Lacalle aceptó una iniciativa privada para “transformar” la alimentación carcelaria

El proyecto de “racionamiento en crudo asistido”, que fue el que interesó a las autoridades, está destinado a posibles clientes que tienen infraestructura y personal para el proceso de elaboración, como las cárceles, donde quienes cocinan son los reclusos. El sistema ofrecido “incluye el diseño del plan de alimentación y la provisión de todos los alimentos”, además de la “supervisión del montaje, la administración de los depósitos y la asistencia en la elaboración, el control de los alimentos y los procedimientos”, según establece la página web de la empresa argentina.

Consultado por Búsqueda, Petit señaló que se trata de una iniciativa “interesante” e “innovadora” que, además, puede significar una futura salida laboral para quienes están recluidos por cometer delitos, con la creación de un “Polo Gastronómico” dentro de la cárcel, donde también les enseñan repostería y alta cocina. Por esa razón, realizó una recomendación formal al Ministerio del Interior para que la tome en cuenta.

Por su parte, Niffouri destacó que propone un “cambio de paradigma” de la alimentación en las cárceles. Es un sistema “mucho mejor y más organizado”, explicó, compuesto por entre cuatro y seis comidas diarias, “balanceadas y servidas individualmente para cada privado de libertad”, además de incluir opciones para diabéticos y celíacos. Eso, además, asegura que la comida llegue a todos los privados de libertad en las mismas cantidades.

“Si funciona como lo vimos funcionar allá, habrá un cambio muy importante en las cárceles. Todos entendemos que hay que trabajar mucho más para mejorar las condiciones”, aseguró Niffouri.

Diversas fuentes del Sistema Penitenciario Bonaerense manifestaron a Búsqueda que, “en líneas generales, el concepto del servicio es bueno”, porque está “muy organizado” y “es tal vez la empresa que más experiencia tiene en alimentación en cárceles”. La comida, indicaron, se entrega bajo la modalidad de catering, en viandas de plástico, cuyo contenido lo definen nutricionistas, que determinan los ingredientes para utilizar en la cocina y las cantidades. También destacaron que, a través del pliego, se estableció que las empresas que resultan adjudicatarias deben contratar a los privados de libertad para que sean ellos quienes cocinen, y para eso capacitarlos en cuestiones de higiene, bromatología y manipulación de alimentos, en vez de pagarle a empleados nuevos. Eso, junto con cursos de chef que reciben, los preparan para que puedan tener un oficio cuando salgan en libertad.

Un derecho

En los últimos años diversos informes señalaron que existen carencias en la alimentación que reciben los reclusos, como los elaborados por la oficina del comisionado Parlamentario Penitenciario, o como un trabajo realizado por un equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que analizó en 2020 tres unidades carcelarias (en Canelones, Rivera y Maldonado). Este último informe concluyó que la disponibilidad de los alimentos era “escasa” y no lograba “cubrir las necesidades esenciales” de las personas privadas de libertad, en particular por el “bajo aporte” de fibra y de hierro.

“La alimentación brindada consta de una dieta monótona e insuficiente para cubrir las necesidades fisiológicas humanas, lo que determina un inadecuado mantenimiento físico y mental”, planteó.

La calidad de la alimentación difiere en las distintas cárceles. En general, la comida en los centros de reclusión del interior es mejor que las que se encuentran en el Área Metropolitana, a excepción de la Unidad Nº5 Femenina.

En 2022, un informe técnico analizó, específicamente, la gestión de la alimentación en la Unidad Nº4, la cárcel de Santiago Vázquez (ex-Comcar), que alberga la mayor cantidad de personas privadas de libertad. Según datos del Instituto Nacional de Rehabilitación actualizados al 12 de enero, a los que accedió Búsqueda, actualmente hay 15.423 reclusos en todo el país y 4.883 (32%) están en ese centro.

El estudio fue elaborado por profesoras de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, en el marco del convenio que el comisionado parlamentario penitenciario hizo con la institución educativa y el Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Los resultados reflejaron que existía una “inadecuada gestión de la alimentación”, que implicaba “graves problemas” desde la planificación, la organización, la dirección y el control de los procesos de elaboración y distribución. La cantidad y la calidad de los alimentos era insuficiente, existía un “riesgo elevado” con relación a la inocuidad de los alimentos (por cuestiones de higiene, condiciones edilicias e inexistencia de procedimientos adecuados). A su vez, no había licenciados en nutrición con incidencia directa en la toma de decisiones sobre la alimentación, y la comida era transportada a los distintos módulos en 94 ollas, en un montacargas o un carro a tracción humana.

El informe concluyó que el Estado “no garantiza a los privados de libertad el derecho a una alimentación adecuada” y señaló que era “imperioso” crear una unidad dedicada a la planificación y el control de los procesos, liderada por especialistas en nutrición, además de dar recursos económicos para realizar reformas, adquirir equipamientos e instrumentar mecanismos de capacitación en la manipulación de alimentos para los privados de libertad.

Comcar o Canelones

La propuesta de la empresa argentina fue presentada ante Presidencia de la República bajo el marco de la ley de reactivación económica –aprobada durante la crisis de 2002 y continúa vigente– que permite al Estado, a los entes autónomos, los servicios descentralizados y a los gobiernos departamentales recibir iniciativas que puedan ser ejecutadas por los mismos organismos o “concesionadas” de acuerdo con la normativa vigente. Tras haber sido aceptada, la iniciativa para la alimentación en las cárceles entra en la segunda etapa del proceso en la que la empresa deberá realizar estudios de factibilidad, que serán posteriormente controlados por la Administración.

Luego, el Estado tendrá un plazo máximo de 120 días para convocar a “una audiencia pública, llamar una licitación o promover el procedimiento competitivo que se determine” para realizar la selección. En esa instancia, la empresa tendrá como compensación a su propuesta una ventaja de entre 5% y 20% (según se establezca en el pliego) frente a su competidores en la oferta económica. Tampoco deberá abonar los pliegos y, en caso de que su propuesta no resulte ganadora, puede pedir plazo para mejorar la oferta elegida.

Parte de los recursos económicos para financiar el proyecto saldrán de una partida extra presupuestal que fue aprobada en la última Rendición de Cuentas, promulgada en noviembre de 2023. Serán $ 30 millones para invertir en una mejora de la alimentación en cárceles, para lo que se deberá realizar el llamado para una iniciativa de esas características. Según quedó establecido en la Rendición, tendrán prioridad para el plan piloto la cárcel de Canelones y la cárcel de Santiago Vázquez, ex-Comcar.