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Hay mujeres en un estado tal de vulnerabilidad en materia de salud sexual que no pueden negociar con sus parejas el uso de un preservativo. Esa realidad, más la inequidad crónica en América Latina, la región más desigual del mundo, agravada por la llegada de la pandemia, conforman la tormenta perfecta para un “notorio incremento” de la sífilis en la población atendida por el subsector público de la salud. Eso es lo que sostiene Leonel Briozzo, profesor titular de la Clínica Ginecotocológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (Udelar).
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Briozzo se basa en una auditoría realizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) que arroja que en 2020 prácticamente se duplicó la incidencia de la sífilis gestacional (detectada en la mujer embarazada) y la sífilis congénita (la que transmite al bebé recién nacido) en el Sistema Nacional de Salud (SNIS) respecto al promedio del quinquenio 2015-2019. Concretamente, se pasó de 0,78% de las mujeres atendidas a 1,3%, y de 1,62 cada 1.000 niños nacidos vivos a 3,3. Ese incremento se basa en lo detectado en la órbita de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), los aumentos fueron de 1,54% a 2,7%, y de 3,46 bebés cada mil a 7,1.
Si bien este médico refirió a una “curva ascendente” desde 2017, el “ascenso muy marcado”, sobre todo en la población de Montevideo y área metropolitana, coincide “con la pandemia y con un nuevo gobierno”. Más que al nuevo gobierno, en diálogo con Búsqueda Briozzo apuntó a las “medidas de mitigación” que este tomó en 2020 durante una etapa que definió como “para-pandemia” y que terminó generando una crisis psicológica, además de la socioeconómica.
“Creemos que eso (el incremento de los casos de sífilis) tiene íntima asociación con la crisis económica, social y psicológica que se produjo por las medidas de mitigación que el gobierno dispuso para detener la pandemia” de Covid-19. Una vez que se dispuso la alerta sanitaria con los primeros casos, el 13 de marzo de 2020, el gobierno inició una serie de acciones tendientes a reducir la movilidad. “Hoy sabemos que es mentira que esas medidas de mitigación afectaban a todos por igual; en realidad afectaban más a las personas con mayores vulneraciones de sus derechos porque generaban más dificultades de acceso al sistema de salud”, agregó.
El médico recordó que el 85% de quienes se atienden en el subsector público pertenecen a los quintiles 1 y 2 de ingresos, “que son quienes más sufrieron el embate de la crisis económica y socio-psicológica de la para-pandemia”. Esa precisión se basa en que “en 2020 prácticamente no hubo casos”. Esto último, a su criterio, configuró una posibilidad “bastante única en el mundo” de poder evaluar durante casi un año “el impacto de una crisis económica en el proceso reproductivo sin que hubiera infecciones activas”, las que recién empezaron con la primera ola de coronavirus iniciada a fines de ese año y que alcanzó su pico entre abril y junio de 2021.
Esto permite inferir, agregó, que evaluaciones y auditorías sobre la sífilis de 2021 y 2022 tendrán números todavía más preocupantes. “Esto ya lo podemos percibir por lo que vemos en el Hospital Pereira Rossell, que es la punta del iceberg de todo el subsector público”, señaló. De hecho, en noviembre de 2022, el excatedrático de Neonatología Daniel Borbonet y Briozzo elevaron una nota al MSP alertando sobre la “emergencia sanitaria” generada por el aumento de la sífilis congénita detectado en el Pereira Rossell.
Estigma y hándicap
Briozzo, quien fuera subsecretario de Salud Pública durante el gobierno de José Mujica, señaló que es “indiscutible” la relación directa entre la sífilis y “la pobreza y la vulneración de derechos”. En el caso de la gestacional y la obstétrica, esta está “exclusivamente” enraizada en estos entornos.
“Cuando hay más crisis, en esos sectores aumentan las barreras para consultas médicas y las condiciones para que se expanda la sífilis”, señaló Briozzo. Estas son: la violencia basada en género, falta de acceso a preservativos, y “falta de educación empoderante para que las mujeres puedan negociar sus relaciones sexuales protegidas”, enumeró. “Es extremadamente rara la sífilis congénita en el sector de derechos no vulnerados”.
Según datos del MSP, en 2020 hubo 482 casos de sífilis estacional. De estas, 404 (83,8%) fueron en el sector público, que atiende a 1,5 millones de usuarios; las otras 78 (16,2%) ocurrieron en el sector privado, que según el Ministerio tiene una población de 2,2 millones. La sífilis congénita afectó a 120 bebés, de los cuales apenas 13 (11%) nacieron en centros de salud privados.
Lo más triste para Briozzo es que es una infección evitable y fácilmente curable. Pese a eso, en 2020 se registraron siete muertes fetales y dos neonatales; esos nueve casos fatales ocurrieron todos en el sector público. La sífilis congénita puede aparejar alteraciones graves en el bebé como afectaciones neurológicas, óseas, malformaciones o problemas del desarrollo. “Es terrible pensar que hay una infección que es absolutamente evitable, que también es curable con la aplicación del antibiótico más viejo de todos (la penicilina), y que provoca un hándicap y un estigma desde el nacimiento para toda la vida. Los números registrados son importantes. Y como la primera detección suele darse con el embarazo, hay una sucesión de fallas en todo el sistema de salud del cual todos nos tenemos que hacer responsables”.
El rol del varón
Además de la presencia en mujeres de sectores vulnerados (en el sector privado el aumento fue considerado “marginal”), la sífilis gestacional está relacionada con una captación tardía del embarazo por el SNIS, menos de cinco controles del período y dificultades para un seguimiento. Quienes no son captados por el sistema son las parejas de estas mujeres que, recordó el médico, son víctimas y no victimarios de esta situación. “También hay que hacer hincapié en la salud integral del varón: buscarlo, hablarle, convencerlo y tratarlo. En las enfermedades de transmisión sexual los varones suelen tener menos síntomas, por lo que pueden infectar o reinfectar a sus parejas. Quizá haya que discutir la obligatoriedad del tratamiento en los varones”, expresó.
Esa no es la única medida pensada por Briozzo. También está el fortalecimiento y formación de los equipos de atención (“no se está trabajando lo suficiente en captación, seguimiento y control de los casos”) y poner el acento en las normativas del sistema (“las normativas están para cumplirlas, cuando esto no ocurre hay que sancionar”). A su vez, pide más campañas de información con involucramientos al más alto nivel: “El Estado debería hacer campañas públicas. Tiene herramientas, la ley de medios se la ha dado. Además hay autoridades electas democráticamente, sería bueno que el presidente de la República hable del tema de la sífilis congénita y que llame a que las mujeres se controlen. Eso generaría más impacto que cualquier cosa”.
Briozzo actualmente mantiene un litigio con ASSE tras su cese en junio como encargado del Departamento Médico Obstétrico del Hospital de la Mujer del Hospital Pereira Rossell. Desde la administración se habló de “irregularidades en la gestión” y Briozzo impugnó la decisión en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Empero, sostuvo que esto corre por carriles distintos. “La preocupación que tengo por esto tema tiene que ver con lo que veo diariamente, una preocupación por alertar que empezó siendo jefe del Departamento. Además, ¡a nadie se le puede ocurrir que esto sea un problema partidario!”, concluyó.