Si hay algo que el titular del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no está dispuesto a ceder es en que la educación no avanza o que lo hace a paso lento.
Si hay algo que el titular del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no está dispuesto a ceder es en que la educación no avanza o que lo hace a paso lento.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“Robert Silva no llegó solo para administrar la educación, sino para transformarla”, dice y añade que a partir de ahora se empezarán a ver los grandes cambios prometidos y tantas veces postergados en su área. Silva presume de que desde la administración educativa Uruguay supo capear la pandemia “como pocos países del mundo”, y que lo hizo pese a las “alertas y escenarios catastrofistas” augurados por aquellos “artífices y gestores del miedo” que actúan de mala fe. Allí el jerarca se envalentona. Dice que en estos primeros años de gestión también debió enfrentar una “campaña de mentiras” sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) aupada por una “ortodoxia ideológica” que antepone sus intereses al debate educativo. Pasando raya, cree que su gestión será recordada por haber evitado un drama educativo agudizado por la crisis sanitaria y por haber puesto en marcha una reforma destinada a mejorar los índices educativos que desde hace años colocan al país entre los peores de la clase en América Latina.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista con Búsqueda.
—Sintéticamente, ¿qué evaluación hace de estos años turbulentos en materia educativa que le tocó gestionar desde la ANEP?
—Creo que nosotros, como sistema educativo, estuvimos a la altura de la circunstancia en un momento de extrema tensión y prueba como fue la pandemia. No tengo dudas. Logramos hacer cosas que nos destacaron en el mundo y nos diferenciaron. Colegas de otros países miran a Uruguay como una referencia de actuación ante la pandemia. Mirado en perspectiva, la tarea se hizo bien. Y esto a pesar de los pronósticos, alertas y escenarios catastróficos anunciados por algunos artífices y gestores del miedo que actúan de mala fe. Eso también es importante decirlo, porque después pasa el tiempo, las cosas evolucionan y todo queda por ahí. Pero no fue fácil en abril de 2020 abrir las escuelas, cuando estaba toda América Latina cerrada. Lo hicimos gracias a los equipos y al apoyo decidido del presidente de la República. Porque fue fundamental tener un presidente comprometido, involucrado y articulando entre los ministerios de Educación, Salud y ANEP. Pero también hubo quienes pronosticaron situaciones catastróficas, de contagios masivos con situaciones de vida o muerte extremas.
—¿A quiénes se refiere?
—Bueno, a distintos actores, como integrantes de los sindicatos que decían que no estaban dadas las condiciones, que así no podíamos comenzar las clases. Si nos hubiéramos guiado por ellos no hubiésemos abierto todos nuestros centros educativos a mediados de 2020. Y entonces, sí, las consecuencias hoy serían realmente catastróficas, con pérdidas de años de aprendizaje y mayor impacto en la economía, según organismos internacionales como la Unesco, que pone a Uruguay como un buen ejemplo de actuación ante la pandemia. Y entonces la mitad de nuestra gestión tuvo esa impronta.
—Y encima vino la LUC…
—Como si fuera poco la pandemia, tuvimos la LUC, que también llevó a situaciones complejas y a salir a desmentir: que se terminaba la obligatoriedad, que se privatizaba la educación, que se metía el mundo empresarial en la enseñanza. Cuestiones preocupantes, sobre todo por parte de quienes provenía esa mala intención, que fueron gobernantes del sistema educativo y sabedores de las complejidades que tenemos. Ellos, que no pudieron concretar muchas cosas, incluso contando con un partido único y mayoría absoluta y teniendo un presupuesto histórico para la educación por el contexto internacional, ahora piden que se concreten cambios y en tiempo récord.
—De hecho, hay un reclamo generalizado, no solo desde la oposición, sino también de parte de integrantes del gobierno, de “acelerar” los cambios en la gestión de la educación, como dijo a Búsqueda la senadora nacionalista Graciela Bianchi. ¿El 2022 será el año de “pisar el acelerador”?
—Hay que reconocer que la pandemia nos afectó a todos, y obviamente muchas de las cosas que pensábamos tener más avanzadas no las tenemos. Pero hay una falsa idea que algunos han tratado de imponer, como que recién ahora estamos arrancando. No es cierto que no hemos hecho nada ni que vamos lento. Venimos encauzando un proceso de transformación educativa, que está en marcha, que comenzó en el 2020 con un plan de desarrollo educativo y lineamientos estratégicos asociados a objetivos y metas de aprendizaje presentados ante el Parlamento por primera vez en la historia. Pese a todo, hicimos cosas y a buen ritmo. Por ejemplo en equidad, la focalización de los aprendizajes, el cambio en las reglas de evaluación o la creación de los centros educativos María Espínola. (Ver recuadro)
—¿Qué cosas pensaba tener ya más avanzadas a esta altura?
