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La despenalización del aborto aprobada en 2012 fue uno de los puntos de mayor conflicto entre la Iglesia Católica y el Frente Amplio, que aprobó la medida gracias a su mayoría parlamentaria. En esa ocasión, como también en otras discusiones vinculadas a derechos sociales ocurridas en las dos últimas legislaturas, la mayoría de los partidos tradicionales mantuvo una posición similar a la planteada por las autoridades eclesiales.
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En las últimas semanas, esa división es menos clara como consecuencia del rechazo que varios obispos han expresado sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 16 años, una iniciativa impulsada por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional.
Hasta el momento el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y los obispos Julio Bonino (Tacuarembó), Heriberto Bodeant (Melo), Arturo Fajardo (San José) y Martín Pérez Scremini (Florida) plantearon sus dudas respecto a la reforma constitucional que se pondrá a votación junto con las elecciones nacionales. Esas opiniones generaron críticas del precandidato presidencial Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) y del expresidente y senador Luis Alberto Lacalle (Herrerismo), dos líderes políticos y católicos practicantes.
Opiniones.
Con la cercanía de las elecciones, la Conferencia Episcopal elaboró un mensaje con apreciaciones generales sobre esa instancia electoral. En ninguna parte del documento se menciona el tema de la baja de la edad de imputabilidad; sin embargo, el plebiscito se coló en el discurso de algunos de los obispos.
La población deberá resolver el último domingo de octubre si agrega en el artículo 43 de la Constitución un inciso que establezca que las personas mayores de 16 años y menores de 18 serán “penalmente responsables y serán castigados” por la comisión “intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”. Además, la modificación plantea que los antecedentes de los adolescentes no se destruirán y serán “considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir” 16 años. Asimismo propone crear un Instituto de Rehabilitación independiente del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) que se encargue de la atención de los menores infractores.
“¿Yo me pregunto si están dadas las condiciones como para atender a aquellos que van a encerrar”, dijo Pérez Scremini el 23 de abril en una actividad pública, según consigna “Floridadiario”. “No es sacarlos del medio porque roban. ¿Qué hacemos con ellos adentro? No creo que estén dadas las condiciones para un proceso de rehabilitación”.
En el acto del 1º de Mayo, el titular de la diócesis de Tacuarembó también se refirió al tema. “La delincuencia ciertamente es un problema importante en la sociedad”, pero “no es un problema de los menores de edad”, afirmó. “No se conoce ningún país democrático del mundo que haya bajado la delincuencia, bajando la edad de imputabilidad”, continuó Bonino, y agregó que “el ingreso de adolescentes a sistema privativo de libertad los introduce definitivamente al mundo de los delitos, al romper los lazos de socialización con la sociedad”.
Consultado por Búsqueda, el obispo de San José dijo que la mejor solución al problema pasa por la educación y no por la represión. Ese concepto había sido planteado por Bodeant, secretario de la Conferencia Episcopal, en 2012.
Cruces.
Las declaraciones de Pérez-Scremini fueron cuestionadas por Lacalle, que visitó Florida días después de que el obispo diera su opinión y por eso fue consultado por los medios locales.
Lacalle dijo que la reforma constitucional incluye un artículo que “le da al juez la facultad de caso por caso mirar y analizar si la persona tiene conciencia y voluntad”. Los 18 años “se fijaron en el año 1934, entre el 34 y el 2014 ha habido cambios en la sociedad”, añadió. “Si le vamos a buscar pelos a la leche, bueno, también en la iglesia hay pelos en la leche”.
Pero la posición que caló más hondo a nivel político fue la de Sturla, debido a que es el arzobispo de la capital y el principal referente de la Iglesia Católica para la opinión pública.
En los primeros días de marzo, a poco de asumir como arzobispo, Sturla declaró a varios medios de prensa que está en contra de bajar la edad de imputabilidad. “Entiendo la postura de quienes la defienden”, dijo a TNU, “pero yo soy salesiano, he trabajado con chicos muy difíciles, de sectores complejos, marginados, y hay que estar muy en la piel de esas situaciones”. Agregó que por eso, no es partidario de la reforma, con la que se podría “criminalizar” a la juventud.
La posición de Sturla, que proviene de una familia vinculada al Partido Nacional, sorprendió en algunos sectores de los partidos tradicionales, dijeron a Búsqueda fuentes políticas y de la Iglesia.
Los miembros de la comisión que encabeza la oposición a la baja consideran que la salida de Sturla es una de las causas de la disminución de 6% —de 64% a 58%— en las opiniones a favor de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años (Búsqueda Nº 1.760).
El lunes 5 Bordaberry declaró a Canal 12 que cuando el arzobispo habló “de la baja de la edad de imputabilidad fue muy contundente, y cuando habló del tema del aborto no fue tan contundente”, algo que le “llamó la atención”. Si bien dijo que “son opiniones que da la Iglesia” que “después se tienen en cuenta o no”, el precandidato colorado, que en marzo visitó al papa Francisco en el Vaticano, cerró su comentario con un cuestionamiento a la conducta de Sturla: “Creo que la Iglesia tiene que ocuparse mucho de los fieles y dejarnos a nosotros los políticos el tema de la inseguridad”.
Por su parte, el diputado blanco José Carlos Cardoso (Herrerismo) escribió en su cuenta de Twitter que “la falta de rigor en estos casos” lo “impresiona” y que “el nivel de los curas ha decrecido”.
Defensa inusual.
Si es poco habitual que líderes de partidos tradicionales cuestionen a la Iglesia, lo es menos que representantes del oficialismo decidan respaldarla públicamente. Pero eso es lo que ocurrió en los últimos días.
“(¿)Falta d(e) rigor es cuando no se coincide? Conozco al arzobispo desde que era seminarista y los palos a sus planteos son desde el desconocimiento”, escribió ayer miércoles en su Twitter el diputado del Movimiento de Participación Popular Aníbal Pereyra.
El senador socialista Daniel Martínez dijo a Búsqueda que le parece una “muestra de intolerancia que cuando alguna institución opina algo que no le gusta la critican, pero después lo aplauden cuando dice algo que les gusta”.
“Es bastante hipócrita que cuando la Iglesia criticaba el proyecto de ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo no decían nada sobre que la Iglesia opinara”, agregó.
Para el docente de la Universidad Católica y de la Universidad de la República Nelson Villarreal Durán, allegado al precandidato Tabaré Vázquez, el planteo de Bordaberry es una “reivindicación del catolicismo conservador” del que el dirigente colorado y su familia “son parte”.
Estas ideas de los obispos uruguayos hay que entenderlas “dentro de la tradición constante del catolicismo social”, explicó Villarreal. “No es oportunismo porque son temas muy caros para un sector importante de la Iglesia y la línea del papa Francisco”.