Lacalle Pou se muestra “empático” con cámaras empresariales, que impulsan “modernización” laboral como “real incentivo” al empleo

Entre los planteos de la CIU y la CCSU se reiteran algunos sobre la negociación colectiva que están observados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace más de una década e incorpora medidas de “modernización” laboral, por ejemplo, relativas a la polifuncionalidad en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), o la flexibilidad horaria o para tomar las licencias. También propone habilitar temporalmente contratos “de emergencia” en el sector privado para trabajadores que estén en la informalidad o desempleados sin derecho al seguro de paro, por ejemplo, con un nivel salarial 30% por debajo del laudo de la categoría que corresponda y siempre que ello no implique una remuneración menor a la de un salario mínimo nacional.

La propuesta “podría llegar a generar un real incentivo a la contratación (de trabajadores) que ha sido muy tímida con la reactivación de la economía”, señaló a Búsqueda Daniel Sapelli, presidente de la CCSU.

Ambos empresarios se reunieron por separado con Lacalle Pou para acercarle el documento en las últimas semanas, y describir con gráficos y datos la situación que atraviesan sus rubros. El lunes 6 Antía hizo público el encuentro con el primer mandatario a través de Twitter: “Hoy me tocó visitar al presidente. Un verdadero todo terreno, arriba de todos los temas”. En la misma red social la CIU aludió al planteamiento de “múltiples temas que atañen a la industria y avanzar en una agenda que aporte al desarrollo del sector”.

Antía declaró a Búsqueda que encontró en el presidente “buena disposición a estudiar la propuesta”. Y añadió: “Le dí los argumentos y me escuchó de un modo empático. Consideró que está bien que se debata públicamente”. Sobre los incentivos tributarios alegó que Lacalle Pou aludió a que “siempre la frazada es corta”.

Por su parte, Mieres dijo a Búsqueda que la propuesta empresarial será analizada como todas las que recibe la cartera y prefirió no adelantar una posición.

En tanto, desde el PIT-CNT ya hubo expresiones de rechazo. Su secretario general, Marcelo Abdala, criticó el planteo de las cámaras durante un acto de la Confederación de Sindicatos Industriales por entender que persigue “liquidar la negociación colectiva”, publicó el miércoles 8 El Observador.

“Plantean un proyecto que en apariencia va a favor de la competitividad de los sectores industriales y el empleo, pero proponen poder contratar en cualquier rama a un trabajador al 70% del laudo del salario mínimo por categoría que nosotros ya tenemos conquistado. Es la desregulación radical de los derechos y las relaciones laborales”, señaló. En julio, antes de que el Poder Ejecutivo informara las pautas para la novena ronda salarial, esa misma idea había recibido la reprobación de Abdala.

Esta semana, en el acto del gremio de trabajadores industriales, el dirigente aseguró que los trabajadores “siempre” pierden, y dijo que el Poder Ejecutivo y las cámaras “se retroalimentan, juegan en complicidad y en connivencia con las patronales”.

Antía enmarcó la propuesta de contrataciones temporales con remuneraciones por debajo del laudo en la “angustiosa realidad de ver a más de 220.000 uruguayos anotarse en los jornales solidarios dispuestos a trabajar por salarios más bajos que muchos de los mínimos de las ramas que tienen los pisos altos. ¿Qué hacemos?, ¿los dejamos tirados o vemos alguna chance de reinsertarlos y devolverlos a la dignidad del trabajo?”, dijo a Búsqueda.

Reconoció que para el PIT-CNT “no es fácil” apoyar una propuesta de ese tipo, pero dijo que seguirán “insistiendo”, ya que está “convencido” de que es una medida “a favor del empleo que en nada perjudica a los que ya están trabajando”. Apuntó que la central de trabajadores “podrá hacer aportes garantistas que eviten que se incumpla” con lo que se establezca en el nuevo régimen propuesto.

“Aspiramos a la libertad para negociar con el exterior, pero resulta que acá tenemos la libertad muy controlada tanto para contratar como para ser contratados y para que las empresas puedan desempeñarse”, alegó el presidente de la CIU. E indicó que eso “no puede ni debe continuar”. Es que, a su juicio, hay un “agotamiento” del actual régimen de negociación colectiva porque “trata en forma igualitaria a los desiguales”. Dijo que es preciso “equilibrarlo” porque se termina “condenando a las mipymes a su desaparición”.