—El marco curricular es un ejemplo. Pensábamos tenerlos para diciembre y estuvo para fines de marzo; lo aprobamos el 6 de abril y convocamos a las ATD (Asambleas Técnico Docentes) para empezar el proceso de discusión, y ese proceso participativo también lleva tiempo. La hoja de ruta que aprobamos el 30 de junio de 2021 la venimos cumpliendo, con algún retraso, pero es lo que marca nuestro derrotero.
—¿Cuáles son los ejes de la transformación educativa y a partir de cuándo la población podrá ver los grandes cambios?
—Las tres columnas vertebrales de la transformación educativa pasan por el cambio curricular integral, la generación de una política nacional docente y un cambio en la gestión institucional de la ANEP. Hemos venido haciendo cosas, a veces reconozco que tenemos problemas de comunicación para demostrar lo hecho en educación. Porque muchas veces gana terreno ese criterio de que estamos transitando el tercer año de gobierno y no se ha hecho nada, cuando no es así. Ya estamos teniendo concreciones, vamos a aumentarlas en el 2022, vamos a tener muchísimas más en el 2023, 2024 y 2025. En estos tres años que quedan vamos a cambiar la evaluación, las prácticas pedagógicas, los planes y los programas, y tendremos docentes universitarios antes del 2024. A partir de ahora se van a empezar a ver los resultados. Que quede claro: Robert Silva no llegó solo para administrar la educación, sino para transformarla.
—¿Por qué urge plasmar ahora una reforma curricular integral en el sistema educativo y para qué estas “competencias” aprobadas por el Codicen?
—Días atrás presentamos un documento preliminar y en consulta sobre el tema, para rebatir el relato de que esta reforma curricular se hace tras un escritorio. En su elaboración participaron varios docentes con larguísima trayectoria en el sistema educativo y que llegaron a sus lugares por concurso, además de haber convocado a expertos y a representantes de partidos políticos para debatirlo. En este primer tramo comenzamos por el marco curricular que establece competencias y destrezas que hay que tener para insertarse con éxito en una sociedad del siglo XXI. Son las competencias que debe tener un ciudadano del siglo XXI para concretar su proyecto de vida, para ser lo que quiere ser.
—¿Cuáles son?
—La primera dimensión que nos parece fundamental es la de comunicación y desarrollo de pensamiento creativo, crítico, científico y computacional. Son aquellas que esta sociedad, tan caracterizada por lo socioemocional y la llamada cuarta revolución, producto del avance tecnológico que impregna nuestras vidas comunitarias e individuales, requieren. Y luego hay otras que identificamos: la intrapersonal, la de la iniciativa y la de hacer que las cosas sucedan; las del relacionamiento con los otros y la de la ciudadanía en general, la visión del mundo en un marco globalizado. Son habilidades para actuar en sociedad, integrando tres aspectos fundamentales: conocimientos, habilidades y aptitudes. Por ahí va nuestra aproximación sometida a discusión y análisis.
—La propuesta, compartible o no, resulta demasiado etérea, poco bajada a tierra o hasta “superficial”, según los propios consejeros docentes del Codicen. Un profesor puede decir: “Todo bien con esto, ¿pero qué hago en clase…?”.
—Claro. Es cierto que esto puede sonar como algo difícil de aterrizar como docente, pero estas son las orientaciones generales. Luego vamos a seguir avanzando con el cambio de los planes y programas. Por eso esto es un proceso de construcción colectiva. Y estamos yendo al revés: primero definimos qué vamos por el camino de las competencias, que no se contrapone al de los contenidos, porque no vamos a destruir los contenidos ni a eliminar las disciplinas. Esto es como un paraguas, un marco curricular, y a partir de estas competencias vamos desarrollando las progresiones de aprendizaje en la medida que avanzan los ciclos educativos. Ya luego aterrizará en algo más palpable, que es en los planes y programas de las diferentes disciplinas. Ahí el docente, desde su malla curricular, dirá: “Ah, mirá, desde el saber de mi disciplina o área de conocimiento contribuyo a la generación de la competencia del pensamiento creativo y crítico”. Hoy en este país estamos acostumbrados a que hay que dar lo mismo, en el mismo momento y a la misma hora en Bella Unión que en Carrasco. Y está mal.
—¿Y los docentes están de acuerdo?
