“Contar con una educación pública, sólida, robusta es esencial, y ese es un pilar del Uruguay”, dice quien desde 2021 trabaja en consultorías con la ANEP.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo Muñoz con Búsqueda en el marco de su visita a Uruguay esta semana.
—Hay quienes ven en consultorías externas como la que usted lleva adelante una suerte de intromisión o incluso de implantación de “modelos” dictados por organismos internacionales, como el BID. ¿En qué contexto se inscribe esta reforma? ¿Y cuál es su rol?
—Ese es un debate legítimo, de si las reformas responden efectivamente a las necesidades y a las particularidades de los contextos. Yo me atrevería a decirle que esta reforma toma aprendizajes internacionales, porque hay tendencias; por ejemplo, en el área de las competencias y de las metodologías de enseñanza. Pero esta es una reforma local. La transformación curricular en Uruguay es diseñada por los equipos nacionales, por uruguayos, para uruguayos y en Uruguay; y responde a una cuestión que había definido el programa de gobierno. Acá no estamos implementando ningún modelo o al menos mi rol está lejísimo de eso. He estado abocado, más que al diseño de ese proceso, a apoyar la implementación de una política que se pensó localmente y lo hago con la expectativa de responder a necesidades locales, a partir de mi experiencia en Chile y en otras partes. He estado cerca del sistema educativo uruguayo desde hace bastante tiempo. La consultoría está acotada a momentos críticos o clave. No tengo un rol protagónico ni permanente. Durante el año voy revisando productos y elaborando visiones sobre lo que está pasando. Entiendo que una mirada externa es importante porque la contracara de la importación de ideas es, precisamente, el aprovechamiento de experiencias de otros lados. Mi rol es ese.
—¿Qué semejanzas y diferencias ve en los procesos de reforma uruguaya y chilena, con un gobierno socialdemócrata como el de Bachelet, de orientación política diferente al de Luis Lacalle Pou?
—La experiencia chilena confirma que las reformas educativas de gran escala, que involucran a la totalidad o a parte importante de un sistema educativo, son de largo aliento, requieren un esfuerzo del Estado o esfuerzo país para ser sustentables y muy buenos procesos de implementación para solidificarse en el tiempo. Más allá de las diferencias políticas que evidentemente tienen los países y algunas particularidades locales, el desafío principal consiste en que las reformas hagan sentido a los integrantes del sistema educativo. Y eso es muy difícil. Diez años después de la reforma de Bachelet, hoy una parte de las discusiones más interesantes en Chile están centradas en cómo seguir mejorando la implementación de las reformas que iniciamos en 2014. Están en el corazón del debate y son cambios que hicimos hace 10 años. Eso demuestra que es importante tener una perspectiva de largo plazo. En eso ambos países deberían aprender de sus procesos.
—¿En qué indicadores concretos la población puede ir viendo cómo evoluciona la reforma?
—Cuando uno mira las mediciones internacionales “serias”, Pisa, Erce... Uruguay está dentro de la primera parte del gráfico continental. Pero están claros los desafíos específicos donde se requiere mejorar los resultados. Esos desafíos tienen que ver con mejorar la calidad de los aprendizajes, sobre todo en los sectores más populares, y disminuir las brechas entre los distintos segmentos socioeconómicos. Este es un desafío común de Uruguay y Chile. Y si uno va a los factores, los hay institucionales, los recursos disponibles, el financiamiento, etcétera. Pero la mejora educativa es fruto de un trabajo serio a nivel de las prácticas, de lo que ocurre al interior de las salas de clase; esto es: qué es lo que están aprendiendo los niños y cómo les estamos enseñando. Ese es el principal valor.
—¿Y cuándo se verán reflejadas claramente esas prácticas en las aulas?
—Esta es una reforma que recién está partiendo, porque se inicia en 2022 y se aplica, en estricto rigor, en 2023. Está dando sus primeros pasos. Comienzan a verse algunos cambios positivos, pero evidentemente queda un largo camino. Esto lo digo a partir de la visión de los actores educativos, porque hay encuestas interesantes que ha ido procesando la ANEP; también en las conversaciones y focus groups con técnicos y educadores. La buena noticia es que comienzan a verse algunos avances.
—¿Dónde ve esos avances?
Hay un sentido de importancia de la reforma compartido, un lenguaje que comienza a instalarse y también, en ciertos lugares, unos primeros pasos, en las prácticas: una planificación por competencias, una evaluación de aprendizajes más sensibles a la realidad y un trabajo interdisciplinar incipiente, pero donde también se dan avances en poco tiempo y con enormes desafíos de implementación. Todo esto con una intensidad muy variable entre los centros de estudio. Pero el protagonismo ya lo tienen las comunidades educativas, que son las que están llamadas a traducir esto en una mejor enseñanza y aprendizaje.
—Esas son percepciones o valoraciones subjetivas. Falta mayor evidencia empírica...
—En 2024 haremos un fuerte énfasis en sistematizar lo que está ocurriendo en las aulas. Sí, hoy son percepciones. Se requiere más evidencia, por cierto, y ese debería ser un énfasis para los próximos años para ir entendiendo cuánto de esto va permeando.
—Según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en su informe sobre el estado de situación de la enseñanza uruguaya, pese al avance en algunas metas, la inequidad se ha ampliado en estos años tanto en asistencia, aprendizajes como en egresos, y su reducción era uno de los objetivos de la transformación. ¿Qué concluye?
