/15) creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia.
Ambos fueron instalados sin presupuesto propio y dependiendo de Presidencia en un piso del edificio de la galería Caubarrere, en Convención y 18 de Julio.
El Grupo de Trabajo quedó integrado por personalidades independientes que representan a las religiones católica, judía, protestante y umbandista, además de Emilia Carlevaro, a nombre de Familiares, el ex subsecretario de Educación Felipe Michelini y la diputada Macarena Gelman.
El vínculo entre Wschebor y el Grupo de Trabajo, que según el decreto debía dirigir, fue malo y al cabo de un año se produjo la renuncia de la historiadora. Antes había renunciado el arqueólogo López Mazz; con la renuncia de la directora ocurrió también el alejamiento de los arqueólogos Octavio Nadal (ver “Cartas al Director”) y Camilo Collazo. El común denominador de estas renuncias es el estancamiento de los trabajos.
No obstante, el vocero de Familiares, Ignacio Errandonea, dijo a Búsqueda que con el actual equipo tienen “una excelente relación” y que con los gobiernos del Frente nunca han “peleado”, aunque tienen “diferencias”. Familiares cree que “la investigación debe profundizarse”, aunque según Errandonea sigue faltando buena información. Un problema fue que los informes de las Fuerzas Armadas “mintieron a cara de perro”, aseguró.
Familiares mantiene una postura crítica pero reconoce los avances durante los gobiernos del Frente. No obstante, muchos integrantes han perdido las esperanzas.
“La principal carencia de estos tres períodos del Frente es que cuando te mienten, renuncies a la potestad de pedir información. No veo que se les vaya a pedir otra vez. Nos metieron el cuento de que destruyeron los archivos, pero los microfilmaron. Si hay algo que queda claro es que documentan todo, hay detalles asombrosos”, opinó Errandonea.
En Familiares valoraron en su momento la declaración del comandante Aguerre como “un primer paso que murió en la orilla” y consideran que no solo Fernández Huidobro sino también los ex ministros de Defensa José Bayardi, Gonzalo Fernández y Luis Rosadilla “aplicaron la misma política”. Por lo tanto creen que se trata de “algo de la fuerza política”, que incluye también al nuevo presidente del Frente, Javier Miranda, un hijo de desaparecidos que fue puntal de Familiares pero que tomó distancia.
El arqueólogo Nadal llamó la atención sobre un aspecto que estuvo planteado desde el primer momento pero que ahora parece soslayado: “El tiempo apremia” y “se está judicializando el tema, con el riesgo de afectar la investigación en sí”.
Según Nadal, que trabajó en la Secretaría hasta hace pocas semanas, “no hay ningún planteo de hipótesis científica” y además “en un año y medio el Grupo de Trabajo no produjo ni un dato”.
Para el abogado Chargoñia, el Grupo de Trabajo “no es la institucionalidad necesaria”. En su opinión, “no se trata de crear comisiones ad hoc, y menos en estas condiciones”. Aunque “los integrantes son personas honorables, el tema de la investigación y la eficacia no es un problema de ausencia de comisiones. El problema es la falta de voluntad política para poner a la institucionalidad ya existente a investigar eficazmente”.
Chargoñia opinó que el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura ha sido “una piedra en el zapato para todos los gobiernos del Frente Amplio”.
“No encontramos en ninguno de los gobiernos el entusiasmo original por el caso. Una política autónoma que sorprenda al movimientos de los derechos humanos con iniciativas originales. En todo caso lo que hay es una respuesta ante la demanda, y a veces una respuesta insatisfactoria, que parece más orientada a neutralizar el reclamo que a satisfacerlo”.
Para el abogado, durante su gobierno Mujica “no demostró ninguna voluntad política respecto de este tema. Su posición se nutre de la teoría de los dos demonios y no tiene ninguna fe real en que la justicia pueda ser un valor social democrático”.
Además, nombrar a Fernández Huidobro al frente de Defensa “fue un amparo a los violadores de derechos humanos y una expresión de esa política de dar vuelta la página”. El hecho de que Tabaré Vázquez lo mantuviera en el cargo fue “contradictorio contra todos sus otros anuncios sobre verdad y justicia”, opinó.
Reinician excavaciones.
En medio de este panorama no muy alentador, el juez Pedro Salazar definió esta semana retomar las excavaciones en el ex Batallón 13 y el contiguo Servicio de Material y Armamento (SMA) interrumpidas desde hace varios meses, una vez que se cumplan determinadas medidas de prevención, informaron a Búsqueda fuentes judiciales.
Durante un seminario sobre reparación integral organizado a fines de setiembre por la organización de ex presos políticos Crysol, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo, su coordinador, Felipe Michelini, sostuvo que “el Grupo no está creado con fines decorativos y estéticos sino para luchar contra la impunidad”.
Información Nacional
2016-10-06T00:00:00
2016-10-06T00:00:00
