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Los pasos que en materia de apertura comercial está dando el gobierno uruguayo son, en general, bien vistos por el sector empresarial. Sin embargo, al momento de negociar un eventual tratado de libre comercio con China o adherir al acuerdo Transpacífico, uno de los capítulos que causa reparos y preocupación para varios sectores empresariales tiene que ver con las patentes de invención y la protección de la propiedad intelectual.
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Algunas gremiales están realizando consultas a especialistas para estar preparados y acercar su postura y argumentos a las autoridades, en caso de que se presente una instancia de negociación. La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) ya tiene claro que, si Uruguay adhiere al tratado de cooperación internacional en materia de patentes (PCT) —para ir allanando el camino de cara a un acuerdo con China o el Transpacífico, por ejemplo—, la industria uruguaya estará en “peores condiciones” para competir frente a las empresas del exterior porque se daría un aumento “sustancial” de la protección de invenciones de firmas no residentes. Y ello, advierte, terminaría perjudicando el acceso a los medicamentos al elevar sus precios, con el consecuente impacto en la salud pública. Eso surge de una consultoría contratada al especialista argentino Mariano Genovesi, a la que accedió Búsqueda.
La ALN, que nuclea a la industria farmacéutica de capital nacional o regional, ya había expresado preocupación y realizado advertencias sobre este tema cuando algunas autoridades del gobierno manifestaron en abril —en un evento organizado por la Academia Nacional de Economía— el interés en avanzar hacia la adhesión al PCT.
“No debe perderse de vista que las patentes constituyen una restricción a la libertad de mercado, otorgando un monopolio a favor del inventor, con la consiguiente incidencia que esto tiene en el acceso de otros operadores al mercado y, en consecuencia, en el precio de los productos”, señaló la ALN en una carta al director de Búsqueda.
Mientras, el Poder Ejecutivo está realizando algunos estudios de impacto “antes de tomar una posición definitiva” y evaluando “posibles estrategias de eventual mitigación” en caso de adherir, dijo a Búsqueda una fuente oficial. Apuntó que Uruguay está entre los “muy pocos” países de América Latina que no han firmado el PCT y, además, alegó que hacerlo estaría en línea con la exigencia que en materia de propiedad intelectual encierra asociarse al Transpacífico.
“Perjudicial”
El PCT es un tratado internacional integrado por 156 países que administra la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). A través de ese acuerdo se facilita el patentamiento en varios países a la vez (porque se presenta una única solicitud). Además, permite la búsqueda y el examen internacional de las solicitudes en las oficinas designadas para tal fin.
Según Genovesi, adherir a ese marco resultará “perjudicial para los intereses nacionales, para la industria en su conjunto y para la farmacéutica en particular, con impacto en la salud pública y el acceso a los medicamentos”.
En la práctica, el consultor plantea que el PCT permitiría postergar o extender en 18 meses el plazo de vigencia de las patentes y, con ello, la exclusividad y el monopolio en el mercado de los titulares de los derechos de invención.
Además, indica que como el PCT promueve la unificación de los criterios de patentabilidad internacional ello “influirá sobre los criterios” que aplicaría la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) en Uruguay. Alega que “en los hechos, está comprobado que, ante la existencia de los informes y exámenes de patentabilidad ya realizados por oficinas extranjeras, las oficinas nacionales, más aún aquellas que no cuentan con presupuestos, infraestructura y personal de envergadura, se apoyan en sus resultados y conclusiones, disminuyendo el rigor y nivel de análisis de los requisitos” o criterios definidos localmente según las características nacionales de “desarrollo económico, político y social”.
Los “reales beneficiarios”
Entre las razones para no adherir al PCT, Genovesi expone que los “reales beneficiarios” del PCT son los países desarrollados y las empresas que pueden obtener los “derechos de monopolio mundiales con más facilidad”.
Según las estadísticas —con base en informes publicados por la OMPI—, los cinco países con mayor cantidad de solicitudes PCT en 2021 fueron China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania, que juntos representaron el 78% del total, detalla su informe. Por otro lado, señala que los países latinoamericanos registraron una “sustantiva reducción” de las solicitudes entre 2019 y 2021.
Al analizar economías en desarrollo como India y Turquía —que ingresaron al tratado en los 90 y que en 2021 tienen menos del 1% de las solicitudes de patentamiento en cada caso—, el consultor afirma que el “sistema PCT está sesgado en beneficio de un grupo reducido de países y empresas”. Según un ranking de 20 compañías incluido en el estudio, Huawei Technologies (China) lidera con 6.952 solicitudes en 2021. Le siguen Qualcomm Incorporated (Estados Unidos) con 3.931 pedidos, Samsung Electronics y LG Electronics (Corea del Sur) con 3.041 y 2.885, respectivamente, entre otras compañías como Mitsubishi Electric, Guang Dong Oppo Mobile, Sony, Hewlett-Packard y Microsoft.
Analiza las estadísticas de México, Colombia y Ecuador luego de haber adherido al PCT y señala que se evidencia un incremento “sustancial” de solicitudes de patentes de invención de no residentes. Ese fenómeno, indica, tiene un “claro efecto económico: mayores restricciones para el ejercicio del comercio e industria por parte de las empresas de capital nacional”.
Evaluando el costo-beneficio para las empresas nacionales “parece obvia la conveniencia de no adherir al PCT”, concluye. Y añade: “Si Uruguay fuese miembro del PCT, las empresas extranjeras tendrían mayor facilidad para lograr una mayor protección de patentes en el país, y por más tiempo, con la consecuente reducción de las posibilidades de competir” de las industrias locales del sector que se trate.
A su vez, considerando que los países suelen introducir cláusulas en las negociaciones de acuerdos de comercio que obligan a adherir el PCT, “la aprobación unilateral” de ese tratado por parte de Uruguay implicaría perder de manera “prematura y gratuita” un elemento relevante de negociación, afirma Genovesi.
