El negocio de las financieras del consumo —cuestionado ahora por una campaña que busca plebiscitar una reestructuración de deudas personales y fijar un tope menor para la tasa de usura— creció en volumen durante el ejercicio que acaba de cerrar para el sector en comparación con el anterior. Sin embargo, en conjunto, las administradoras de crédito de mayor porte redujeron sus ganancias.
Fue “un año desafiante debido al menor dinamismo de la economía”, asociado a la sequía y a la diferencia cambiaria con Argentina, que “han tenido impactos en el negocio, principalmente en el consumo y la demanda de créditos”, dijeron desde OCA ante la consulta de Búsqueda.
Otra fuente del sector coincidió con esa definición: el ejercicio fue “complicado, similar al 2022”, si bien en los últimos meses hubo un “repunte en la recuperación de la cobranza y las tasas acompañaron para obtener un margen para que el negocio sea viable”. El sector “ganó menos”, “muchas empresas dieron pérdidas y muy pocas ganaron apenas más que el año pasado, que no había sido un buen año”, añadió.
El ejercicio contable de las financieras cierra a fin de setiembre y sus números acaban de ser publicados por el Banco Central (BCU). Dentro de las administradoras de crédito supervisadas por ese organismo, 16 entran dentro de la categoría de más grandes (con activos y contingencias superiores a 150.000 unidades reajustables). A esa fecha, el stock de préstamos concedidos rondaba los $ 45.000 millones, equivalentes a US$ 1.179 millones. Respecto a un año atrás, esa cartera aumentó 6,9% con el efecto de la inflación descontado, es decir, en términos reales. No obstante, el stock de préstamos de varias financieras se redujo.
En promedio, la proporción de créditos vencidos respecto de los créditos totales otorgados al sector privado no financiero, que era de 19,4% en setiembre de 2022, subió a 20,5% al cierre del último ejercicio. Los niveles mínimos y máximos de morosidad se dieron en República Microfinanzas (3,2%) y en Microfin (64,2%).
En los 12 meses que abarca el ejercicio contable de estas empresas, las grandes financieras ganaron $ 2.725 millones —equivalentes a US$ 70 millones—, una caída real de 15%. Eso significó una rentabilidad promedio de 10,9%, calculada sobre el capital (ROE), y de 4,4% respecto del activo (ROA); ambos ratios desmejoraron frente al año anterior (14% y 6% en cada caso).
La mayoría de las empresas dieron ganancias, aunque solo tres las aumentaron. Al igual que en el ejercicio anterior, OCA, propiedad del Banco Itaú, fue la administradora de crédito con más utilidades (equivalentes a US$ 34,7 millones), por delante de Creditel (US$ 15,3 millones) y de Verde —antes Fucac— (US$ 14,9 millones). Le siguieron la Asociación Nacional de Afiliados (Anda) y Crédito de la Casa, ambas con ganancias superiores a US$ 8 millones.
Cinco financieras dieron pérdidas.
Aunque en OCA hablaron de “un año desafiante”, destacaron que los números de la actividad en el ejercicio recién cerrado fueron “más que positivos”, con más de 550.000 clientes activos, y se duplicó el negocio adquirente. “Cerramos un año procesando más de 120 millones de transacciones en el total del negocio, a su vez, OCA Blue superó los 300.000 clientes”, señaló la institución. Sobre la morosidad, explicó que si bien creció en el sistema, en la cartera propia se mantuvo por debajo de la media del mercado y dentro del “apetito de riesgo, asegurando la sustentabilidad del negocio”.
Para el 2024 OCA prevé un crecimiento del negocio y de los resultados, favorecidos por “un mayor crecimiento de la economía, que derivaría en un mayor dinamismo en la demanda de crédito y de consumo. La variable exógena relativa a la diferencia cambiaria con Argentina es más difícil de prever, pero estimamos que todavía tenga impactos” adversos el próximo año.
En cuanto a la morosidad, estima niveles similares a los de este año.
Una fuente de las financieras proyectó que si no disminuyen los topes para las tasas de interés en 2024 y se mantiene la morosidad, el 2024 “sería un año en recuperación”, aunque “lenta”. En ese marco, “será más cautelosa la colocación y algunos jugadores van a cerrar o fusionarse, como ya está pasando”.
Búsqueda intentó recoger la opinión sobre la situación del mercado de empresas como Creditel y Créditos de la Casa, pero no quisieron realizar comentarios.
Plebiscito
Cabildo Abierto lidera una campaña de recolección de firmas por una “deuda justa”. Se propone someter a plebiscito una reforma constitucional que habilite la reestructuración de deudas a las personas físicas, con el argumento de que un segmento amplio de la población está agobiado por su endeudamiento. La papeleta también promueve fijar como tope de la tasa de interés un 30% en unidades indexadas a la inflación, aplicable no solo a los préstamos sino también a multas y recargos por tarifas públicas y otros servicios públicos o privados.
Los cabildantes aseguran que ya recogieron unas 70.000 adhesiones, de las cerca de 270.000 que precisan para habilitar el plebiscito junto con las próximas elecciones nacionales.
En el sector bancario y de las financieras se oponen a esta iniciativa.
Desde OCA señalaron que si bien las intenciones pueden ser buenas, algunos aspectos del proyecto “traerán impactos negativos, pudiendo ocasionar un impacto relevante en la oferta de créditos a las personas físicas y sobre todo a los más vulnerables, lo que redunde en que muchas personas no puedan acceder a crédito ofrecido por las entidades financieras reguladas y motive a que estas terminen tomando créditos en jugadores no regulados con condiciones muy desfavorables, agravando aún más la problemática”. Argumentos similares han sido señalados desde la Asociación de Bancos.
Ante una eventual aprobación del plebiscito, desde otra financiera indicaron que el negocio cambiaría. “Al bajar las tasas algunas empresas dejarían de operar. Además, el acceso al crédito se vería limitado por el perfil de los clientes, aumentarían los créditos informales y ya no sería un negocio con tasas (de retorno) deseables. En ese escenario es preferible colocar en Letras, sentarse en un sillón y esperar que invertir con el riesgo que lleva este negocio”.
Remarcó que el problema no es financiero, sino “económico, y no se resuelve si se perdonan las deudas; las personas deberían tener educación financiera para saber cuánto gastar según lo que ganan, manejar el consumismo y cumplir con sus obligaciones”, opinó esa fuente.
El miércoles 25, el presidente del BCU, Diego Labat, reiteró la postura contraria a la iniciativa por una “deuda justa”.
Relativizó el problema del sobreendeudamiento como algo generalizado. De las 660.000 personas que son deudoras categorizadas como “incobrables”, el 37% tienen una buena calificación en alguna institución. Y agregó que cerca de 290.000 personas en la categoría 5 también mantienen incumplimientos por servicios públicos, pero no deudas financieras.
“Hay cosas para corregir, (...) pero las propuestas tienen que estar bien fundadas y buscar soluciones que ya sepamos que en otros lugares funcionaron”, aseguró al disertar en un evento de la Universidad Católica.