La propuesta

El documento consensuado entre la CIU y la CCSU, de cuatro páginas, tuvo ajustes en los últimos meses y recibió aportes de “actores relevantes de la comunidad” para nutrirse de ideas y mejorar las propuestas, comentaron Antía y Sapelli.

Fechada en agosto, la “propuesta para proyecto de ley de promoción de inversiones y creación de empleo” de las cámaras se desarrolla en cuatro partes. Una inicial, sobre “negociación salarial”, plantea que sea tripartita “solo si no hay acuerdo para los mínimos por rama” y “bipartita para los demás niveles de negociación de acuerdo a lo dispuesto por el Convenio Internacional de Trabajo Nº 98”.

Además, propone “establecer protocolos de descuelgue ágiles y basados en datos objetivos” que presenten las firmas ante situaciones de riesgo en el empleo y “habilitar” que el mecanismo pueda aprobarse por mayoría simple y no por consenso tripartito como sucede actualmente.

Las cámaras recuerdan que se deben “resolver” los aspectos de la queja realizada ante la OIT en 2009 relativos a la “ultraactividad” de los convenios, la personería jurídica de las organizaciones gremiales, la injerencia del Consejo Superior Tripartito en los convenios por rama y que se legitime para negociar a los trabajadores de una empresa, en ausencia de sindicato.

El segundo capítulo alude a promover medidas de “modernización” laboral, como la posibilidad de que las empresas tengan una “bolsa de horas” para que jornadas de más de ocho horas se puedan “compensar” con días de menor actividad. También plantea la “polifuncionalidad”, en especial en las mipymes, y la “redefinición” de categorías para ese tipo de empresas. Y propone flexibilizar aspectos que algunas firmas ya aplican en cuanto al “corrimiento” de las horas de descanso en la jornada laboral y el “fraccionamiento” de la licencia en períodos más cortos de mutuo acuerdo con sus trabajadores. La CIU ya había planteado varias de estas medidas al gobierno anterior, cuando Ernesto Murro encabezaba el Ministerio de Trabajo.

La tercera parte del documento propone, bajo el título de “incentivos tributarios”, medidas que se enfocan en aliviar la carga tributaria empresarial. Las cámaras piden aumentar los topes de ventas previstos para calcular el ficto del Impuesto a las Rentas Empresariales (IRAE) para las pequeñas y medianas firmas, y reducir las tasas de tributación sobre ventas “para que la imposición efectiva” del impuesto “resulte similar” a la de las empresas de mayor porte. Proponen establecer una “reducción temporal de tasas” para reconocer pérdidas por el lapso de la pandemia que con el actual sistema “no se reconocen”.

Y “aumentar el margen de beneficio tributario” con la Ley de Inversiones para las mipymes y extenderlo a las empresas medianas.

Otras medidas propuestas son “reinstaurar el ajuste por inflación” en el IRAE; la “eliminación gradual” del Impuesto al Patrimonio empresarial, eliminar la tasa consular, reducir los anticipos de pago de IRAE e IVA para las importaciones, entre otras exoneraciones que apunten a “potenciar la formación profesional y la capacitación”.

En el cuarto capítulo, las cámaras plantean que se habilite al sector privado a realizar “contrataciones de emergencia” para los trabajadores que no tengan derecho a seguro de paro, o aquellos con seguro de paro vencido, o sin registro de aporte al Banco de Previsión Social y a aquellos que estén con el subsidio por causal despido. Para esos casos proponen que la remuneración sea 70% del salario correspondiente a la categoría, generando los haberes salariales como aguinaldo, licencia vacacional, excepto la indemnización por despido. Aclaran que el “salario resultante” no puede ser menor al salario mínimo nacional. Además, según el documento, la contratación bajo esta modalidad es “temporal” por un año con posibilidad de extenderlo a dos años y exonerada de aportes patronales. Otra limitante es que en la empresa que se aplique no podrá “reducirse personal en la misma categoría del contratado de emergencia durante el período de contratación, salvo por razones de notoria mala conducta. Si hay reducción de personal, se pasa a aplicar el mínimo del laudo”.