—Es el gran desafío de nuestro sistema educacional. Hay una trayectoria de inequidad en América Latina, y Uruguay no es una excepción. Esto requiere políticas muy activas para la superación de las brechas: requiere un rol del Estado activo para eliminar o al menos acortar esas brechas. Contar con una propuesta curricular compartida que genere una base común de aprendizajes para todos los estudiantes es el primer gran paso. No es la única vía. Se requieren también apoyos diferenciados, más recursos en las escuelas más vulnerables, mejorar la formación docente, entre otros dispositivos complementados con políticas de Estado, de largo plazo, y derechamente dirigidas a acortar esas brechas.
—¿Uruguay se encamina hacia la privatización de la educación o la mercantilización de la enseñanza, como advierten gremios?
—No logro juntar las dos piezas. En Uruguay no hay una privatización explícita, y este es un cambio curricular. Los procesos de privatización educacional responden a un tipo de reforma institucional que, como ocurrió en Chile durante la dictadura de (Augusto) Pinochet, explícitamente generan condiciones para que se debilite la educación pública y se privatice. Pero eso requiere reformas institucionales, como permitir el lucro, crear un sistema de financiamiento como el voucher ?cheque escolar? que tiene Chile o que está proponiendo Javier Milei en Argentina. Ese es el tipo de reforma que produce un avance de un modelo de privatización educacional. En Uruguay no veo por dónde hay eso. No veo cómo conectar ambas cosas. Pero creo que sí es importante entender que la evidencia indica que los procesos de privatización segregan aún más los sistemas educativos y no tienen resultados favorables en materia de aprendizajes. Chile ha ido limitando esos componentes de mercado, eliminando el lucro.
—Desde el gobierno uruguayo suelen mirar a Chile como ejemplo.
—Es importante en países como el Uruguay, que tienen un componente prioritario de educación pública, defender ese valor porque es una tendencia que va en detrimento en el mundo, con muchos procesos de privatización. Es necesario cuidar a la educación pública, respetando el rol que pueda tener la educación privada y su libertad de enseñanza. Contar con una educación pública, sólida, robusta es esencial, y ese es un pilar del Uruguay; también es una de las razones por las cuales ética y políticamente me interesa mucho el sistema educativo uruguayo.
—En días se conocerán los resultados de las pruebas Pisa. ¿La calidad de la educación depende de un test donde se miden los conocimientos de los estudiantes?
—Hay un debate a nivel mundial respecto de qué efectivamente es la calidad educativa. Pero hay cierto consenso en que esa calidad supera con creces lo que nos pueden indicar las evaluaciones estandarizadas. No son sinónimos. La calidad responde a una mirada del proceso educacional que involucra evidentemente el aprendizaje de los estudiantes, ciertos procesos clave como la convivencia escolar y una visión integral del aprendizaje, como la formación ciudadana, el cuidado del medio ambiente o la educación sexual integral.
—Esta semana el Observatorio de la Universidad de la República advirtió un enfoque “tecnicista” de la transformación y señaló insuficiente participación en los cambios proyectados.
—La participación de los actores es un desafío de las reformas a gran escala para tener el mayor grado de involucramiento posible, porque eso es lo que permite su éxito. La evidencia que he observado es que este es un proceso cuyas herramientas y propuestas han surgido a partir de espacios de participación docente, de inspectores... Pero también es legítima la opinión de que es necesario abrir más canales de participación. Este siempre es un nudo de las reformas a gran escala y hay que mirarlo de forma autocrítica. Tampoco es posible que todos los actores participen de un cambio de esta envergadura.
—Los técnicos también apuntan que una reforma de este calado es difícil de llevar a cabo con un presupuesto tan acotado. ¿Cuánto determina su éxito la insuficiencia de recursos?
—(Se toma unos segundos). Yo creo que la ANEP ha invertido recursos importantes en esta transformación curricular. Un ejemplo es la creación de un cuerpo profesional especializado, complementario a la inspección, con los mentores en el caso de la educación secundaria. En educación y en reforma educativa siempre los recursos parecieran insuficientes. Por eso hay que tener una visión de Estado más allá de la mirada específica de un sector u otro, que garantice que la educación vaya contando con más recursos.
—Entrevistado en febrero por El Observador, usted decía que “sin dudas, el cambio deberá seguir en el próximo gobierno, sin importar quién gobierne”. ¿Qué pasa si un gobierno de igual o distinto signo decide cambiar el rumbo?
—Lo que uno espera es que dada la centralidad que tiene la educación para el país, cualquier decisión de política de fondo, como es continuar o frenar una reforma, se haga muy seriamente. El mejor aval de una reforma son los cambios que esta va produciendo y el sentido que va generando entre los actores. Lo lógico sería, aún con continuidad de gobierno, cambio de equipos o de color político, que se hiciera una revisión seria de lo que se ha logrado y también crítica de los desafíos. A ningún país le hace bien interrumpir reformas de esta envergadura, excepto que la evidencia sea lo suficientemente dramática o contundente. Hay que observar esto con mucha detención antes de cualquier decisión drástica. Además hay que considerar la temporalidad de esta reforma (que entra en año electoral). Este proceso se está iniciando, está naciendo. Hay que observarla, evaluarla y, ojalá, mejorarla, más que frenarla.