Búsqueda accedió a un avance del informe que será presentado en el IV Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, a realizarse del 7 al 9 de agosto en la Facultad de Agronomía estatal.
Algunas de las dificultades que enfrentan las organizaciones de productores familiares se refieren a “la exigencia de presentar ofertas de todos los rubros hortifrutícolas (incluido banana y otras importadas) con precios fijos durante seis meses y períodos de pagos muy largos”, indican los autores.
Sostienen que a las organizaciones de productores familiares les resultó “relativamente difícil” poder concretar su inscripción en los dos registros requeridos para vender al Estado, lo que explica que a la fecha “solo 14 organizaciones obtuvieron las habilitaciones” para operar en ese ámbito.
Ese punto alude a los requerimientos legales para ingresar al Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (Renaoh), que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), y al Registro Único de Proveedores del Estado.
Actualmente, en el Renaoh del MGAP figuran en total 13 agrupaciones: seis están ubicadas en Canelones, dos en Salto y luego hay una de Montevideo, de Florida, de San José, de Paysandú y de Soriano.
El trabajo plantea que el hecho de que las sociedades de Fomento Rural al inicio del período estudiado, entre 2015 y 2018, no estuvieran habilitadas a vender al Estado les significó un “freno importante” para operar.
Advierte que “la fijación de precios en aquellos productos que no son relevados por el Observatorio Granjero ha significado una de los principales limitantes para que varios compradores institucionales asignaran llamados a operadores privados que ofrecen precios inferiores”.
Considerando las dificultades para operar en ese esquema, hasta el momento las ventas de esas agrupaciones de productores al Estado fueron “mucho más relevantes mediante otros mecanismos”, como pueden ser los convenios con el Ministerio del Interior y las compras directas del Instituto Nacional de la Alimentación (INDA), “que las realizadas en el marco de la ley de compras públicas”, indican.
Algunas cooperativas de productores de pollos, de cerdos y de frutas y hortalizas lograron concretar ventas de productos a la cartera de Interior, específicamente para abastecer a centros penitenciarios, entre otros destinatarios.
Los técnicos reconocen en el informe que “más allá de los inconvenientes identificados, los actores visualizan que las compras institucionales pueden significar un camino sustentable de apoyo a la agricultura familiar, aunque también se reconoce la necesidad de acompañar estas políticas con otros instrumentos” focalizados a ese renglón de productores.
El objetivo del trabajo fue realizar una evaluación de los resultados logrados en la puesta en práctica de la herramienta de política de desarrollo rural aplicada en la agricultura familiar uruguaya, argumentan.
Y señalan que “algunos de los inconvenientes se identificaron en cierto desconocimiento en ámbitos públicos sobre los requerimientos a las figuras jurídicas cooperativas agrarias y sociedades de fomento rural”.
Proceso de construcción
A partir de 2005, cuando asumió el primer gobierno frenteamplista en Uruguay, se definieron políticas públicas de promoción y fortalecimiento de la producción familiar, en el marco de una estrategia de desarrollo rural, siendo una de ellas la Ley Nº 19.292 caratulada Declaración de Interés General: Producción Familiar Agropecuaria y Pesca Artesanal y su decreto reglamentario 086/015.
En ese marco, se reservan un porcentaje de las compras de alimentos que realizan los mercados institucionales para organizaciones de la producción familiar y la pesca artesanal.
El diseño de estas políticas tomó como referencia el conocimiento acumulado en la región y la opinión de diferentes actores estatales, organizaciones de productores, académicos, entre otros, repasan los autores del trabajo.
Consideran que el proceso de construcción de la política requirió de innovaciones en el ámbito de la legislación, de los procesos administrativos, la organización social y el ajuste en los programas de promoción y apoyo al desarrollo de la producción familiar.
El trámite parlamentario de aprobación de la Ley Nº 19.292 terminó en diciembre de 2014 y esa norma fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en febrero de 2015.
Esa normativa establece una reserva de mercado para los productores familiares, que es del 30% (como mínimo) para las compras de bienes alimenticios de carácter centralizados y del 100% del mercado para el caso de las compras descentralizadas de alimentos.
Prevé además “condiciones de salvaguarda en las cuales el Estado no se verá obligado a comprar”, como pueden ser eventuales “incumplimientos previos”, “deficiencias en calidad” y “precios más elevados al promedio del producto en mercado durante los últimos tres años”.
Esa norma legal estableció como sujetos beneficiarios a agrupaciones que estén conformadas por al menos cinco integrantes, de los cuales como mínimo el 70% deben ser productores familiares o pescadores artesanales, siendo estos los que aportan al menos el 50% de la oferta del colectivo.
La norma legal creó un registro de asociaciones que cumplan con las condiciones mencionadas, que es el Renaoh.
Encargó además al Mides y al MGAP a través de su Dirección General de Desarrollo Rural a implementar las acciones correspondientes para la efectivización y puesta en práctica de la normativa.
Para el trabajo, los autores realizaron entrevistas a las 14 organizaciones de productores habilitadas en el Renaoh y analizaron los llamados de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales.
Entre los aspectos planteados por las asociaciones de agricultores familiares se encuentran las “dificultades para poder formalizarse y quedar habilitados” en ese registro, las “dificultades para identificar y poder presentarse a los llamados”, “las características de los llamados y su adaptabilidad a la oferta de las organizaciones”, y “su visión a futuro”, según el trabajo.
Destacan la “falta de conocimiento” en las oficinas públicas sobre las exigencias a los formatos de Cooperativa Agraria y Sociedad de Fomento Rural, la “dificultad y tiempo requerido para poder estar habilitado” en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) y en el Renaoh y las muy distintas exigencias para la aplicación de la ley en los diferentes compradores estatales.