—Creo que sí. La enorme mayoría de los docentes están convencidos de que hay que cambiar. Y muchos ya están preparados para el cambio.
—Si los docentes quieren el cambio, ¿por qué cuesta tanto implementarlo?
—Por la generación de mentiras, por el miedo que estas infunden. El miedo es lo que muchas veces ha obstaculizado los procesos de cambio en la educación. Y hay artífices del miedo, que a través del miedo llevan agua para su molino, para que nada cambie y todo siga igual. Lamentablemente la ortodoxia ideológica y otras cuestiones que están por fuera de la educación se anteponen al debate educativo. Lo lamento, pero es así. Muchos que se embanderan con la defensa de la educación pública en realidad perjudican lo que dicen defender, cerrándose al debate, a la posibilidad de cambio, quizás sin ser los verdaderos responsables. Y esto lo digo ahora que soy gobernante: la responsabilidad de tomar la decisiones y de cambiar la tenemos los que estamos en el gobierno, elegidos por el pueblo; tenemos que dialogar y acordar, pero no me puedo excusar en que no tomo decisiones “porque el sindicato me dijo”.
—Los representantes docentes en el Codicen se quejaron del poco tiempo que tuvieron las ATD para analizar el documento. ¿Qué responde a eso?
—Que acá es palo porque bogas y palos porque no bogas. Porque cuando no convocamos a la ATD la crítica era esa, ahora que se suspendieron las clases (el jueves pasado) para que más de 50.000 docentes discutieran un documento de 56 páginas –que no es un ensayo de 500– con lineamientos generales resulta que no suficiente… No es sensato decir que no hay espacios de participación.
Tengo claro que una reforma educativa no se hace “sin” los docentes, pero tampoco se hace “solo con” los docentes. Sería un error garrafal, en el que ha caído el país varias veces, que es el mundo endogámico de la educación. No podemos seguir con esos discursos ortodoxos que no han dado solución a los problemas de la gente: a los 19 años el 42% ya está afuera del sistema educativo. ¿A dónde va? ¿A la droga? ¿A la delincuencia? Es una situación de emergencia, de alarma y tenemos que actuar sin anteponer nuestras legítimas creencias a los tiempos de hoy.
—La maestra Elbia Pereira llamó a un diálogo nacional en materia educativa en el acto del 1° de mayo. ¿Comparte?
—Ya lo estamos haciendo. Antes del discurso del 1º de mayo habíamos convocado a distintos actores a tener un diálogo. Por primera vez el Codicen visitó a las autoridades partidarias y les pidió aportes técnicos. Y por primera vez convocó a una mesa de partidos políticos por la reforma curricular. Lo que pasa es que el diálogo nacional suena muy bien pero no es competencia nuestra. Nosotros no tenemos competencia como para convocar a un diálogo tan rimbombante.
—Fuera de la pandemia, ¿qué cosas no imaginó encontrar al llegar a la presidencia del Codicen?
—La carencia de coordinación y articulación a la interna y en lo externo. Si bien ya sabía y conocía el organismo, eso no deja de sorprenderme. Es increíble el esfuerzo hasta sobrehumano que hay que hacer para mejorar la coordinación y la articulación entre Educación Inicial y Primaria, Secundaria, UTU y Formación Docente. Cuando uno se sienta en este lugar y empieza a tomar decisiones se da cuenta que muchos de estos organismos siguen actuando como entes autónomos que eran antes de 1972.
—¿Por las “chacritas” que defiende cada subsistema?
—Sí, sí. El primer lema es: “¡Ahhh, nosotros lo hacemos así!” Y el segundo: “Nosotros somos distintos”. Pero lo que nadie se da cuenta es que el estudiante es el mismo, que las necesidades de la República son las mismas y que por lo tanto tenemos que articular y coordinar necesariamente con objetivos comunes, incluso con la participación del Plan Ceibal, que ha pasado a ser un actor protagónico del sistema educativo en diálogo y coordinación con la ANEP. Y esa fue la otra gran dificultad que yo me encontré: la descoordinación total entre la ANEP y el Plan Ceibal. Pero no podía ir el Ceibal, como agencia de innovación no estatal al servicio del sistema educativo, por un lado, y la ANEP, como organismo educativo viejo, grande y vetusto, por otro. Hubo un cambio a partir de las personas, que en este caso ha favorecido ampliamente los resultados. La pandemia también demostró el absoluto desaprovechamiento que teníamos de la infraestructura tecnológica del país, y ahora van invertidos 750 millones de dólares en el Ceibal. Y, obviamente, la ANEP también cambió.
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