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    Lacalle Pou cesó al jerarca que rechazó a Pfizer mientras el gobierno decide entre varias vacunas

    El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ordenó el cese del coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública (MSP) por haberle expresado de forma “unilateral” e “inconsulta” con las autoridades sanitarias a representantes de Pfizer que Uruguay no estaba interesado en adquirir sus vacunas contra el Covid-19. De hecho, el gobierno ha avanzado en las negociaciones con ese laboratorio, aunque no descarta ninguna de las opciones que hay en el catálogo.

    Según dijeron a Búsqueda fuentes del oficialismo, el cesado coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del MSP, Franco Alaggia, envió en noviembre un correo electrónico a Pfizer transmitiendo que el país no pretendía contar con la inmunización que estaba desarrollando ese laboratorio. La situación fue advertida por el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, quien avisó a Lacalle Pou y avaló la remoción. Uno de los informantes señaló que se trató de un acto “desafortunado” y precisó que “una comunicación de este tipo no debe salir del MSP sin haber sido debidamente consultada con las autoridades”.

    Alaggia había ingresado al MSP por sugerencia del ministro Daniel Salinas. Tras su remoción, se resolvió que su puesto sea ocupado por Gabriela Gómez, quien hasta ahora se desempeñaba en el área de comunicación de la cartera de Salud.

    El plan de vacunación definido por el Poder Ejecutivo prevé la compra de 700.000 dosis iniciales para empezar a aplicarlas en el segundo trimestre de 2021. Uruguay suscribió el mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, para efectuar la adquisición de una vacuna en grupo con otros países. Al mismo tiempo, se encuentra negociando de manera independiente.

    La vacuna de Pfizer ya está siendo administrada por Estados Unidos y el Reino Unido y fue aprobada en los últimos días por la Unión Europea, que comenzará la inoculación masiva después de Navidad.

    Israel comenzó a aplicar vacunas de Pfizer. Foto: AFP

    Saturación

    El número de nuevos enfermos de Covid-19 en el país se consolidó en los últimos días por encima del 7% de los test efectuados. Montevideo entró en “zona roja” en la escala de Harvard, ya que superó los 25 contagios por cada 100.000 personas al promediar la última semana. Es el primer departamento en alcanzar ese nivel de riesgo.

    Esta “primera ola” del nuevo coronavirus para Uruguay empieza a amenazar las capacidades en torno al sistema sanitario.

    “Los laboratorios están sobresaturados”, dijo Juan Andrés Abin, director científico del laboratorio ATGen, a Búsqueda. El aumento de la demanda de los servicios de laboratorio —y de las demoras— se explica por el incremento exponencial de casos y la cantidad de usuarios que eligen hacerse los test fuera de las mutualistas.

    Además, en estos laboratorios se realizan pruebas PCR para mutualistas y el sector público, que tiene un convenio con ATGen. Sin embargo, el gerente general de ASSE, Eduardo Henderson, dijo a Búsqueda que hay una “gran carencia” local que los obligará a traer pruebas de Estados Unidos.

    “Desborde”. El lunes 21 empezó a operar el cierre de fronteras —incluso para los uruguayos residentes en el exterior—, una de las medidas más recientes tomadas por el Poder Ejecutivo. También quedó en vigor la ley y su decreto reglamentario que permitirá disolver aglomeraciones por razones de salubridad pública, cuestionado por el Frente Amplio.

    Un insumo técnico y político que el exsubsecretario de Salud, Miguel Fernández Galeano, le presentó en estos días a las autoridades del Frente Amplio no hizo más que profundizar la preocupación por ese tema, dijeron a Búsqueda fuentes de la coalición de izquierda.

    Consultado por Búsqueda, el médico afirmó que su mayor preocupación es la posibilidad de un “desborde” de todo el sistema de salud. Y que empiece a “fracasar” y a “no ser resolutivo” el primer nivel de atención.

    En su informe plantea que “está francamente superada la capacidad de rastreo, identificación, seguimiento y aislamiento de contactos”, a la vez que “la saturación de la capacidad asistencial, la fatiga y el debilitamiento de los equipos” de los CTI “pasan ahora a ser un componente crítico en la respuesta del sistema de salud”.

    Fernández Galeano sugirió restringir la actividad comercial y “bajar las cortinas” de los locales por al menos tres semanas, para tratar de frenar el avance del Covid-19.

    Mientras, en su declaración final del sábado 19, el plenario nacional del Frente Amplio sostuvo que las restricciones anunciadas este mes por el Poder Ejecutivo fueron “una respuesta tardía e insuficiente”. Y aseguró que no comparte “la respuesta unilateral” de reglamentar el artículo 38 de la Constitución para definir qué es una aglomeración porque “hace responsable a las personas del combate de la pandemia y omite obligaciones del Estado”.