Según las fuentes, a partir de estos datos el fiscal de Corte realizará una reunión con todos los fiscales que tengan casos de este tipo para proponerles, en el marco de su independencia técnica y si así lo entienden pertinente, que unifiquen las causas. De acuerdo con las fuentes ello beneficiaría a los propios representantes del Ministerio Público porque la prueba estaría disponible en una única causa y también a los propios imputados, ya que se van a unificar también las penas.
La gran mayoría de los casos sobre derechos humanos están en presumario, lo que significa que continúan siendo investigadas y que aún no hay nadie procesado en ellas, y están radicadas en las sedes de Montevideo.
De hecho, de las 119 causas vinculadas a estos delitos hay apenas ocho que están en etapa de sumario (es decir que ya hubo algún procesado) y solamente 16 radicadas en el interior del país.
Entre las denuncias del interior hay tres radicadas en Carmelo, tres en Fray Bentos, dos en Maldonado y las restantes en Colonia, Florida, Paysandú, San José y Treinta y Tres.
En las sedes de Montevideo, el magistrado que tiene más casos a estudio es por lejos la jueza penal de séptimo turno, Mariana Mota, que investiga 32 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.
Le sigue el juez penal de primer turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, quien tiene 14 expedientes de esta naturaleza. Otros magistrados que concentran varios casos son el juez penal de quinto turno, José María Gómez, que tiene cinco causas; el juez penal de 19 turno, Luis Charles, que tiene cuatro causas y la sede penal de décimo turno, que hasta hace pocas semanas fue ocupada por el juez Rolando Vomero, quien ascendió a un Tribunal de Apelaciones Penal.
Con respecto a las fiscalías sucede algo similar. La Fiscalía que tiene más casos de este tipo a estudio es la de quinto turno, encabezada por la fiscal Ana María Tellechea, que concentra 30 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Por su parte la Fiscalía de segundo turno, encabezada por Mirtha Guianze, tiene bajo investigación 25 casos de este tipo.
Guianze ha sido la fiscal que ha encabezado públicamente la persecución de los delitos cometidos durante la dictadura. Actualmente, la fiscal fue designada como una de las representantes en la Institución Nacional de Derechos Humanos que asesora al Parlamento en esa materia.
Por su parte, la Fiscalía de cuarto turno, encabezada por Ariel Cancela, instruye 12 causas de este tipo y la de tercer turno, a cargo de Diego Pérez, tiene seis casos.
Fuentes vinculadas al Ministerio Público dijeron a Búsqueda que es natural que las fiscalías de bajo número tengan más causas que las demás ya que en el momento en el que se presentaron algunas de las denuncias eran las únicas fiscalías que existían.
“No menos cierto es que algunos denunciantes tratan de elegir fiscal y juez”, comentó un operador judicial cercano a las organizaciones de derechos humanos.
Los 21 presos.
Con respecto a los sumarios, según la recopilación realizada por la Fiscalía de Corte, el juez Fernández Lecchini procesó con prisión al ex canciller Juan Carlos Blanco como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado por la desaparición de la maestra Elena Quinteros. Esa instrucción fue realizada por Fernández Lecchini y por Guianze.
El mismo juez procesó a Ricardo Zabala como cómplice del homicidio muy especialmente agravado del maestro Julio Castro. La instrucción de este caso fue realizada también por el magistrado y la fiscal Guianze.
Fernández Lecchini también procesó con prisión al ex dictador Gregorio Álvarez por el homicidio muy especialmente agravado del militante tupamaro Roberto Luzardo, a quien presuntamente se dejó morir sin prestarle asistencia en una camilla del Hospital Militar en 1973. Esa causa está actualmente en apelación en el Tribunal de Apelaciones Penal de cuarto turno. La instrucción fue realizada por ese magistrado y la fiscal Adriana Costa.
Por su parte, el juez Roberto Timbal también procesó a Blanco como coautor del homicidio muy especialmente agravado de los ex legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw. El juez Timbal instruyó este caso con la fiscal Guianze.
A su vez, la jueza Mota procesó al coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo Nelson Santana y Gustavo Inzaurralde. La instrucción de ese caso fue realizada por esa jueza y la fiscal Guianze.
Por su parte, Vomero procesó con prisión al entonces general en actividad Miguel Dalmao y al coronel retirado José Chialanza por el homicidio muy especialmente agravado de la militante comunista Nibia Sabalsagaray. En este caso también intervino como fiscal Guianze.
Asimismo, el juez penal Ruben Saravia procesó con prisión al ex director del Penal de Libertad, el coronel retirado Walter Gulla, por el homicidio muy especialmente agravado del militante tupamaro Horacio Ramos. El magistrado procesó como autor del delito de encubrimiento a Enrique Ribeiro por el mismo caso. En la causa también intervino como fiscal Guianze.
Por su parte, Charles sentenció a José Gavazzo y José Arab por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado. Por similares delitos Charles también condenó a los militares retirados Jorge Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, y a los policías retirados Ricardo Medina y José Sande.
Charles también sentenció a Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau por reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravado.
El mismo magistrado sentenció a Ernesto Soca por 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado. En las cuatro causas intervino Guianze como fiscal.
A su vez, el juez penal Oscar Pereyra procesó a los coroneles retirados Alberto Gómez y Arturo Aguirre por el homicidio muy especialmente agravado del ciudadano argentino y militante tupamaro Gerardo Alter. Ese caso se encuentra actualmente en el Tribunal de Apelaciones Penal de primer turno. En esta causa intervino como fiscal Diego Pérez
El juez penal Pedro Salazar procesó también a Gavazzo por el homicidio muy especialmente agravado de María Claudia García de Gelman, quien fue trasladada desde Argentina a Uruguay y se le dio muerte luego de dar a luz a su hija, Macarena, quien recuperó su identidad en el año 2000. En este caso intervino como fiscal Ariel Cancela.
Contratapa
2012-06-14T00:00:00
2012-06-14T00:00:00
