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“De nuevo Unidad 4, salado”. El breve mensaje circuló entre el equipo de comunicación del Ministerio del Interior. Era la mañana del viernes 24 y había sido asesinado otro recluso en el ex-Comcar (cárcel denominada oficialmente Unidad Nº 4 de Santiago Vázquez). “Poco después de las 3:00, una persona privada de libertad fue llevada a enfermería presentando lesiones de arma blanca. Poco después el herido fallece a causa de las lesiones. Al parecer se involucró en una riña con otros similares”, decía el comunicado enviado por el ministerio a los medios.
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El prisionero estaba alojado en el módulo 4 y se enfrentó en plena madrugada a otros presos. El motivo de la pelea, según la investigación en curso, es la supuesta infidelidad cometida por la víctima con la mujer de uno de los agresores, dijeron fuentes policiales a Búsqueda.
Horas antes, en la noche del jueves 23, otro preso había sido asesinado en el módulo 5 del ex-Comcar. La hipótesis en ese caso es que era informante de Carlos Tarocco, director de la prisión hasta octubre, cuando fue cesado y luego encarcelado por su rol en el caso Gustavo Penadés. También lo mataron con un arma blanca: la requisa policial posterior al homicidio terminó con la incautación de seis cortes de fabricación carcelaria y dos cuchillos Tramontina.
Los asesinatos se dan en el marco de un aumento de la población penitenciaria, que es de aproximadamente 15.500 personas en todo el país. En los últimos 12 meses ingresaron 737 internos nuevos y desde setiembre el crecimiento mensual se aceleró: fueron 18 personas en agosto, 95 en setiembre, 206 en octubre y 126 hasta el viernes 24 de noviembre. La cárcel de Santiago Vázquez es el destino más frecuente de los reclusos, con una población de casi 5.000; en algunos días del último mes, recibe hasta 40 presos nuevos por jornada.
A este contexto particular se suma uno frecuente en esta época en las cárceles. Fin de año es un momento con emociones fuertes para los reclusos por estar sin sus familias y donde suelen aumentar las consultas por depresión y ansiedad. Pero especialmente es un cambio de rutina por el impasse de actividades cotidianas que les permiten a los presos distraerse y salir de la celda, como las educativas. La feria judicial también determina el corte de las reuniones con abogados y de decisiones respecto a traslados y libertades. Tampoco suele haber visitas del comisionado parlamenario penitenciario.
Justamente el comisionado, Juan Miguel Petit, estuvo en la Unidad No 4 tras los dos asesinatos y esta semana mantuvo encuentros con las autoridades del Instituto Nacional de Rehabiltación (INR). También dialogó con el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, para recomendar propuestas específicas a adoptar en esa cárcel y otras generales a todo el sistema.
Petit señaló a Búsqueda que son fechas del año muy complejas y que el incremento de la población penitenciaria en algunos módulos de Santiago Vázquez “es una señal para algunas medidas de contingencia”. Pidió formalmente a Martinelli en una nota que el gobierno acelere la construcción de la nueva cárcel de mujeres y de tres cárceles nuevas dentro del predio del Penal de Libertad para mitigar el crecimiento de reclusos en prisiones como Santiago Vázquez. En octubre, el Poder Ejecutivo aprobó una licitación pública internacional que adjudicó a un consorcio formado por Teyma y Saceem, entre otras empresas, un contrato de participación público-privada (PPP) para la obra, diseño, financiamiento y operación de estas tres unidades dentro de Libertad.
Petit también sugirió que se estudie un cambio en el modelo de alimentación en cárceles para que deje de ser el INR el responsable de comprar los insumos y los reclusos de cocinar. En el país solo la Unidad Nº 1 de Punta de Rieles —que funciona bajo PPP— tiene a una empresa privada encargada de la alimentación. “La calidad de la comida en cárceles como Santiago Vázquez es insostenible”, dijo.
El ministerio tiene a estudio una iniciativa privada presentada por Cook Master, una compañía argentina que brinda alimentación al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Servicio Penitenciario Bonaerense. Entre quienes apoyan esta propuesta se encuentra el senador blanco Amin Niffouri, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria del Parlamento. Niffouri visitó en Buenos Aires el penal de Florencio Varela para conocer el trabajo de Cook Master e impulsó en la Rendición de Cuentas una partida especial de $ 32 millones anuales para que se inicie en Uruguay un plan piloto de alimentación en prisión a cargo de privados.
Respecto a Santiago Vázquez, en la nota al Ministerio del Interior, Petit planteó reforzar los programas socioeducativos, asegurar el régimen de patio para que se cumpla la hora al aire libre que establecen las Reglas Mandela e instalar cámaras de videovigilancia en distintos sectores para reforzar la seguridad.
